El cotidiano incremento de los índices de inseguridad pública va emparejado con la impunidad oficial; lo anterior, como consecuencia lógica del nombramiento de servidores públicos sin una auténtica vocación de servicio; fruto del añejo compadrazgo político
Gerardo Cortinas Murra
En algunas ocasiones, como esta, al redactar un artículo periódico me parece más que objetivo y veraz trascribir la opinión de otros analistas o los datos de ciertos organismos internaciones con respecto al tópico a tratar. Como lo es, en este caso, los índices de corrupción e impunidad en México y en Chihuahua.
De esta manera, se le otorga el crédito que corresponde a los autores y se evitan comentarios personales que pudieran distorsionar la información que se analiza; en especial, cuando se trata de citar datos estadísticos que son fruto de investigaciones serias y profesionales.
Por lo anterior, me permito transcribir los datos publicitados por la organización Transparencia Internacional (https://www.tm.org.mx/ipc2021/) contenidos en el ‘Índice de Percepción de la Corrupción 2021’:
Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.
En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
México comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.
México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.
El control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018. La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, los casos definidos como emblemáticos (Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Ex-presidentes, entre otros), no han sido aún sancionados en materia penal. Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.
Hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga.
Recomendaciones para México
- La gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la suma de sus partes. Las instituciones y organismos que forman parte del SNA deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos. Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.
- Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”.
- El gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales.
En el ámbito nacional, el analista político Francisco Garfias (Periódico Excélsior) comenta lo siguiente:
En los últimos días, AMLO ha insistido en que ya elaboró su “testamento político” para garantizar la gobernabilidad, en caso de que falleciera. Pero hay que preguntarnos: ¿qué nos dejaría si súbitamente dejara la Presidencia de la República?
Respuesta: un crecimiento negativo en el trienio 2018-2021. La inflación más alta en dos décadas: 7.36%. Una cifra récord de homicidios en lo que va de su sexenio (110 mil) y casi cuatro millones de pobres más a junio de 2021 (datos del Coneval). Nos hereda también una escasez de medicamentos nunca vista que obligó a los padres de niños con cáncer a ocupar las calles.
Y más: México es el quinto peor país del mundo en corrupción, según The World Justice Project, un organismo que mide el Estado de derecho en el mundo. Sólo nos ganan Uganda, Camerún, Camboya y el Congo.
Es también el más letal para ejercer el periodismo. En los 25 días que lleva 2022 ya asesinaron a tres informadores. Dos en Tijuana (Margarito Martínez y Lourdes Maldonado) y uno en Veracruz, José Luis Gamboa Arenas. El año pasado cayeron siete.
Datos de la Secretaría de Gobernación, citados por la revista Expansión-Política, revelan que de diciembre de 2018 a junio de 2021 han sido asesinados 43 periodistas. Y lo peor: nueve de cada diez quedan impunes, según el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano (organización de la sociedad civil que contribuye en la transformación de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México a través de la observación ciudadana) en el ‘Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021’, proporciona la siguiente estadística (con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), relativa al Estado de Chihuahua:
- Es el primer lugar a nivel nacional en el delito de secuestro;
- Es el segundo lugar en carpetas de investigación por el delito de violación;
- Es el tercer lugar de ocurrencia de homicidios dolosos;
- Es el cuarto lugar y sigue aumentando en el delito de homicidio doloso y quinto lugar en feminicidios;
- Es el quinto lugar en trata de personas;
- Es el quinto lugar en número de carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo; y
- Es el octavo lugar en robo de vehículos.
Así las cosas, es válido concluir que el cotidiano incremento de los índices de inseguridad pública (actos delictivos) va emparejado con la impunidad oficial; lo anterior, como consecuencia lógica del nombramiento de servidores públicos sin una auténtica vocación de servicio; fruto del añejo compadrazgo político que prevalece a lo largo y ancho del país.
Ya hace décadas, el insigne jurista Ignacio Burgoa señalaba que la responsabilidad de los servidores públicos constituye un elemento de todo gobierno democrático. “Un gobierno que se jacte de ser democrático, debe estar respaldado en un eficaz sistema de responsabilidad jurídico-política”. Ya que de no ser así, se estaría en presencia de un gobierno seudo-democrático.
En consecuencia, al no existir un sistema eficaz de responsabilidades políticas y administrativas, el Estado mexicano no puede ser considerado una República representativa y democrática.
Por eso estamos como estamos… ¡Lástima Margarito…!
