Pactan nuevo paquete de acciones con las que reforman el esquema de colaboración para, ahora sí, frenar la violencia relacionada con el narcotráfico, aunque ahora también se comprometen a combatir la migración ilegal y al consumo de drogas
Itzel Ramírez / La Verdad
Catorce años y más de tres mil millones de dólares después, México y Estados Unidos dieron por terminado el programa Iniciativa Mérida para asumir un nuevo esquema de colaboración para atender la inseguridad y el tráfico de drogas en ambos países.
Tras la sesión de Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre funcionarios de ambos países, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció junto a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, el fin de Iniciativa Mérida y el comienzo del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Publica, y Comunidades Seguras, que pretende abordar desde nuevas perspectivas la problemática de seguridad, drogadicción y tráfico ilegal de personas y armas transfronterizos.
“La Iniciativa Mérida estaba desde el punto de vista de México concentrado en la tesis de que había que capturar a los capos de los carteles y con eso era suficiente, eso era en esencia. Era decirle a Estados Unidos ‘por favor mándame unos helicópteros, mándame equipo, dame tu asistencia para que yo pueda capturar a los capos y con eso resuelvo el problema’”, zanjó Ebrard acerca del acuerdo terminado oficialmente.
Ahora, dijo, el Entendimiento Bicentenario (nombrado así por la conmemoración de 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos), supone una alianza que buscará desde un enfoque integral la colaboración binacional.
“Es un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, una que nos verá trabajando como socios iguales… con prioridades compartidas”, señaló a su vez el secretario Blinken.
El cambio supone la aceptación implícita del fracaso de la Iniciativa Mérida, que ya había sido criticada por su ineficacia en el informe de diciembre pasado de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Nuevamente un paquete de acciones concretas busca reformar el esquema de colaboración para, ahora sí, frenar la violencia relacionada con el narcotráfico, aunque también se extiende a la migración ilegal y al consumo de drogas y otras actividades ilícitas.
“El éxito de esto no se va a medir porque se capture un capo y se haga una gran conferencia de prensa, el éxito de esto se va a medir porque haya menos homicidios en México y menos consumo de droga, esa es la diferencia, y hay reciprocidad y corresponsabilidad, o sea es más equilibrado, más igualitaria la relación”, dijo Ebrard.
Las detenciones, acompañadas de conferencias de prensa, fueron el método preferido por el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos y acusado de narcotráfico.
En el nuevo esquema de colaboración, los dos países se comprometieron a firmar cuatro acuerdos. El primero, un Memorándum de Entendimiento “para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados con el propósito de desarrollar planes para prevenir el consumo de drogas” que incluye la creación de una Red para la Prevención del Homicidio.
“Para prevenir los delitos transfronterizos, México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tienen la intención de firmar un Memorándum de Entendimiento para lanzar el Programa de Control de Contenedores Portuarios de la UNODC y con esto fortalecer el control y la gestión de los envíos entrantes de precursores químicos”, precisa la Declaración Conjunta dada a conocer ayer, tras la sesión de trabajo de los funcionarios de ambos países.
Uno de los ejes más importantes para México, según habían anunciado en semanas previas tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller Ebrard, era el acuerdo que alcanzarían sobre el tráfico de armas, en particular tras las críticas que generó el operativo ‘Rápido y Furioso’.
Como parte de la Iniciativa Mérida, ‘Rápido y Furioso’ permitió -con conocimiento de los gobiernos mexicano y estadounidense- la entrada ilegal de más de dos mil armas a México para el rastreo y localización de delincuentes. En 2010, el operativo fue cancelado luego de que las armas fueran identificadas en un tiroteo donde fue asesinado un agente de seguridad de Estados Unidos.
“Ambos países afirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos, con respeto a nuestras soberanías, para combatir el tráfico de armas, coordinando bilateralmente las actividades de detección e incautación de armas, considerando nuevas estrategias y fortaleciendo nuestros esfuerzos colectivos. Asimismo, reafirmamos la necesidad de dar continuidad a los esfuerzos actuales que se han implementado para disminuir el tráfico de armas de fuego que son vendidas en Estados Unidos y llegan a México, así como las acciones implementadas para identificar, apuntar e investigar los métodos de financiamiento, transporte y comunicaciones empleados por las redes de contrabando con el fin de interrumpir y desmantelar sus operaciones”, precisó sobre el tema la declaración.
Reducir la violencia en México, implica necesariamente tratar como prioridad la reducción del número de armas, dijo Ebrard.
Una de las novedades de la nueva cooperación es el compromiso para fortalecer los trabajos en técnica forense “para ayudar a resolver los miles de casos de desapariciones en México”, a través del reforzamiento de las capacidades técnicas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Especial atención requirió la importación de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.
“Tenemos que cuidar que no prolifere el consumo de drogas más baratas que hoy están creciendo mucho en Estados Unidos y aquí, en los dos países”, apuntó Ebrard.
De acuerdo con el anuncio, también se pondrá énfasis en debilitar las redes financieras de los cárteles. Además, se creará un grupo binacional de ciberseguridad, afirmaron los gobiernos.
“Hoy en día lo que hay es una estrategia común que es más compleja que eso, ya vimos que no va a ser suficiente si solo capturamos a unos capos, tenemos que preocuparnos porque no aumenten las adicciones, los jóvenes deberían tener oportunidades de trabajo porque si no es fácil que los reclute la delincuencia”, abundó Ebrard.
De acuerdo con lo anunciado, el entendimiento tendrá plazos para verificar lo logrado por las acciones emprendidas. Así, dijo Ebrard, el 1 de diciembre de este año se presentará un plan anual.
En un desayuno previo a la reunión de trabajo estuvo el presidente López Obrador, quien frente a la comitiva estadounidense dijo que la frase “Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” ha cambiado en la actualidad a “Bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”.
En los trabajos participaron de lado mexicano, además de Ebrard, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; así como el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y el titular de la Unidad para América del Norte de la SER, Roberto Velasco Álvarez.
Mientras que de lado estadounidense, estuvieron el fiscal general, Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general adjunto y consejero de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Bruce Swartz; el secretario adjunto de la Tesorería, Wally Adeyemo; el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols; el consejero especial del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, Juan Sebastián González; la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional, Serena Hoy y el tomador de notas de la Embajada de Estados Unidos en México, Brian Naranjo.
Del fracaso al rediseño
La Iniciativa Mérida logró sus objetivos de proteger a Estados Unidos del tráfico de drogas ni a México de la violencia de las bandas criminales, concluyó el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, publicado el 1 de diciembre de 2020.
El informe señaló que es necesario un rediseño de la Iniciativa Mérida para permitir avances significativos con objetivos compartidos y evaluaciones claras que muestren el verdadero avance de la herramienta de cooperación más importante entre los dos países.
Comenzada en 2007, la Iniciativa Mérida significó la entrega de un aproximado de tres mil millones de pesos para la compra de equipo, entrenamiento, desarrollo de estrategias, seguridad fronteriza y reforma judicial, de acuerdo con el informe.
Sin embargo, los resultados no fluyeron de la misma manera que el dinero; mientras en 2006 había cuatro grandes grupos criminales que controlaban el trasiego de droga, ahora hay entre seis y nueve organizaciones con 28 bandas locales.
“Algunas estimaciones fijan todavía más alto el número de células criminales independientes o semi independientes: un grupo de investigación identificó 463 de esas bandas operando en México entre 2009 y 2019”, afirmó el texto.
Los recursos etiquetados cada año por el Congreso estadounidense a México (que llegan a un aproximado de tres mil millones de dólares) tampoco lograron minar la capacidad operativa de los cárteles.
Por ejemplo, señala el texto, la diversificación de actividades criminales dentro de los grupos de narcotraficantes, como la batalla que libran en Guanajuato el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima por el control del huachicoleo; o la proliferación de los laboratorios clandestinos que han hecho del fentanilo una oportunidad para grupos criminales más pequeños.
Otra de las fallas de la Iniciativa Mérida, enfatizó el documento, fue sido el flujo constante y cada vez mayor de armas de alto calibre desde Estados Unidos a México. Entre 2001 y 2016, el 70 por ciento de las 106 mil armas recuperadas y rastreadas por el gobierno mexicano fueron compradas territorio estadounidense.
Además de la poca incidencia en el combate a la violencia, la Iniciativa Mérida tampoco logró ser evaluada de forma eficaz, manifiesta el informe. Hasta la fecha de la publicación se desconocía cuál es el impacto de los entrenamientos y la asistencia técnica brindados por Estados Unidos.
Justo a unos días de que México endureciera su legislación para limitar el trabajo de los agentes extranjeros en su territorio, el reporte de la comisión apuntaba que la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa en México, había socavado la relación entre ambos países.
“Aunque el Departamento de Justicia retiró los cargos en noviembre diciendo que entregaría la evidencia a las autoridades mexicanas, el incidente podría amenazar las colaboraciones futuras. El ministro de Relaciones Exteriores mexicano protestó ante la falta de información de Estados Unidos a México sobre la investigación”, detalló el documento.
El informe llamó la atención sobre el “notable” nivel de colaboración entre ambos gobiernos, tomando en cuenta la sensibilidad de México a la interferencia del exterior.
Luego de que entrara en vigor la reforma a la Ley de Seguridad en México, los agentes extranjeros deberán acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que debe consultar al Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para autorizar las estancias y el trabajo de agencias como la DEA.
La reforma, originada por iniciativa presidencial, también especifica que los funcionarios mexicanos deben consultar al Consejo Nacional de Seguridad antes de hablar con cualquier agente extranjero y que funcionarios de la SRE deberán presenciar las reuniones.
A la par de las fallas detectadas, una de las consecuencias más cuestionables de las operaciones de seguridad en México tiene que ver con la violencia que se desata con cada detención o desmantelamiento de líderes de cárteles y de sus redes de poder, establece el reporte.
“Un estudio de los homicidios en México a nivel municipal de 2001 a 2010 encontró que la captura de un traficante líder incrementa los asesinatos locales -y de los territorios de influencia del grupo criminal- en un 80 por ciento y que los efectos perduran por lo menos por un año”, aseguró el informe.
Además de que el sometimiento al sistema de justicia estadounidense no tiene por sí mismo la capacidad de desmantelar a los cárteles que pueden penetrar y corromper todos los niveles del Estado mexicano.
No fueron pocos los casos en los que funcionarios de alto nivel e incluso participantes de los programas de la DEA han recibido cientos de miles de dólares como sobornos de los cárteles mexicanos, lo que compromete los programas de inteligencia y evidencia las dificultades de avanzar en el combate a la corrupción, apunta el documento, dirigido tanto al Congreso como al Ejecutivo estadounidense.
Dinero de la Iniciativa Mérida
De acuerdo con el informe, la mayoría de los recursos iniciales de la Iniciativa Mérida (1.5 mil millones de dólares) fueron dirigidos a las fuerzas de seguridad, incluidos 421 millones para la compra de equipo, entre los que se incluye aviones y helicópteros.
De 2014 a 2018, más del 80 por ciento de los fondos se etiquetaron para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y los esfuerzos antinarcóticos, incluidos 400 proyectos de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, diseñados para brindar asistencia técnica o entrenamiento a oficiales mexicanos en temas de sistema judicial, seguridad fronteriza y militar, así como equipo para laboratorios forenses de narcóticos, detección de drogas y vigilancia fronteriza.
Otros 126 millones de dólares se entregaron a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para trabajar con el sector privado y grupos de la sociedad civil.
La Comisión destaca que el presidente Donald Trump reorientó la asistencia económica estadounidenses para priorizar el combate al crimen y reforzar la seguridad de la frontera.
El presupuesto para 2021, informó el documento, buscó 63.8 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, lo que representó un 60 por ciento menos de los 94.2 millones que recibió México en el año fiscal anterior.
Una iniciativa transexenal
Presente desde la administración de Felipe Calderón, Iniciativa Mérida contó con las extradiciones de capos criminales como uno de los avances considerables, según el informe.
Mientras en el periodo 1994-2000 (con Ernesto Zedillo como presidente) México extraditó solo a 68 sospechosos, para el sexenio de Calderón el número creció a 587 y llegó a 394 con Enrique Peña Nieto, que mantuvo la política de facilitar el traslado de reos a jurisdicción de Estados Unidos.
En la revisión de cada sexenio, la Comisión reportó que los avances de Calderón aunque ambiciosos, resultaron “pobres” en su implementación, como el fortalecimiento y certificación de la policía federal.
En el periodo de Peña Nieto, aseguró, las políticas permanecieron prácticamente de la misma manera, al tiempo que las reformas insignias en materia de seguridad nunca rindieron frutos, como el fallido proyecto de la Gendarmería.
“El gobierno de EPN, como su predecesor, recayó fuertemente en el Ejército, al desplegar tropas en 27 de las 32 entidades de México y pasar en 2017 una Ley de Seguridad Interna que dio a los militares una mayor autoridad para controlar las protestas civiles, reunir inteligencia e investigar crímenes”, refierió el documento.
La reforma del expresidente Peña fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia.
En el caso de López Obrador, la política de seguridad resultó mucho más apegada a los Estados Unidos de lo que sugería su “retórica”, apunta el informe.
“Aunque criticó la Iniciativa Mérida durante su campaña (López Obrador) ha continuado con el trabajo en conjunto de los programas de entrenamiento y de cumplimiento de la ley”, señaló.
El mandatario creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado en su mayoría por militares, lo que ha tenido como consecuencia la ruptura de vínculos con agencias de inteligencia y de seguridad estadounidenses debido al reemplazo de la Policía Federal y a que para la nueva formación no se ha requerido del apoyo del país vecino, según el informe.
¿Qué sigue?
A la luz del cambio de gobierno en Estados Unidos y con la política bilateral en uno de sus momentos más complicados después de la detención de Cienfuegos, el reporte adelantó que la Iniciativa Mérida atravesaba por un momento complicado.
De inicio, es necesario revisar el dinero que se invierte en seguridad en México. A pesar de los índices de violencia, critica el informe, los gobiernos mexicanos gastan en seguridad apenas menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos gastan el 3 por ciento, según las cifras del informe.
Mientras que las acreditaciones y certificaciones de los policías en México no han logrado avanzar conforme a lo planeado y hay retrasos en la evaluación de exámenes físicos, pruebas de competencia y entrenamiento básico.
Cuando en octubre de 2007 se lanzó el programa, recuerda el documento, ambos países acordaron trabajar en conjunto para “‘mermar el poder y la impunidad de organizaciones criminales que amenazan la salud y la seguridad pública de los ciudadanos y la estabilidad y la seguridad de la región’… trece años después y a pesar del enorme sacrificio, el objetivo permanece inalcanzable”.
Ahora, el acuerdo fue finalmente desechado en aras de una nueva cooperación que coincide con la Iniciativa Mérida en la mayoría de los objetivos no alcanzados en más de una década.
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