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La pandemia invisible en la Sierra Tarahumara: tala ilegal y desplazamiento forzado

Ilustración: Desaparecer en pandemia

Los bosques de pino de la Sierra Tarahumara se volvieron uno de los botines del crimen organizado, con mayor incidencia desde 2017. Para aprovechar este negocio, cárteles y caciques se han disputado el territorio con la población indígena y mestiza que desde hace siglos siembra, cosecha y vive de estas tierras.

Mientras la pandemia por COVID-19 obligó al confinamiento para evitar contagios obligó al trabajo en casa, al cierre de escuelas y al cierre parcial de negocios no esenciales— y los ojos del país miraban la pandemia, los grupos delictivos de la Sierra Tarahumara no pararon.

En el municipio de Guachochi las personas rarámuri ven cómo su bosque se va como cadáveres inertes sobre los camiones. Al sur, en el municipio de Guadalupe y Calvo, ubicado en el Triángulo Dorado -comprendido por los límites entre Chihuahua, Sinaloa y Durango-, el desplazamiento forzado se incrementó y no ha cesado hasta ahora, por la incursión de un nuevo cártel y la disputa por el territorio.

En voz de víctimas de desplazamiento forzado, especialistas y autoridades, este trabajo busca mostrar la preocupante problemática de la devastación del bosque y los impactos en las comunidades indígenas que defienden el medio ambiente y, en muchos casos, son obligadas a abandonar su hogar.

Por Raúl Fernando y Patricia Mayorga / Raíchali

La pandemia de COVID-19 puso en pausa algunas actividades económicas a nivel global. Por internet y en la prensa, circularon fotografías de calles de ciudades europeas completamente vacías. En México, muchos comercios considerados “no esenciales” cerraron por meses. Pero en los bosques de la Sierra Tarahumara los camiones siguieron cargando madera. El problema, incluso, se agravó.

La explotación forestal ilegal e irregular tiene décadas de historia en la Sierra Tarahumara. El difícil acceso en la región y la poca presencia de autoridades y servicios del Estado permiten que el crimen organizado controle el territorio y sus negocios, como la tala, la ganadería y el cultivo de enervantes.

En una carta escrita a mano, en español, decenas de personas rarámuri denunciaron la tala ilegal que se vive en el Ejido de Cieneguita de Sinforosa y la comunidad Arroyo del Pajarito, en el municipio de Guachochi en la Sierra Tarahumara.

Se lee:

…se encuentran sacando la madera ilegal en este momento gente malandras en nuestro ejido y arroyo el pajarito. Pedimos al Gobierno Federal la protección. Nos tienen amenazados todas las autoridades tradicionales por crimen organizado…”

La carta está dirigida a la Secretaría de Gobernación, fechada el día tres de noviembre de 2020 y firmada por más de cuarenta habitantes del ejido y la comunidad.

Fue digitalizada y enviada por correo electrónico junto con otras demandas y denuncias de varios pueblos rarámuri de Guachochi, un municipio con bosques de pinos y profundas barrancas donde el crimen organizado controla valiosos negocios, además de la tala.

Poco después, con el oficio SG/UNMC/DILR/039/2020, el gobierno federal respondió que esa y las otras peticiones relacionadas con seguridad y tala son “del ámbito local o en las oficinas estatales de algunas instituciones federales”, por lo que les invitaban a “acudir a las diferentes instituciones para obtener respuesta a sus peticiones”.

Barranca de la Sinforosa, Guachochi.

Así lo han hecho. El 19 de agosto de 2021, el gobernador indígena de Ciénega de Sinforosa denunció que recibió amenazas por parte de taladores ilegales por sus actividades de defensa del bosque. Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación (NUC) 19-2021-106054.

La denuncia provocó el desplazamiento forzado de toda su familia y a la fecha la Fiscalía General del Estado no ha presentado avances de esta investigación.

Y respecto del ejido Arroyo del Pajarito, la denuncia se hizo el 17 de enero de 2022 en el municipio de Morelos. De acuerdo con la fiscalía, en este caso la comunidad no salió de su tierra, pero tampoco pudieron impedir que acabaran con su bosque.

De acuerdo con información proporcionada por la dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo del estado de Chihuahua, la administración del gobernador Javier Corral presumió que realizó 74 operativos en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hasta junio de 2021.

En los operativos inspeccionaron 158 unidades de transporte, 542 centros de almacenamiento, 83 predios y transformación maderera, de los cuales clausuraron por lo menos 18; aseguraron 149 camiones y detuvieron a 32 personas sin precisar su estatus judicial.

Sin embargo, para las personas denunciantes en el municipio de Guachochi, las medidas del gobierno no se tradujeron en mayor tranquilidad para sus comunidades.

EL LAVADO DE MADERA, ACTIVIDAD ESENCIAL EN LA PANDEMIA

A finales de 2021, sin que las personas afectadas hayan visto la solución a los problemas con las denuncias anteriores, un ejidatario de otra comunidad de Guachochi tiene en sus manos una carta escrita a mano y busca las firmas de autoridades indígenas para llamar la atención del gobierno.

En la denuncia se lee:

Los derribadores utilizan la noche para sacar el bosque, por supuesto con armas de alto calibre. De día se están en los lugares boscosos o se encierran en corralones privados. Pedimos atentamente que quien compre dicha madera, que pague y le quiten la maquinaria de asierre”.

En esta ocasión la carta va dirigida directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y espera que él mismo la firme de recibido, pues dice que ya no confía en intermediarios ni en las instituciones estatales.

Joaquín, a quien nombraremos con este seudónimo para proteger su identidad, era una de las autoridades tradicionales de su comunidad, en un ejido del municipio de Guachochi. Se dedicaba principalmente a la siembra de maíz y frijol, pero abandonó su hogar hace más de cuatro años después de recibir amenazas por negarse a autorizar la tala y sólo vuelve en ocasiones.

—Porque en mayo empezaron y hasta la fecha pos no le han parado. Todos los días han andado tumbando. Ahorita pues ya no, ya están terminando con todo. Le dieron vuelta al cerro—, dice Joaquín.

Cuando visita Guachochi, la cabecera municipal, para hacer algún mandado, reconoce los camiones que talan la madera en el ejido. Los ve estacionados en la salida a Parral, donde se encuentran los grandes aserraderos, pero siente que no puede hacer nada.

En 2021, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) clasificó a Chihuahua como “foco rojo” junto a Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco y al Estado de México, porque “inciden en más de alguna incidencia delictuosa” relacionada con la tala ilegal.

—La presencia de grupos organizados se ha detectado en toda la cadena del proceso del aprovechamiento de la madera, en predios forestales, en el transporte, en el almacenamiento, en la transformación y la comercialización de materias primas y productos forestales, —dijo la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores en conferencia de prensa en octubre de 2021.

Para procesar la madera, los ejidos y aserraderos emiten “remisiones forestales”, documentos con un código guía que certifica el origen legal de la madera. Después, los centros de almacenamiento emiten un “reembarque forestal” que certifica el origen. En toda esta cadena de producción la madera lleva códigos autorizados que comprueban el origen inmediato anterior.

Aún así, las autoridades se han visto incapaces de detener la tala ilegal y la Semarnat ha aceptado en múltiples ocasiones que alrededor de la mitad de la madera producida en el país tiene un origen ilícito.

Desde mediados de 2021, en los últimos meses de la administración del exgobernador Javier Corral, organizaciones de la sociedad civil solicitaron una serie de audiencias públicas sobre la tala ilegal en la sierra con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Desde las primeras sesiones y hasta la última, en febrero de 2022, ya en el gobierno de Maru Campos, el delegado estatal de la Semarnat, Gustavo Alonso Heredia, declaró que han fallado en investigar a fondo esta problemática.

—Agarramos un camión que transporta, simplemente lo detenemos porque no trae guía, paga su multa, se le decomisa, pero nunca se fue al origen de dónde la tala clandestina se inició—dijo el funcionario.

Los grupos criminales dedicados a la tala ilegal “lavan la madera” mediante el manejo indebido de permisos y documentación forestal —como la duplicación o el robo de guías—, la complicidad de líderes ejidales —a veces forzada—, la vigilancia de “halcones” en el camino que avisan cuando las autoridades realizan inspecciones y la transformación del producto en aserraderos clandestinos —que muchas veces operan de noche.

Toda esta cadena de faltas permite que la madera extraída ilegalmente sea regularizada y vendida a empresas completamente legales en diferentes ciudades de Chihuahua, como Parral o Cuauhtémoc.

Heredia cree que es necesario modernizar el sistema de guías y ligarlo al sistema fiscal mediante facturas desde el inicio del aprovechamiento para que sea más difícil duplicar los documentos. Pero aún así, cree que los grupos criminales podrían encontrar la manera de evadir este obstáculo, pues “van un paso o dos adelante” de las autoridades, dijo.

LAS CONVERSACIONES DE LA TIERRA

La selva tiene su forma de habla —dice Jesús, un hombre rarámuri de unos 60 años a quien también llamaremos con un seudónimo—. Nosotros tenemos habla, oído, la naturaleza no, ella lo hace por medio del suelo, por medio de sus raíces, y transmisión del polen, entonces hay un apoyo de atraer las lluvias.

Pero esos árboles ya no están, dice. Cada vez quedan menos pinos, encinos y madroños que hablen entre sí por debajo de la tierra. —Y tampoco abuelos de nosotros los hablantes ya no hay quien diga esto, quien dé el consejo—, explica en entrevista.

En su comunidad, en un ejido del municipio de Guachochi, un grupo armado se dedica a la tala. Sin la marca oficial, derriban los pinos, les cortan las ramas y se llevan el tronco como un cadáver sobre los camiones.

Esto comenzó en la década de 1990. Él, como todos los que se han opuesto, ha recibido amenazas. A otros menos afortunados “los quitaron del camino”. Ahora, el comisariado ejidal y otras autoridades colaboran en el negocio y aprueban la tala, aunque sea por miedo y por recibir un pago simbólico por la madera que se llevan.

Jesús tiene el don de ver de noche, el “don de los sueños”, como él lo describe. En ese plano mágico del mundo rarámuri, al cual entra como si fuera una iglesia, Jesús conoció el manto freático, un templo subterráneo. Dice que allí está el dueño del agua.

Cabecera municipal de Guachochi.

—Se acaba el dueño del agua porque ya está llegando el calor al lomo de él… no hay quién lo ayude a absorber la atmósfera. Había muchos pinos grandes y le ayudaba a que estuviera permanente ese acuífero… se acabó el dueño del agua, se secó el manto acuífero—, dice.

Joaquín cuenta una historia parecida.

La humedad llega a las tierras donde uno siembra —dice en un tono sereno, cuidando cada palabra—, porque los pinos están alrededor de donde sembramos, donde vivimos, y siempre está húmeda la tierra. Pues ya, esos pinos ya no hay, ya se acabaron, los tumbaron todos.

Con la falta de pinos y la sequía generalizada, los aguajes de su comunidad tienen agua pocos meses al año. La gente vendió todas las vacas y ya quedan pocos que aún tengan chivas.

Uno de los gobernadores de su comunidad invitó a los taladores a entrar al territorio. Empezaron con unas tierras que habían sido descuidadas y rápidamente se extendieron. La mayor parte de la gente se opuso, como él, pero no pudieron detenerlos.

Bernardo Manzano, fundador de la organización PIES de la Tierra, una asociación civil enfocada en el trabajo comunitario y la regeneración del bosque, explica que las comunidades que están mejor organizadas son las que sufren menos los efectos de los grupos criminales que intentan entrar en su territorio.

—Se dice que gente de las comunidades está también involucrada, entonces alguna vez hablando con técnicos forestales, me decían que siempre que hay un problema de tala se ocupa como un apoyo, como un puente de parte de la misma comunidad—, explicó.

Pero el dinero de la tala, el que tendrían que pagar al ejido por la madera extraída, no se ve en la comunidad.

Carretera entre Parral y Guadalupe y Calvo.

En las rancherías hay casas vacías. Las familias abandonaron sus campos y sus animales. Además de la tala, los nuevos ocupantes —mestizos— aprovechan los terrenos para sembrar maíz y avena, o para pastar el ganado que después venden como carne en la cabecera municipal.

Cuando alguien decide interponer una denuncia, a pesar de las amenazas, tampoco sucede mucho. Parecen ser inútiles, por eso prefieren callar.

Para no tener otro problema nos quedamos serios, no decimos nada. Con tal de quedar bien con ellos para que no nos afecte, por eso no hemos dicho nada—, dice Joaquín.

Ese miedo también ha estado presente en las audiencias públicas con las autoridades. Los representantes de Semarnat, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chihuahua (INPI) y de las organizaciones de la sociedad civil lo han dejado claro: las denuncias son inhibidas por la inseguridad y el riesgo en que viven las personas afectadas y en la mayoría de los casos no tienen resultados favorables.

Incluso ellos, los funcionarios, temen por sus vidas.

“LAS DENUNCIAS ESTÁN SIENDO CALLADAS, POR TEMOR, POR SEGURIDAD… MUCHAS DE LAS COSAS EN LAS MESAS AMBIENTALES NO LAS DAMOS A CONOCER PRECISAMENTE PORQUE TENEMOS TEMOR… ESTE ES UN RIESGO QUE TAMBIÉN SUFRIMOS LOS FUNCIONARIOS”

—Gustavo Heredia, delegado de la Semarnat.

EL HOGAR DE LOS TEPEHUANOS

Con buena velocidad, en poco más de cinco horas se puede llegar por carretera desde Guachochi a Guadalupe y Calvo, el municipio en el extremo suroeste de Chihuahua que forma parte del “Triángulo Dorado”.

Las barrancas, mesetas, ríos y arroyos de este territorio son el hogar del pueblo ódami, la segunda cultura indígena más numerosa del estado. Esta geografía agreste inspiró el nombre por el que conocemos a este pueblo en español: tepehuanos, una palabra de origen náhuatl que significa “gente de la montaña”.

Su idioma, el “tepehuano del norte”, es primo hermano del pima u oishkama no’oka, primo segundo del tarahumara o rarámuri, y pariente lejano del náhuatl. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay al menos 9,855 hablantes de esta lengua.

Pero como en muchas regiones de la Sierra Tarahumara, la violencia generalizada y la corrupción han expulsado a cientos de estas personas de su lugar de origen, las han obligado a buscar un nuevo inicio lejos de la tierra que conocieron y sembraron.

Un camino de tierra de 70 kilómetros sobre las montañas te lleva de la cabecera municipal hacia Baborigame, al norte. De ahí salen brechas hacia las caras menos visibles de los cerros, donde abundan los cultivos de amapola, pero también laderas incendiadas intencionalmente para ocultar los rastros de la tala ilegal, como ha sucedido en el Ejido Llano Grande.

Ahí, dice Armando, un ejidatario entrevistado que también llamaremos con un seudónimo, los titulares del ejido han perdido el control de lo que pasa en su territorio. Los terrenos se venden sin papeles de por medio y los permisos de tala se firman de manera irregular por el desconocimiento de las personas y la presión que sienten de los grupos criminales.

—Teníamos 22 mil hectáreas en el ejido y ahorita tenemos por ejido la carretera… porque por la carretera podemos pasar libres y por otros lados no, todo está vendido, cercado, desgarrado—, dijo el entrevistado, quien recuerda que hace cuarenta años los pinos eran más altos y más anchos.

En la Sierra Madre Occidental, también conocida como Sierra Tarahumara, se encuentran 24 especies de pino, 54 de encino y 7 de madroño, de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), lo que la corona como una de las zonas de mayor biodiversidad del país.

En Baborigame los conocen por sus nombres comunes, una prueba difícil para quien viene de fuera. Entre los encinos están el colorado, el de hoja ancha, el saucillo, el blanco y el chino. Entre los pinos están el real, el colorado, el prieto, el triste y el piñón, por nombrar algunos.

La leña de encino se aprovecha para cocinar y calentar la casa en los gélidos inviernos, con las estufas que se usan tradicionalmente en la mayoría de los hogares serranos. Aunque también hay un interés económico ahí, sobre todo por mestizos, la madera de pino es la más codiciada por los grupos criminales.

Los pinos que salen del Ejido Llano Grande llegan hasta aserraderos en Parral con las guías y documentos necesarios, de apariencia legal, para comercializarse.

Tala y quema en el ejido Llano Grande, municipio de Guadalupe y Calvo.

—Toda la gente humilde, de bajos recursos, por dos, tres mil pesos le firmaban y listo. La temporada les dieron mil pesos a cada persona. Y se llevaban un millón o dos millones de pies—, continuó.

Guadalupe y Calvo es el cuarto municipio más pobre de Chihuahua, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Con cifras de 2015, la medición más reciente, se calculó que el 85.2 por ciento de la población de ese municipio vivía en situación de pobreza.

Esto equivale a 34 mil 082 personas cuyos ingresos no alcanzan para sus necesidades más básicas y tienen al menos una carencia en cuanto a educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacio de vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación. De entre estas personas, 8 mil 860 viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, tienen al menos tres de estas carencias.

Para Armando, es en parte por la necesidad de la gente y en parte por la presión de los talabosques que los ejidatarios, ódami en su mayoría, acceden a aprobar la tala sin moderación. Pero la mejoría en la calidad de vida no aparece. Al contrario, el dinero de los pinos y el cultivo de la amapola parece nunca llegar a sus manos.

De la población total del municipio, el 28 por ciento habla una lengua indígena, principalmente tepehuano del norte y rarámuri, con 9 mil 037 y 5 mil 055 hablantes respectivamente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020. Estos grupos indígenas tienen una larga historia de discriminación en el municipio, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En Baborigame y sus alrededores todavía se escucha que les llamen gente “sin razón”, a diferencia de la gente “de razón”, que son los mestizos, una costumbre arraigada desde hace décadas.

En su Crónica de un país bárbaro, publicada en 1955, el periodista Fernando Jordán escribe sobre los abusos que cometen tanto caciques locales como las autoridades en contra de la población nativa. Pero el cronista también describe a los rarámuri como “indios sin color, sin alegría”, que representan “un lastre” para la economía mexicana.

Asegura que para “los indios” de la Sierra Tarahumara, “dos o tres pinos valen para él una ardilla”, pues los indígenas tiran los árboles con sus hachas con tal de atrapar estos animales y calmar su hambre, por lo tanto nada costaría a ellos compartir esa riqueza con las compañías madereras de la época, que en ese entonces estaban en un estira y afloja con el gobierno del estado.

Al hablar del municipio de Guadalupe y Calvo, Jordán lo describe como el último territorio por conquistar, un tesoro de pino desaprovechado por la industria maderera, inaccesible por la falta de buenos caminos.

Ahora, por el camino que conecta a Baborigame con Guadalupe y Calvo, la gente ódami sale de sus rancherías a esperar el transporte colectivo. Entre los madroños, ven cuando se acerca uno de los camiones que por decenas, pasan cargados de pinos cada día, levantando nubes de polvo que los desaparece por un momento.

Cuando llega el transporte, se amontonan en su interior. Cualquier hueco es un asiento y donde cabe uno sentado, caben dos de pie. La pequeña camioneta pasa sólo una vez al día y no pueden darse el lujo de esperar la siguiente.

A las orillas del camino se ven varios grupos de cruces colocadas recientemente. Un ejidatario dice que fueron colocadas en memoria a algunos jóvenes asesinados en los últimos años por “problemas personales”. Sus casas lucen vacías, el resto de la familia huyó.

EL CACICAZGO MESTIZO CONTRA COMUNIDADES TEPEHUANAS

Candelaria Vega Lombre fue la primera en advertir las intenciones de los hermanos Alderete, por apoderarse de sus rancherías, de sus tierras, árboles y ganado.

Ella vivía con su familia en la comunidad ódami Cordón de la Cruz. El cacique de aquella región, Cornelio Alderete, comenzaba a rondar las viviendas y a advertirles que les quitaría sus propiedades porque él era el dueño.

Candelaria, una mujer de espíritu fuerte, empezó a organizar a personas de las comunidades por las violaciones que recibían. Los Alderete la amenazaron en una ocasión con cortarle la cabeza si continuaba organizando a las tres comunidades: Cordón de la Cruz, El Tepozán y Mesa Colorada, las tres del municipio de Guadalupe y Calvo, recuerda Isela González Díaz, directora de la organización Alianza Sierra Madre.

La tienda Conasupo del pueblo estaba a cargo de Candelaria, conocía a toda su gente y amaba su tierra.

La lideresa ódami falleció por causas naturales el año pasado, sin ver la justicia. Sus hijos y las comunidades que defendió son víctimas de desplazamiento forzado y no han podido regresar a su tierra, pero mantienen la lucha judicial con la asesoría y acompañamiento de Alianza Sierra Madre.

En 2014, Cornelio y Aurelio Alderete hicieron una solicitud de enajenación de las propiedades de las tres comunidades, porque supuestamente eran terrenos nacionales. Con esa sola solicitud, sin que hubiesen recibido respuesta, los hermanos amedrentaron a los habitantes de las tres comunidades y una parte de la comunidad Susepe.

Como narra Isela González, vinieron una serie de agresiones. Les cercaron gran parte del territorio a las comunidades, hubo despojo y robo de ganado. De tal suerte que entre 2014 y 2016, se interpusieron una serie de denuncias y no han parado. Con la ex coordinadora del Ministerio Público de la Zona Sur con sede en Parral, fueron integrando con lentitud las carpetas de investigación.

En 2017 la familia de Julio, a quien llamaremos con este seudónimo, huyó de Cordón de la Cruz, en la región de Baborigame, por amenazas de Cornelio Alderete Arciniega. Según declaró en entrevista, el cacique les aseguró que la tierra era suya y que fue a la Ciudad de México a arreglar sus papeles.

—Como tres veces llegó a la casa, y si no, que van a acabar con toda mi familia, y me vine a vivir aquí. Quiere la tierra para él solo, ya tiene mucha tierra, muchos ranchos, cerquita tiene otro rancho de nosotros. Quería ampliarse, quería correr a la gente para quedarse solo con todas las tierras—, dijo.

Con muchos esfuerzos, la familia se trasladó a un poblado cercano, donde pudieron establecerse en una choza con apoyo de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI). Aunque después de cuatro años ya están más cómodos ahí, especialmente porque ya no sienten el miedo de que hombres armados irrumpan en su hogar, aún extrañan la tierra en la que crecieron.

—Está más bonito allá que aquí. Es el barranco, ahí casi no hace frío como aquí. No hay pinos allá. Hay naranjas, papaya, mango, guayaba, limas también. Yo sí quiero regresar para allá, aquí no es tierra de nosotros, allá sí—, dijo otro miembro de la familia.

En el mismo año que huyeron desaparecieron a su padre. Aunque identificaron a las personas que se lo llevaron y denunciaron el hecho, no ha habido seguimiento al caso y no saben nada sobre su paradero.

Dicen que entre los grupos armados que los obligaron a salir, hay también gente ódami, incluso familiares de ellos mismos, que cedieron ante la presión o por las ofertas de los caciques locales.

—Mucha gente tepehuana se mete y ya no sabes si son parientes o son primos, ya te chingaron—, dijo.

En 2019, las comunidades ódami de Cordón de la Cruz, Tepozán y Mesa Colorado denunciaron de nuevo que desde hace tres años vivían bajo amenazas de Cornelio, su hermano Aurelio Alderete “y su grupo de pistoleros”, a quienes acusaron de querer expulsarlos desde su territorio.

“Nos han robado ganado, nuestras comunidades están cercadas, en la Mesa Colorada han cortado el abasto de agua y no tenemos cómo alimentarnos”, se puede leer en la solicitud de audiencia firmada de recibida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; el capitán general de los Tepehuanos de la Zona de Baborigame, Guadalupe y Calvo; la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Bienestar, el día 18 de septiembre de 2019.

La audiencia se llevó a cabo un mes después con la participación de las personas afectadas, autoridades y la principal persona señalada de cometer los crímenes, Cornelio Alderete. El representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Carlos Grado Castillejos, dejó claro que el trámite de solicitud de terrenos nacionales es sólo una solicitud y no le otorga propiedad de las tierras a Alderete.

De las múltiples denuncias interpuestas contra estos hermanos, una ya fue judicializada a finales del año pasado. Por delito de despojo contra Mesa Colorada, Cordón de la Cruz y El Tepozán, vincularon a proceso a los Alderete, quienes enfrentan el caso en libertad condicional. También fue judicializada en este caso una familia de Susepe, primos hermanos de los Alderete.

Los quejosos solicitaron que el caso fuera atraído por los juzgados en la ciudad de Chihuahua, porque las víctimas consideraron que no hay condiciones para que se lleve a cabo en la sierra. En pleno proceso, en octubre de 2020, las autoridades estatales detuvieron en la ciudad de Parral al abogado de los Alderete, Juan Chávez Pinto, por el delito de secuestro con penalidad agravada.

De manera paralela, el caso también se encuentra en la SEDATU. En diciembre de 2021 tuvieron una reunión con funcionarios de la dirección de la Propiedad Rural y de acuerdo con Isela González, en dicha reunión se puso en evidencia que la dependencia ignoraba que Mesa Colorada está en supuestos terrenos nacionales y que la comunidad tiene acreditada posesión por lo menos desde antes del reparto agrario.

Baborigame, en Guadalupe y Calvo.

—Y las otras comunidades son parte del ejido Baborigame. La posesión de la comunidad de Mesa Colorada, que la tienen desde antes del reparto agrario, se acreditó con un peritaje topográfico y otro antropológico que demuestran el lugar donde están asentadas las viviendas de las tres comunidades indígenas y que éstas hacen uso del territorio de manera colectiva con actividades agropastoriles. Esto quiere decir que las instituciones deben saber que las comunidades indígenas tienen las viviendas y parcelas en uso individual, pero el uso colectivo tiene que ver con actividades agropastoriles y centros ceremoniales. Ahí acuden a hacer rituales, que para los tepehuanes estos lugares o ceremonias son privadas, sólo pueden asistir las personas ódami—, agrega González Díaz.

La activista advierte que de no reconocer el derecho de las comunidades en litigio, la SEDATU violaría la legislación nacional e internacional que reconoce los derechos indígenas.

Los funcionarios de la dependencia federal también desconocían que Aurelio y Cornelio Alderete tienen carpetas de investigación abiertas por despojo, amenazas, lesiones y por privación ilegal de la libertad. Una de esas carpetas, ya judicializada.

El 11 de enero, representantes de las tres comunidades y de Susepe, se reunieron con la directora de Terrenos Nacionales y le presentaron toda la documentación para demostrar que los supuestos terrenos nacionales están asentados en la comunidad de Mesa Colorada, así como las pruebas que acreditan las agresiones de los Alderete.

Por ahora, falta que la dependencia realice el dictamen y se envíe a las autoridades correspondientes, por lo que las comunidades urgieron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Mecanismo federal para la protección (del que uno de los integrantes es beneficiario), para que intervengan y eviten que se cometa un atropello contra las comunidades ódami que han resistido por años.

Entre las denuncias que ha interpuesto la comunidad de Mesa Colorada se encuentra la privación ilegal de la libertad de Francisco Julián Báiz, ocurrida el 19 de mayo de 2017. Como respuesta a este crimen, la Ceave informó que de manera bimensual atiende a la familia integrada por 35 personas, víctimas de amenazas y despojo.

Les han ofrecido apoyo psicológico, asesoría jurídica, ayuda emergente y la construcción de cinco viviendas para la familia en 2019. En 2020 les otorgaron 80 mil pesos para el mejoramiento de dichas viviendas en otra parte del estado.

La misma dependencia informó que además de la desaparición de Francisco Julián Báiz, recibieron la denuncia por la desaparición de Martín Barro Esparza y la denuncia por daño en contra de otra mujer de una de las comunidades afectadas.

COLORADAS DE LA VIRGEN, CUATRO DÉCADAS DE DISPUTAS

A cuatro horas de Baborigame, en camioneta, se encuentra Coloradas de la Virgen, un conjunto de rancherías que desde la década de 1980 ha sido violentado por grupos armados que pretenden controlar el territorio.

Las personas afectadas, en su mayoría rarámuri, han denunciado desde hace décadas al mestizo Artemio Fontes como el cacique que controla al grupo de sicarios, amenaza a los habitantes y los obliga a huir para quedarse con sus tierras y continuar con el negocio del cultivo y tráfico de amapola y mariguana, así como con la tala.

El 24 de octubre de 2018 asesinaron a uno de los líderes de Coloradas de la Virgen, Julián Carrillo Martínez. Su familia huyó junto con otras familias de líderes y amigos de Julián, que han denunciado por décadas la tala ilegal y han advertido de proyectos extractivos que no les han consultado. La comunidad central se vació, sólo quedaron rancherías periféricas que forman parte de Coloradas de la Virgen.

En octubre pasado, por el homicidio de Julián Carrillo y de su hijo Víctor, condenaron a dos hombres y un Tribunal de Juicio Oral les reconoció como líderes de territorio ordenando al Estado que investigue a los autores intelectuales porque reconoció también a toda la comunidad como víctima afectada. La situación no cambió…. empeoró.

Hasta el verano de 2021, aún vivía ahí la familia de María, a quien nombraremos con este seudónimo. Contaban con una parcela con chile, tomate, frijol, maíz y calabaza, además de chivas que pastoreaban en la meseta. Fueron las últimas personas desplazadas, después de una larga lista de familias que cambiaron su proyecto de vida para salvarse.

En junio un grupo armado comenzó a amenazar a la gente para que se fueran e incrementar su dominio del territorio. Al escuchar que el grupo estaba cerca y ver casas cercanas en llamas, huyeron sin poder llevarse nada.

El 13 de junio, quemaron algunas casas de las rancherías Los Ángeles y Puerto Amarillo. Quemaron la tienda del pueblo, sus dueños huyeron. Ahí mismo comenzaba a funcionar la escuela para la niñez indígena, pero también quemaron los documentos y las familias se fueron.

Saquearon la escuela Pascual Orozco de la ranchería Santa Cruz. Las maestras huyeron con sus familias a ciudades de Chihuahua y Sinaloa, una de ellas interpuso una denuncia por el saqueo y por el robo de una camioneta pick-up que utilizaban para la escuela. Denunciaron ante la Zona Militar 42 y ante la Fiscalía Zona Sur.

La portavoz de la Secretaría de Educación y Deporte, Eva Trujillo Rodríguez, confirmó que la escuela de Coloradas de la Virgen (del centro de la comunidad) cerró hace tres años y las escuelas de La Cruz y Los Ángeles, cerraron el semestre pasado por falta de alumnos.

El 13 de junio atacaron otra comunidad, Puerto Amarillo y también quemaron casas. Asesinaron a Raúl Chávez Palma de 45 años.

“HACÍA MUCHO QUE ESAS PERSONAS, LOS CACIQUES, PELEABAN LAS TIERRAS Y METÍAN CERCOS, ENHIERBABAN EL AGUA, A LOS ANIMALES LOS ECHABAN A LA SIEMBRA PARA QUE SE LA COMIERAN. AHORA LOS QUIEREN PARA SEMBRAR DROGA, AMAPOLA Y ROBAR TODO. ÚLTIMAMENTE LOS APOYA UN SEÑOR QUE SE LLAMA FEDERICO GARCÍA LOERA, QUE VIVE EN EL MUNICIPIO DE MORELOS”

Víctimas de desplazamiento forzado de Coloradas de la Virgen.

Agregaron:

—Tuvieron que salir muchas familias indígenas de Los Ángeles, donde le quemaron la tienda a un señor; de Sahuérare, de Sitánachi de Guadalupe y Calvo y también del municipio de Morelos.

—Nos salíamos ahí afuera de la casa a dormir y ya en la mañana nos fuimos para la casa pues, a ver los animales, las chivas… Nos fuimos temprano y vimos la fogata ahí enfrentito donde vivía el vecino, y ya de ahí nos arrendamos, dijo una de las personas entrevistadas, víctima de desplazamiento forzado.

Lejos del hogar, la vida les cambió por completo. Ahora tienen la necesidad de pagar renta y comprar comida, cuando antes vivían de sus cultivos. Para pagar la renta se necesita dinero y para tener dinero en los pueblos y en las ciudades se tiene que trabajar en actividades a las que no estaban acostumbrados.

La familia y otros habitantes del poblado huyeron al monte y a casas vecinas de confianza. Después de algunas horas se fueron a poblados y ciudades más lejanas, donde corrieran menor peligro. En agosto declararon ante la CEAVE que huyeron alrededor de cuarenta personas.

Identificaron a los agresores como miembros del grupo que dirige Artemio Fontes, en el que participan varios miembros de su familia y agregaron otro nombre: Federico García Loera, quien presuntamente es cacique de las rancherías de Coloradas de la Virgen que limitan con el municipio de Morelos.

…Ahí salían ellos a trabajar, en veces les pagan, en veces no, es que uno no conoce a la gente aquí, si son pagadores o no son—, dijo otro de los miembros de la familia.

Aún estando fuera, como muchas otras víctimas de desplazamiento forzado, siguen recibiendo amenazas mediante recados de vecinos o familiares, por lo que tampoco permanecen tranquilos. Así, se han dispersado en diferentes ciudades y poblados del estado, para desaparecer de la mira de los agresores y buscar trabajo en otras tierras.

De acuerdo con las personas que fueron desplazadas en 2021, el grupo de los Fontes tiene conflictos internos y ahora también se están disputando el territorio entre ellos, lo que ha incrementado los niveles de violencia.

La CEAVE informó respecto del último grupo de Coloradas de la Virgen, que en agosto les entregaron 80 despensas, atención médica y entrega de medicamentos. También se levantaron denuncias. Pero de las familias que huyeron a otras partes del estado, no se informó.

El 4 de octubre de 2021 realizaron otra visita en el lugar de desplazamiento, para dar seguimiento y atender a cuatro familias desplazadas de Puerto Amarillo. Les entregaron despensas y cobijas.

Ahora, además de los negocios madereros y de siembra de cultivos ilegales, los pobladores indígenas que aún residen en Coloradas de la Virgen tendrán que enfrentarse a un nuevo proyecto: la minería.

En 2010, la Secretaría de Economía otorgó la concesión de exploración minera “La mesa del cobre” a Mario Humberto Ayub Touché en un 50 por ciento y los hermanos Arcadio y Artemio Fontes Martínez, hijos de Artemio Fontes, con 25 por ciento cada uno.

La concesión tiene el título 236200, el expediente 016/38808 y una superficie de 3,104 hectáreas dentro del ejido y la comunidad de Coloradas de la Virgen, tanto en el municipio de Guadalupe y Calvo como en el vecino de Morelos.

Mientras tanto, en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, continúa la construcción de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, impulsada por el gobierno federal, que ya está en funciones.

La única licenciatura ofrecida hasta ahora es la de ingeniería en minas.

DESAPARECER DEL TERRITORIO Y DEL INTERÉS DEL GOBIERNO

Decenas de personas, sobre todo rarámuri, han huido de Coloradas de la Virgen por la violencia en los años recientes. En su historia está el asesinato de los defensores Julio Baldenegro en 1986, de su hijo Isidro Baldenegro en 2017 y Julián Carrillo el año siguiente, habitantes rarámuri que lucharon contra la tala ilegal y el cacicazgo de Fontes.

Se tiene registro de la familia Fontes en Coloradas de la Virgen al menos desde la década de 1940, cuando solicitaron junto con indígenas rarámuri la creación de una comunidad agraria, la cual fue concedida en la parte de las barrancas. Prácticamente en el mismo territorio, un grupo de personas completamente indígenas ya habían solicitado la creación de un ejido casi diez años antes.

La comunidad de Coloradas de la Virgen está dividida en dos formas de organización legal: el ejido, mayormente en las partes altas con bosque de pino, y la comunidad en la parte de las barrancas, con otro tipo de vegetación.

Esta división es geográfica pero también legal. El ejido se estableció primero a solicitud de indígenas rarámuri, pero el trámite legal duró más de treinta años y muchos de sus beneficiarios no alcanzaron su resolución. En cambio, la comunidad fue solicitada por indígenas rarámuri y pobladores mestizos que recién habían llegado, entre ellos la familia Fontes.

Cuando la familia Fontes quiso incursionar en el negocio de la madera, tuvieron que buscar la forma en que se les incluyera en el ejido, por lo que hicieron una solicitud de depuración censal ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

Este procedimiento fue probado como ilegal en tribunales, ya que seis de las nueve firmas que aparecieron en la solicitud eran de ejidatarios que llevaban varios años muertos. Como resultado de la depuración salieron beneficiadas las familias Fontes, Argüelles, Molina y Alvarado.

En más de tres décadas de fallos y amparos, la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen no ha tenido resultados favorables, sino más violencia.

Las familias de Isidro Baldenegro y de Julián Carrillo, así como otros líderes que han sido amenazados, enfrentan condiciones adversas entre el asfalto de ciudades donde viven y entre el encarecimiento de la vida que representa no vivir entre la generosidad de la naturaleza, en la Sierra Tarahumara.

El deseo de las personas desplazadas es volver a su hogar. Las despensas alcanzarán para algunas semanas, pero en su territorio tienen sus chozas y campos de cultivo. Resignadas a tener que sobrevivir lejos de su hogar, exigen que al menos se les proporcionen terrenos donde puedan construir para ya no pagar renta.

El mensaje desde el gobierno del estado es claro: el Presupuesto de Egresos de 2022, recortó un 50 por ciento del presupuesto destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas y 10 millones de pesos a la COEPI.

En la última audiencia pública sobre tala, el 15 de febrero de 2022, el Secretario General César Jáuregui Moreno estuvo presente sólo media hora antes de irse a atender otros asuntos de su agenda.

Como acuerdo de esta sesión, quedó establecida la creación de una mesa permanente entre autoridades y actores de la sociedad civil para atender la problemática de la tala, una mesa que hasta la fecha sigue sin realizarse.

EL DESTINO DE LAS VÍCTIMAS ANTE AUTORIDADES CIEGAS Y SORDAS

Desde 2020 más de una decena de comunidades de los municipios de Guadalupe y Calvo y Guachochi se han vaciado. Caciques e integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han provocado el desplazamiento forzado de decenas de personas indígenas y mestizas.

Los agresores continúan en el territorio, con mayor fuerza desde las elecciones de los nuevos gobernantes estatales y municipales. Las víctimas luchan por la justicia ante autoridades sordas y ciegas que alimentan la impunidad, estas han tenido que arraigarse a otra tierra porque les cambiaron de tajo sus proyectos de vida.

Bajo la tierra se apagan las voces de los árboles talados, pero en los barrancos, bosques e incluso en las ciudades aún caminan los pueblos indígenas y mestizos de la Sierra Tarahumara que buscan vivir en paz.

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Este reportaje forma parte del proyecto “Desaparecer en pandemia”, un trabajo realizado en conjunto entre Raíchali, Elefante Blanco, Técnicas Rudas y la DW Akademie en Latinoamérica. Para revisar la publicación original, conocer más y adentrarte en la versión interactiva, visita https://desaparecerenpandemia.org/

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