En El País

La 4T tampoco quiere regular la publicidad oficial

Foto: Arturo Contreras / Pie de Página. Fecha de publicación: 9 mayo 2022.

Por Ernesto Aroche (@earoche) * / Perimetral

El Congreso de la Unión está en falta desde finales de abril pues debió legislar sobre la Ley de Publicidad Oficial antes de que terminara el segundo periodo y no lo hizo. 

Diputados estaban obligados a hacerlo porque desde el sexenio pasado, gobernado por el PRI de Peña Nieto, la organización Artículo 19 comenzó una lucha jurídica.

Se trata de ponerle reglas al uso de los recursos públicos para el gasto publicitario y de propaganda. 

Una lucha que concluyó en una primera etapa con la aprobación de la Ley General de Comunicación Social. 

De ahí salió una ley pero alejada de los mínimos planteados por el colectivo #MediosLibres de 35 organizaciones entre la Red de Periodistas de a Pie, Artículo 19, Fundar, medios, más de 50 periodistas y activistas.

Se conjuntaron esfuerzos y presionó para generar una propuesta que pusiera límites al dispendio gubernamental en la materia.

Así nació Ley Chayote

Lo que se consiguió en abril del 2018 fue una ley por debajo del piso mínimo promovido por la sociedad civil y medios de comunicación, sino una que legalizaba las prácticas nocivas que como periodistas se busca combatir.

Ricardo Reyes, coordinador jurídico en Artículo 19, explica en entrevista que la norma aprobada por la mayoría legislativa en ese momento controlada por el PRI “básicamente legalizó las malas prácticas, favoreciendo la concentración, el dispendio del gasto, y lejos de una pluralidad mediática”.

La organización inició un nuevo proceso jurídico en 2020 argumentando, explica Ricardo Reyes, “inconstitucional en el sentido de que no contemplaba criterios en la repartición del gasto, en la concentración, que no favorecía la pluralidad mediática, la democratización de los medios, no establecía topes presupuestales ni sanciones.”

Y agrega que “no se apegaba a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, que dice que la publicidad oficial tiene que tener fines de orientación social, fines educativos y no propagandísticos, y que bajo el ejercicio de esta ley persisten las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

El Congreso de la Unión simula

En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por segunda ocasión sobre el tema al otorgar el amparo a Artículo 19.

Ordenó al Congreso de la Unión “esclarecer y detallar los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos concretos y reglas específicas”.

La sentencia presentada por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, señala que la Ley “vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información al no prever criterios de asignación claros y precisos para el gasto en comunicación social».

La Corte también señala que no «dispone de mecanismos para garantizar que dicho gasto cumpla con los criterios constitucionalmente previstos para la materia, es decir, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

El plazo que fijó la SCJN fue de máximo el 15 de diciembre de 2021 para cumplir la sentencia y volver a legislar, pero nada pasó. 

El plazo venció sin que diputados ni senadores atendieran al poder judicial, porque, a decir de las cámaras, la notificación oficial llegó muy tarde.

Ricardo dice que si bien el argumento tenía peso legal, por el retraso en la notificación, también hubo “falta de voluntad y compromiso político” para entrarle al tema.

Agrega: “era un hecho conocido, todo el mundo sabía, al menos estoy seguro que en el Congreso así como medios de comunicación, sociedad civil, academia que nos dedicamos a estos temas supimos de la sentencia el mismo día que se dictó”.

Hacen perder tiempo a medios independientes

Como sea, el Congreso controlado ahora por el partido Morena, argumentó la falta de tiempo y a principios de este año pidió una prórroga que de acuerdo con Artículo 19, inició a partir del primero de febrero, “el juzgado les otorgó 60 días naturales para cumplir con la sentencia a reserva de que periódicamente le estuvieran notificando las pruebas de que estaban en vías de cumplimiento de la sentencia”.

El jurídico de Artículo 19 cuenta que de acuerdo con el expediente que tiene la SCJN el Congreso ha simulado el cumplimiento de la sentencia.

“Varios de los informes de cumplimiento que mostró el Congreso son informes sobre la ley, la sentencia, análisis sobre leyes en otros países”, explicó. 

En realidad no estaban legislando sino simulando un cumplimiento. En realidad no hay evidencia pública o trabajo en comisiones que den cuenta de que están haciendo trabajo legislativo al respecto. 

Menciona que lo último sabido por acceso al expediente es que para mediados de abril 2022, se iban a discutir predictámenes sobre la Ley General de Comunicación Social.

Esto se traduce para la organización global con oficina en México  como “un desacato judicial”, concluye el jurídico.

Menos publicidad pero se concentra otorgamiento

Iniciada la 4T hubo un recorte importante en el gasto en Comunicación Social.

De acuerdo con Fundar en el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ejercieron 2 mil 248 millones de pesos.

Esto es una quinta parte de los 11 mil 398 millones ejercido por Peña Nieto (EPN) en el mismo periodo.

El problema para Paulina Castaño de Fundar, es que “otra vez hay concentración en el gasto y como no hay reglas claras pues no se distribuye de la mejor manera.»

No hay criterios de transparencia, idoneidad ni equidad, lo que resulta la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación.

Otro problema es que la mayoría del gasto se ejerce por unas cuantas instituciones otra razón para tener otra ley.

Según Fundar la Publicidad Oficial del gobierno federal en sus dos primeros años se concentró en 10 empresas.

Algunas son Televisa, Tv Azteca y La Jornada a la cabeza; medios afines al obradorismo como el diario Por Esto! y el periódico Tabasco Hoy del grupo Cantón.

Otros aspectos no claros son la planeación anual de comunicación social, estudios de penetración de los medios en las campañas de comunicación.

Y por ejemplo en diciembre el 80 por ciento del gasto de comunicación social se ejerce en los últimos meses del año. 

Además hace unas semanas el gobierno federal anunció la intención de redirigir el 25 por ciento de la publicidad a un fondo de atención a periodistas.

Regular publicidad oficial sí protege periodistas

Esto si bien puede ser un paliativo ante la carencia de protección social del gremio, tampoco queda muy claro cómo operará la medida.

De entrada no se sabe si alcanzará el recurso, señaló Jade Ramírez de la Red de Periodistas de a Pie en entrevista sobre el tema.

“Solo a la Feria Internacional del Libro se acreditan por año mil 500 periodistas o trabajadores de los medios, en la organización Frontline Freelance México hay poco más de 250 profesionales de los medios que no están basificados en ninguna nómina, por lo que si cuentas mínimo 300 interesados entre periodistas, trabajadores de los medios, youtubers y blogueros por entidad federativa sin prestación social, ¿cuánto van a obtener por año?”.

Entrevista con Radio Sonora

A esto se suma que la propuesta poco clara puede eximir de la obligación patronal a los dueños de los medios que son corporaciones.

Insiste Paulina Castaño que “son los medios, los dueños de las empresas mediáticas quienes tienen que dar esta seguridad social para los periodistas.

La propuesta que en el 2018 construyó el colectivo #MediosLibres incluía un apartado al respecto, pero ese no fue incluido en la ley aprobada.

Por lo que se hace importante para la investigadora las y los legisladores abran la discusión y retomen los planteamientos de la sociedad civil.

¿Sanciones por no legislar?

Le corresponde al Poder Judicial pronunciarse sobre el incumplimiento ante la falta de prórrogas o dictámenes, por lo que sigue son las sanciones.

Las posibilidades van desde inhabilitar a los presidentes de las dos cámaras, diputados y senadores o una multa.

Pero aún hay incertidumbre por la falta de antecedentes en sanciones por no regular la relación peligrosa prensa-poder.

***

*Ernesto Aroche. Periodista. Co-director del medio mexicano LadoB.

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