El Departamento de Estado explicó que el exgobernador de Puebla, responsable de la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho, forma parte de una lista de personajes non gratos por ser violadores de los derechos humanos
Redacción Lado B
Ni el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres ni su familia podrán poner un pie en los Estados Unidos en los próximos años, pues fueron vetados por el gobierno del vecino país por su participación en las agresiones a la periodista Lydia Cacho en diciembre del 2005.
La medida fue anunciada el pasado viernes y forma parte de un paquete de sanciones financieras y prohibiciones que emitió el gobierno estadunidense, en coordinación con Canadá y Gran Bretaña, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
En su comunicado, el Departamento de Estado señala, además de Mario Marín —el único personaje latinoamericano en la lista—, a 11 políticos más a los que se le negará el ingreso por sus acciones de “violación grave de los derechos humanos o corrupción significativa”; son funcionarios, exfuncionarios y entidades gubernamentales en nueve países, incluyendo China, Myanmar y Rusia.
Entre los enlistados se encuentran:
- Abel Kandiho, general de división y jefe de la jefatura de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda.
- Shohrat Zakir, Erken Tuniyaz, Hu Lianhe y Chen Mingguo, altos funcionarios de la República Popular China en Xinjiang
- Ihar Kenyukh y Yauheni Shapetska , jefes del centro de detención de Akrestsina en Minsk, Bielorrusia.
- Benazir Ahmed, actual inspector general de la policía de Bangladesh y Miftah Uddin Ahmed, ex comandante de la Unidad 7 del RAB, por su participación en la ejecución extrajudicial en mayo de 2018 de un concejal municipal en Bangladesh.
- Chandana Hettiarachchi, oficial de inteligencia naval de Sri Lanka.
Aplauden la medida
Tras conocerse la información, la organización Artículo 19 publicó unos tuits celebrando la decisión.
“Se trata de la primera sanción del Congreso de EU a un funcionario mexicano por las agresiones contra un/a periodista. Es un paso importante en el combate a la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión y fortalece la lucha por justicia de casi 16 años en el caso.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Lado B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
