De los 13 422 ejidos y comunidades agrarias con más de 200 hectáreas de bosque y selva que hay en el país, 39 % tiene una parte de su territorio concesionado para la minería.
Por Andrea Vega / Mongabay Latam
En el norte de México, un grupo de 1723 ejidatarios protege el bosque que se extiende en sus tierras de uso común. Lo libran de incendios, sequías y plagas. También viven de él, pero sin sobreexplotarlo: mantienen una empresa forestal comunitaria, con un manejo sustentable, que les ha permitido colocarse entre los principales productores madereros en el país. El ejido El Largo y Anexos aporta el 17 % de la madera de pino y encino que se comercializa en el estado de Chihuahua. Sin embargo, todos estos logros están amenazados por la minería.
Entre 2009 y 2011, el Estado mexicano otorgó 16 títulos mineros que se encuentran total o parcialmente en el subsuelo del Ejido El Largo y Anexos, ubicado en el municipio de Madera. En total, esas concesiones abarcan 8143 hectáreas, es decir, el 3 % del territorio de la comunidad. Además, en los alrededores del ejido, en un radio de 10 kilómetros, se han otorgado 51 títulos que, en conjunto, abarcan 51 161 hectáreas.
Y aunque las concesiones no especifican el tipo de minerales que se pretende explotar, sus titulares —tanto empresas, como personas físicas— podrían empezar trabajos de exploración en cualquier momento y, con ello, poner en riesgo el futuro del bosque, el ejido y su exitosa empresa forestal comunitaria.
El artículo sexto de la Ley Minera establece que ésta es una actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso del territorio, incluido el forestal.
El artículo 19 de esa misma ley, aprobada en 1992 (en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos), otorga a los titulares de las concesiones el derecho de expropiar, ocupar temporalmente o recurrir a la servidumbre de los terrenos (que obliga a los dueños a permitir el uso de su tierra) más allá de los derechos de propiedad previos.
También les brinda derechos preferentes sobre las concesiones de agua que existan en la zona y los bienes comunes, entre ellos los bosques.
¿Aquí hay una concesión minera?
El ejido El Largo y Anexos se formó en mayo de 1955, cuando una resolución del entonces presidente Luis Echeverría dio la dotación de tierras, que antes eran de la empresa Bosques de Chihuahua, a poco más de 1700 ejidatarios: primero les dieron 9500 hectáreas, las cuales aumentaron hasta las 263 558, gracias a dos ampliaciones. Hoy es el ejido con la mayor extensión territorial.
Cuando les dieron las tierras, los ejidatarios tomaron el control del bosque y se volvieron proveedores de la empresa Bosques de Chihuahua, pero la compañía consideró que así no le era rentable el negocio y dejó de trabajar en la zona. La gente de la comunidad se hizo cargo de la extracción de madera, su procesamiento y transformación en los aserraderos.
A diferencia de la empresa, que hacía una sobreexplotación, los ejidatarios decidieron trabajar el bosque de manera responsable. “Son gente nacida aquí, así que quieren conservar el lugar donde viven, no solo para ellos, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos”, cuenta Roque Estrada, secretario del Consejo de Administración de la empresa comunitaria El Largo y Anexos.
El ejido tiene un programa de manejo forestal que se renueva cada diez años y que está autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); en él se determina los volúmenes de madera que se pueden extraer y de qué zonas, para no dañar el bosque.
“Se le da tiempo suficiente al bosque para que se recupere, para que tenga los crecimientos debidos (…) Hay árboles padres que conservamos para que de sus semillas salgan nuevos pinitos, de mejor calidad. A esa forma de trabajar es lo que llamamos bosque para siempre”, explica Estrada.
Por su forma de trabajo, en 2001, El Largo y Anexos obtuvo la certificación internacional Forest Stewardship Council (FSC), la cual avala que el manejo forestal permite la conservación de la diversidad biológica y se beneficia a población, asegurando, al mismo tiempo, la viabilidad económica. Para mantener la certificación, el ejido debe pasar por diversas auditorías todos los años.
Estrada explica que se han instalado dos viveros forestales, con capacidad para producir 800 mil plantas, las cuales se utilizan para reforestar las áreas donde se hace manejo o que han sido afectadas por siniestros, como incendios o sequías extremas. “En 2018, por ejemplo, tuvimos un incendio grande, perdimos 500 hectáreas. La mayor parte del combate al incendio lo hizo el ejido, las dependencias de gobierno ayudaron quizá en un 15 % de las labores, el resto fue trabajo de los ejidatarios y los comuneros”.
Al conservar el bosque, en el que habitan diversas especies de fauna como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el oso negro (Ursus americanus), puma (Puma concolor), coyote (Canis latrans), entre otras, el ejido asegura la supervivencia de estos animales, pero también la provisión de agua para alrededor de ocho pueblos y 15 rancherías de la región.
Además, los ejidatarios se benefician al tener una empresa comunitaria rentable de la que todos ganan. El manejo forestal comunitario que realiza el Ejido El Largo y Anexos podría empezar a tambalearse en caso de que alguno de los 16 titulares de las concesiones mineras que existen en su territorio quisiera comenzar los trabajos de exploración.
Cinco mil comunidades forestales en riesgo
En México, el otorgamiento de los títulos de concesión es tan poco equitativo entre las partes que los ejidatarios ni siquiera saben que su territorio ha sido concesionado a una empresa. El Estado mexicano da estas concesiones sin avisar, mucho menos consultar, a quienes viven y trabajan arriba del subsuelo concesionado para la minería en el país.
Roque Estrada, por ejemplo, se sorprende al saber que en los terrenos del Ejido El Largo y Anexos hay 16 concesiones mineras.
“A las mineras les han dado concesiones hasta en territorios conservados, donde se tiene un buen manejo forestal, donde se están generando empleos, haciendo conservación con buenas prácticas y el gobierno no tiene sensibilidad al respecto”, resalta Leticia Merino, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
“Como el sistema de concesiones mexicano no exige acuerdo con los dueños de la tierra para dar una concesión, es como si en realidad no tuvieran la posesión de ese territorio. Y los esfuerzos, por ejemplo, de buen manejo forestal no cuentan”, explica Merino, quien también forma parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
En mayo de 2021, esta organización publicó la investigación Bosques comunitarios y minería en México en la que destaca que, de los 13 422 ejidos y comunidades agrarias con más de 200 hectáreas de bosque o selva que hay en el país, 5222 (39 %) tienen una parte de su territorio concesionado para la minería.
Además, ofrece otro dato que permite dimensionar el riesgo en que se encuentran las comunidades forestales: en esos 5222 ejidos y núcleos agrarios hay 12 616 concesiones mineras, lo que representa 48.2 % de todas las otorgadas en el país (26 142 en total).
Esas concesiones mineras, incluso, se han entregado en 90 comunidades que han obtenido la certificación FSC, como es el caso del Ejido El Largo y Anexos.
Es cierto que un título de concesión no se traduce de inmediato en una mina, pero es el primer paso. Este es un instrumento con vigencia por 50 años y que, de acuerdo con la ley actual, puede renovarse por otro medio siglo.
La empresa o persona que tiene un título de concesión minera puede realizar trabajos de exploración, con solo presentar un informe preventivo a la Semarnat. Si en esa fase determina que el proyecto minero es rentable, se procede a la explotación.
El título de concesión abre la puerta al resto de las etapas de los proyectos mineros, “y es una amenaza en primera instancia para las comunidades, ejidos, terrenos forestales, propiedad social. Tan solo del 2015 al 2020 se identificaron 396 permisos de cambio de uso de suelo forestal para minería”, explica Sol Pérez, investigadora que participó en el estudio del CCMSS y que hoy forma parte del programa de Tierra y Territorio de la organización no gubernamental Fundar – Centro de Análisis e Investigación.
Comunidades que defienden el bosque
Silvio Nolasco Flores, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Zapotitlán, una comunidad indígena chontal, situada en el municipio de Santa María Ecatepec, al sur del estado mexicano de Oaxaca, cuenta que ellos tampoco sabían que había una concesión en el corazón del bosque que cuidan y protegen.
“Es una reserva comunitaria interna, de unas 50 hectáreas, no tiene registro federal, pero la comunidad decidió en asamblea, hace 15 años, resguardar los recursos naturales, porque ya empezaba el cultivo de maíz, la tala ilegal y la cacería en este bosque de encinos y con muchos ojos de agua”, explica Abel Sánchez, poblador de Santa María Zapotitlán.
A partir de la protección de esa área, Sánchez asegura que se ha visto que los ojos de agua se mantienen estables y los animales llegan, “vemos venados y otra fauna”.
La comunidad supo de la concesión minera cuando los integrantes de Tequio Jurídico, una organización de la sociedad civil, impartieron talleres en la región.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, que presentaron en 2018 a la Secretaría de Economía, la comunidad de Santa María Zapotitlán confirmó que en el territorio de la reserva existía una concesión, otorgada en 2011 a la empresa Salamera.
La comunidad empezó la batalla por defender su bosque. En diciembre de 2018, presentó un recurso de amparo contra la concesión, pero también por la inconstitucionalidad de la Ley Minera, al considerar esta actividad como prioritaria y de utilidad pública y no realizar una consulta a las comunidades afectadas.
En febrero de 2020 —señala Araceli Olivos, coordinadora de la Vereda de Defensa Colectiva del Territorio en Tequio Jurídico— se dictó sentencia: el juez otorgó un amparo histórico a toda la región chontal, en el que reconoció el derecho colectivo al territorio y a protegerlo. Además, ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efecto el título de concesión.
Sin embargo, Olivos asegura que, en una treta jurídica, la empresa desistió de la concesión un mes antes de que se dictara la sentencia. “Es una estrategia para que los juicios de amparo se queden sin materia y los tribunales no entren a fondo a analizar la Ley minera”.
Además, el juez no la declaró inconstitucional, así que la comunidad interpuso un recurso de revisión, que continúa en proceso de desahogo.
La urgencia de reformar la Ley Minera
La lucha legal que enfrenta la comunidad chontal de Santa María Zapotitlán en contra de la minería no es la única que está en marcha en el país. Desde hace meses, organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades impulsan la iniciativa “CambiémoslaYa”, con la que se busca una reforma a la Ley Minera.
Miguel Soto Treviño, director de vinculación estratégica y campañas de incidencia en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), explica que esta iniciativa busca eliminar el carácter de utilidad pública y preferente de las actividades mineras; hacer efectivo el derecho de las comunidades y pueblos a decidir con respecto al otorgamiento de concesiones y que estas no puedan renovarse hasta por 100 años.
Además, plantea quitar los derechos preferentes de acceso a la tierra y al agua para los dueños de esas concesiones; blindar las áreas naturales protegidas, los sitios sagrados y arqueológicos de la minería y que las empresas transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.
“Hay un documento legal que hemos elaborado con los artículos que se deben derogar, qué cambios se deben establecer y hay una propuesta de iniciativa que se está presentado a legisladores y legisladoras. La han recibido bien, pero el lobby de la Cámara de la Industria Minera es muy agresivo”, dice Soto.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se darían más concesiones mineras; sin embargo, tampoco ha presentado un plan para retirar las que ya existen, ni ha dicho que tenga la intención de hacerlo.
Beneficios contra impactos
Sol Pérez, de Fundar, explica que desde la fase de exploración, un proyecto minero tiene ya impactos en el medio ambiente. “Se hacen cientos de perforaciones, en las que prácticamente inyectan unos tubos para sacar muestras de lo más profundo que se pueda del sustrato, y hacer los análisis de concentración de minerales. Perforan hasta en mantos freáticos (acumulación de agua subterránea); por eso es muy común que se contaminen o se sequen los manantiales”.
Por supuesto, señala Pérez, también hay deforestación. “Tiran árboles para pasar toda la maquinaria a los puntos donde quieren explorar, que generalmente son regiones montañosas”.
Si en la exploración se determina que el proyecto es viable económicamente y que se hará un proyecto minero, los dueños de las concesiones presentan la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat, dependencia que tiene en sus manos aprobar o no el proyecto. En caso de que requieran deforestar, las empresas piden el permiso de cambio de uso de suelo, de forestal, por ejemplo, para minería.
En cuanto a los dueños de los terrenos, la empresa puede elegir comprarles o rentarles. Si estos se niegan, es posible que se abran procesos de expropiación de las tierras, ya que con la ley vigente a la minería se le considera una actividad de utilidad pública.
La actividad minera, subraya Leticia Merino, requiere grandes superficies, produce una enorme destrucción de los ecosistemas, los recursos naturales y la salud de la población expuesta a la contaminación por metales pesados, y también daña el tejido social.
“Llegan y dividen a las comunidades, compran voluntades, se acercan a unos, tratan de comprar terrenos y si no lo logran, amenazan o les prometen muchas cosas, y hay casos que la gente dice que sí, y luego tiene condiciones muy adversas”.
Sol Pérez resume así el encuentro forzado entre un ejido forestal y la minería: “el manejo comunitario del bosque sí tiene mucho beneficios, no solo para la comunidad que la maneja y a la que le da trabajo, sustento, cohesión, también hay beneficios generales para el ambiente, para la mitigación del cambio climático, para la preservación de agua, eso sí es utilidad pública. En cambio, la minería es una actividad en la que se benefician unos pocos particulares y no es sustentable, es altamente contaminante y generadora de desigualdad”.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay Latam. Ver original aquí.
