Organización de apoyo a refugiados en Estados Unidos y México hace un llamado al gobierno de Biden para que ponga fin al programa que se reactivó a principios de noviembre
Redacción La Verdad
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos y en México alertó que la reactivación del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) ha empeorado la situación de la comunidad migrantes a lo largo de la frontera común entre ambos países.
A través de un comunicado, las oficinas de la organización católica que ayuda a refugiados en ambos lados de la frontera piden a la administración del presidente Joe Biden hacer todo lo que esté a su alcance para ponerle fin de una vez por todas al programa que se puso en marcha de nuevo el pasado 9 de noviembre.
“Las acciones tomadas recientemente por la administración del presidente Biden para volver a implementar el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) – Quédate en Médxico– y la decisión de un tribunal federal de apelaciones de restablecer el programa, son profundamente decepcionantes y desconcertantes” se indica en un comunicado conjunto de Joan Rosenhauer, directora ejecutivo de JRS en EE.UU y Conrado Zepeda, director en Mexico.
Con la llegada del Presidente Biden a la Casa Blanca, muchos teníamos grandes expectativas de que revocatoría el MPP e implementaría una política de inmigración más humana.
“Nos ha decepcionado mucho que el nuevo presidente no ha puesto fin a la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes en ambos lados de la frontera e incluso la haya ampliado el programa MPP con el apoyo del Gobierno de México”, se indica.
El Departamento de Seguridad Nacional de la Administración Biden argumenta que las mejoras legales y de seguridad han mejorado el MPP, diferenciándolo de la política de Trump, sin embargo JRS advierte que no hay un “mejor” MPP de ninguna manera o forma. La sola idea de negar a las personas su derecho a buscar asilo de manera humana y segura viola el derecho internacional y los derechos humanos.
Las órdenes judiciales y las demoras de la Administración han significado que, en lugar de actuar rápidamente para cumplir con su promesa de campaña de poner fin a esta política de inmigración ilegal e inhumana de la era de Trump, el Presidente Biden y su administración se están alejando de su compromiso de proveer acceso seguro y equitativos a asilo, agregan.
El Servicio Jesuita a Refugiados en Estados Unidos y en México se ha opuesto a la política de “Permanecer en México” desde que la Administración Trump la implementó por que considera que viola el derecho internacional, los valores católicos, y derechos humanos fundamentales.
También, porque asegura que pone a los solicitantes de asilo en situaciones extremadamente peligrosas en México y no aborda el problema históricamente complejo de la migración de una manera humana.
Aún más, advierte que no trata efectivamente el problema de la migración y ha empeorado la situación a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
En este contexto, la organización menciona que las condiciones de vida en Centroamérica han empeorado en los últimos años debido al cambio climático que ha provocado períodos de fuertes lluvias o sequías severas. Huracanes cada vez más fuertes han devastado hogares y tierras que son la principal fuente de ingresos de millones de personas en Centroamérica. La combinación de estos factores ha creado un caldo de cultivo de crisis social y política que está obligando a millones de personas a huir de sus países de origen.
Como resultado, miles de personas de la región, particularmente procedentes del “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras, y El Salvador), ingresan a México todos los días, en busca de una nueva vida después de huir de la injusticia, la violencia o el clima extremo, explican. El país también ha visto un aumento en la llegada de personas de Venezuela, Cuba, Chile, Colombia y Haití, todos los cuales están atravesando situaciones socioeconómicas similares. Para muchos, su destino final son los Estados Unidos.
La Administración de Biden debe trabajar de manera eficaz y rápida para poner fin a esta política dañina, de modo que puedan procesar rápidamente a las personas actualmente inscritas en el programa, transferirlas a otros expedientes dentro de los EE. UU. Y permitirles esperar en condiciones seguras en su territorio.
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