El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana se ha convertido en un pequeño Estado dentro del Estado, en una especie de feudo empresarial, o si se quiere, en expresión estamental, en un grupo compacto de privilegiados
Jaime García Chávez
La construcción del Estado democrático, hoy en pausa en el país, no puede realizarse si las facultades constitucionales se van enajenando poco a poco en favor de los empresarios que se comportan como un estamento con privilegios y siempre con voluntad franca de expandir su influencia y poder.
Aquí sí cabría parafrasear que lo del Estado y el gobierno, al Estado y al gobierno, y al resto de la sociedad el reconocimiento de cada uno de sus derechos y la garantía de los particulares para defenderse de los excesos del poder, sean reales o potenciales.
Para nadie es desconocido que con un manejo artificial y cargado de intereses, el concepto de “sociedad civil” lo ha aprovechado el empresariado para irle mermando al Estado funciones que la Constitución establece como facultades únicas, expresas y limitadas, reservadas a este con carácter de derecho público.
Es evidente, por otra parte, que esto ha sido factible por la abdicación de los gobernantes que ceden para mantener buenas relaciones, sobre todo con representantes más fuertes del capital. Sin duda se trata de un tema complejo que en la ciencia política ha sido analizado para diferenciar al Estado de la sociedad misma.
Este fenómeno, está más que claro, se ha agudizado desde el momento en que se instauró el modelo neoliberal, y tiene que ver con múltiples expresiones que van desde la articulación de los intereses públicos a los intereses económicos del sistema predominante, hasta el manoseo fiscal del dinero público, que ya en poder de particulares incluso regatea la rendición de cuentas a que está obligado el manejo de cualquier contribución o patrimonio público.
Desde luego que a lo dicho no se le debe ver como una propuesta de divorcio entre el gobierno y la sociedad, y dentro de esta última la convivencia de grandes intereses, algunos contrapuestos, que pueden llegar al conflicto o a la simple modulación de este en aras de la seguridad.
Pero sin duda el empresariado devoto de los lemas que exigen Estado mínimo, ha querido ganarle terreno a este valiéndose de un discurso engañoso para la sociedad y utilitario en favor de lo propio. Cuando estas ideas empiezan a prevalecer, ya no se detienen ante ninguna esfera, particularmente manipulan para intervenir en los temas de la seguridad pública, que a todos preocupa, pero que el sector empresarial ve desde el balcón de sus intereses para proteger sus propios negocios y la reproducción de sus capitales.
Es el caso del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), un organismo que se ha convertido en un pequeño Estado dentro del Estado, en una especie de feudo empresarial, o si se quiere, en expresión estamental, en un grupo compacto de privilegiados, a la cabeza del cual ha estado el rentista Luis Lara Armendáriz.
Este fideicomiso en el nombre lleva su propia filosofía: en primer lugar, la competitividad económica; y en segundo, la seguridad, que se cataloga de “ciudadana”, pero que escaso vínculo tiene con la misma.
Los últimos gobiernos han cedido y concedido ante los intereses de FICOSEC sin resultado tangible que nos hable de que sirve realmente para algo. Y ahí están, en refuerzo de esta afirmación, las estadísticas de la delincuencia de todo nivel y los primeros lugares de violencia y homicidios por ejecución que hay en Chihuahua.
Están presentes, a su modo, pero no asumen ninguna responsabilidad ante la sociedad, y eso es inadmisible cuando se valen del propio Estado para la obtención de sus recursos patrimoniales y financieros.
Antes de 2016, puedo afirmarlo testimonialmente, Javier Corral tenía desafecto por FICOSEC, y además era correspondido por este en boca de Luis Lara. Sin embargo, ya una vez en el ejercicio del gobierno entró en maridaje con este organismo, que dicho sea de paso, estuvo contentísimo colaborando con César Duarte. Ese desafecto jamás se tradujo en un deslinde, pero Lara es vengativo y ahora presta su organización para fortalecer los escándalos con los que María Eugenia Campos Galván quiere mantener entretenida a la entidad para el propio ajuste de cuentas de la gobernadora con el panismo corralista, hoy en franca desgracia.
Tenemos, pues, en presencia una cortina de humo, y si bien estoy a favor de que se investigue a fondo la gestión de Arturo Fuentes Vélez al frente de la Secretaría de Hacienda durante el quinquenio pasado, en realidad lo que se ve, a lo sumo, son deficiencias, en este caso concreto, de tipo administrativo, que desde luego tienen sus sanciones, pero no van más allá para desembocar en delitos punibles por el uso posicional del cargo con beneficios particulares. En todo caso, una investigación imparcial que lo diga de manera lisa y llana.
No quiero finalizar este texto sin recordar que los empresarios frecuentemente hablan de filantropía para dirigir sus andanzas en el tema que me ocupa. Pero es de esa filantropía que a ellos les permite no sólo evadir impuestos sino también cierta calma la noche de Navidad al devorar el pavo. Y es que para ellos hacer caravana con sombrero ajeno es el mayor de los deleites.
22 octubre 2021
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
