La compensación económica que les entregaban cada quince días también fueron canceladas, denuncian familias de las víctimas; Ichimuj responde que es por veda electoral, pero lineamientos federales establecen no detener programas sociales
Marco Antonio López / La Verdad
Ciudad Juárez- El 25 de noviembre del año pasado nadie invitó a Paula Flores Bonilla a tomar la palabra en el evento que encabezaba la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Memorial del Campo Algodonero. Sin embargo, tomó el micrófono para decirle: “Llevo 23 años arrastrando la foto de mi hija en protestas, en marchas y no somos escuchadas”.
En abril próximo harán 24 años de que Paula exige que se haga justicia para su hija Sagrario González Flores, asesinada a los 17 años, en 1998. Nadie invitó a Paula. Pero ella fue. “No es justo que a nosotros como madres nos tengan como un cero a la izquierda”, le dijo en ese momento a la gobernadora del estado.
La gobernadora contestó entonces: “esta desatención que hemos tenido la acepto” y se comprometió a mantener una reunión por lo menos cada dos meses con las madres de las víctimas de feminicidio, retomar las investigaciones haciendo una revisión de expedientes, entre otras cosas.
Un mes después, en diciembre, Gobierno del Estado retiró el servicio de salud que brindaba a las familias de víctimas de feminicidio, así como el depósito de 900 pesos quincenales que se les hacía desde 2004 como parte del Programa de Apoyo a Familiares de Víctimas de Feminicidio a alrededor de 150 familias.
“La atención médica la necesitamos, yo soy hipertensa, hay mamás muy enfermas. Sacar una cita es un calvario, que te den medicamento es un calvario, no nos cubren operaciones y ahora ya ni eso, nada”, dice Paula.
“La gobernadora debe cumplir como habló. También dijo que iba a haber revisión de expedientes, pero no hay nada, para nosotros no hay respuesta de los compromisos de la gobernadora que hizo para nosotras”, mencionó Julia Caldera, madre de María Elena Chávez Caldera, desaparecida en junio del 2000.
Paula y Julia buscan respuestas y exigen justicia por el feminicidio de sus hijas hace más de 20 años. Entonces eran solo madres. Ahora son abuelas con nietos incluso mayores a la edad de sus hijas cuando fueron asesinadas. Paula y Julia tienen 64 y 61 años respectivamente. Tienen problemas de salud y enfrentan cada administración el abandono institucional, cuentan. Esta vez es lo mismo, declaran.
“Estamos cansadas, ya son muchos años. Para nosotros es revivir, a pesar de tantos años seguimos igual, con el mismo coraje, la misma impotencia”, mencionó Paula.
“Nosotros pensamos que iban a cambiar las cosas con la gobernadora por ser mujer, pero no, igual ya tenemos la experiencia. Nos dijo, denme el voto de confianza, pero no hemos visto nada”, dijo Julia.
Las madres piden que se les notifique por escrito que se les retira del Programa de Apoyo a Familiares Víctimas del Feminicidio o de lo contrario que se les reactive.
De acuerdo con el Instituto Chihuahuense de la Mujer la suspensión del programa se dio por la veda electoral que se realiza debido al proceso de revocación de mandato y que quedó establecida del 4 de febrero al 10 de abril.
“No está cancelado, es solo ahorita por la veda electoral. Se les va a hacer un pago retroactivo este año. Es algo federal, no está en nosotras”, dijo Ana Moreno, del departamento jurídico del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos oficiales publicados por el gobierno federal no se debe suspender ningún programa social:
“Desde la emisión de la convocatoria y hasta el día de la jornada de revocación de mandato no deberá suspenderse la ejecución de los distintos programas sociales debido a que las limitantes en la materia no tienen por objeto impedir que los funcionarios públicos dejen de cumplir con obligaciones legales inherentes a su encargo público”, se publicó.
Sin embargo, de acuerdo con las madres de las víctimas el programa quedó detenido desde diciembre del año pasado.
“Me dijeron todo eso se va a reactivar, pero va a ser en abril, entonces no tenemos permiso de enfermarnos hasta abril porque la gobernadora dice. Se me hace muy ilógico. No sé si a ellos como empleados también se les retuvieron los pagos por la veda”, dijo Paula.
Paula y Julia son parte de un grupo de seis madres que escalaron el caso del feminicidio de sus hijas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos, omisiones y fallas en las investigaciones.
Y a pesar de que ya pasaron la última audiencia con lo que solo falta determinar la fecha del juicio contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paula y Julia lamentan tener que seguir denunciando irregularidades a más de 20 años.
“No fuimos invitadas, tuvimos que hacer uso del micrófono a la fuerza como hemos hecho todo, a la fuerza, desde que desaparecieron nuestras niñas”, dice Paula recordando cómo nadie la invitó a hablar el 25 de noviembre en el evento encabezado por la gobernadora del estado en el
María Eugenia Campos recortó 169 millones de pesos a la asignación de programas destinados para la atención a mujeres, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022.
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