El Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos denunció que la política de la gobernadora Maru Campos desprotege a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y víctimas de la violencia
Rocío Gallegos / La Verdad
Ciudad Juárez– Organizaciones de la sociedad civil y activistas integrantes del Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos (FPCDDH) denunciaron que la política del gobierno de María Eugenia Campos Galván atenta contra grupos vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes, pueblos indígenas y víctimas de la violencia.
Ante este panorama, que consideran se concretó con los recortes al presupuesto del gasto del Gobierno del Estado para el 2022, los defensores alzaron la voz para dar a conocer lo que ocurre en la entidad y advirtieron que analizan recurrir hasta a acciones legales en defensa de los derechos humanos de esos grupos de la población.
“No nos vamos a quedar sentados”, dijo Silvia Aguirre Lomelí, directora del Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, asociación integrante del FPCDDH, en conferencia de prensa donde las organizaciones ofrecieron un informe ciudadano de lo ocurrido en los primeros días del gobierno de Campos Galván.
Indicó que el primer paso es denunciar ese abuso y la injusticia hacia esos grupos, pero “seguiremos tocando puertas”.
A su vez, Catalina Castillo Castañeda, de la Organización Popular Independiente (OPI), dijo que dentro del Frente hay abogados que están definiendo acciones legales a seguir, entre ellas recurrir a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y revisar la posibilidad de impugnar los recortes al presupuesto destinado a grupos vulnerables.
En lo que será el primer presupuesto de su gobierno, María Eugenia Campos Galván contempló un recorte de más del 50 por ciento de los recursos destinados a la atención de las mujeres; también disminuyó el dinero destinado a la atención de migrantes, víctimas del delito y adultos mayores, revela el Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por el Congreso estatal a la mandataria.
Cecilia Espinoza, activista y defensora de los derechos de las mujeres, expuso que para garantizar, proteger y respetar a las mujeres no solo se requiere contar con un marco normativo, de instituciones y políticas públicas, se requiere dotar de capacidades y recursos para la implementación de estas mismas.
Sin embargo, agregó que durante los primeros 100 días, este gobierno actual modificó el nombre de la Fiscalía de la Mujer, integrando ‘y de la Familia’ con lo que considera que invisibiliza “la situación que enfrentamos las mujeres en el estado”, disminuyó 50 por ciento el presupuesto para la atención de este grupo de la población, entre otras cosas, que afecta a las víctimas de la violencia.
Por eso, dijo que instan a la gobernadora a dotar de presupuesto a las instancias encargadas de acciones para avanzar en la disminución y la erradicar de la violencia contra las mujeres en el estado, “estaremos vigilantes” de que eso ocurra.
En la conferencia, Martín Javier Tafoya Domínguez, integrante de la comunidad Apache en Ciudad Juárez, dijo que los derechos humanos de los pueblos indígenas en el estado fueron vulnerados desde el inicio de la administración estatal con el nombramiento de Enrique Alonso Rascón Murillo como titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI).
Comentó que se ha pedido su destitución de Rascón porque los pueblos indígenas consideran que no cuenta con el perfil idóneo para el cargo además de que tiene un claro conflicto de interés por estar vinculado al diputado Omar Bazán, quien actualmente tienen una demanda en contra de la comunidad de Mogotavo en la zona serrana del municipio de Urique.
También denunció el recorte de 10 millones para la atención de los pueblos indígenas en la entidad.
Frank Caballero Grijalva expuso el impacto de la violencia y como en los primeros días del gobierno de Maru Campos se consumó el cuarto relevo en seis años en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.
Silvia Aguirre Lomelí, directora del Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, expuso que en el estado hay un déficit en la atención de los adolescentes, específicamente en tres programas: la prevención de adicciones y violencia, reinserción social y deserción escolar, lo que implica un gran riesgo.
Catalina Castillo Castañeda, de la OPI, dijo que se recortaron los recursos disponibles para la atención de grupos vulnerables, pero no las remuneraciones de altos funcionarios y de titulares de organismos autónomos.
Considera que el gobierno de Campos Galván favorece a dependencias que ejercen el control político y que cultivan la imagen de la administración, como la Coordinación de Gabinete, la Secretaría de Hacienda, la Coordinación de Comunicación Social y el despacho del Ejecutivo.
En contraste, agregó, afecta a dependencias orientadas a la atención de grupos vulnerables y el combate a la pobreza, como son la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el Instituto de la Juventud, la COESVI, el DIF y la Coordinación estatal de Pueblos Indigenas, al Fondo de Ayuda y Reparación de daños a Víctimas.
Aseguró que también el campo y las familias campesinas fueron afectados.
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