El gobierno estatal de Nuevo León y el municipal de Monterrey han dado a la Iglesia católica facilidades extraordinarias para que ésta construya una cruz gigante que ha sido cuestionada por vecinos e incluso por sacerdotes preocupados por el ambiente. La autoridad federal, por su parte, se rehúsa a revisar el posible daño ecológico pese a que hace tres años negó un permiso para otra obra a solo un kilómetro de distancia.
Investigación: Lizzeth López y Cristopher Kanter*
Fotos: Cristopher Kanter y Gabriela Pérez
El cerro Loma Larga, en la capital de Monterrey, es hogar de especies en riesgo y “el último espacio disponible para su sobrevivencia”, dijo la autoridad federal ambiental mexicana, Semarnat, hace apenas tres años, cuando negó un permiso para construir una carretera. Hoy, sin embargo, esa misma autoridad, en el mismo cerro, a sólo un kilómetro de distancia, se ha negado a evaluar con los mismos criterios la construcción de una cruz gigante que la iglesia católica llama Cruz de Monterrey / Memorial de la Misericordia.
Dos áreas del cerro fueron entregadas a la Iglesia católica. Los legisladores del Congreso de Nuevo León aprobaron en 2018, por unanimidad, otorgar un terreno propiedad del estado a la Iglesia católica para la edificación. Se trata de un “comodato indefinido con servicios de agua y drenaje”; es decir, gratis. Por su parte, el gobierno municipal de Monterrey otorgó en 2021 otro terreno contiguo, también en comodato (gratis), a la iglesia católica por 30 años. En total, se cedieron más de 55 mil metros cuadrados, una superficie mayor que el zócalo de la Ciudad de México (incluyendo sus calles aledañas).
En la página web del Memorial, a través de un video, el proyecto es presentado “para transformar una memoria de violencia en un espacio de misericordia, la Cruz de Monterrey con una altura que pueda ser visible desde la mayor parte de la zona metropolitana (160 metros de altura), con un templo a sus pies y un centro comunitario”.
“Este proyecto tiene más de 20 años, a fines de los 90 la Arquidiócesis de Monterrey igual planteaba hacer una cruz… se llamaba Cruz y Luz”, comenta Erika Charles Niño, vocera de la junta de vecinos en resistencia de las colonias Independencia, tanques de Guadalupe y América 2, quienes se han unido para oponerse a la actual construcción de la iglesia. “Es ilógico que en el 2018 nos hayas dicho tú autoridad que hay especies de animales en peligro de extinción y unos cuantos años después digas que siempre sí pueden solo porque está a un kilómetro. No tiene sentido”.
Pese a que les han dicho que el ingreso a este Memorial será por caminos ya construidos, el temor más grande de los vecinos es el desplazamiento. Charles Niño menciona que al ser algo turístico “por ende, va a haber desplazamiento. En algún momento, no ahorita, en unos 5 años o antes van a estar pretendiendo abrir una vialidad por Monterrey”.
El padre José Manuel Guerrero, integrante de la Comisión del Medio Ambiente de la Arquidiócesis de Monterrey, se ha manifestado, junto con otros clérigos y fieles católicos, en contra del Memorial de la Misericordia, pues asegura que el daño socio-ambiental es evidente. “Hemos escalado nosotros a la Arquidiócesis como Comisión del Medio Ambiente, que no es ético y tampoco es cristiano destruir un cerro para parar una cruz, derribar una comunidad para poner una cruz. La cruz de Jesucristo, en vez de manifestar un signo que tiene que ver por su amor por todos, será un anti-signo que manifiesta anti vida, anti fe”.
El presbítero sugiere que, en lugar de invertir en dicha obra, el dinero sea para la construcción de comedores en las colonias de la periferia de la ciudad, para colcar templos donde no hay, dado el crecimiento de la marcha urbana, así como lugares de convivencia común. Agregó además que de manera respetuosa se lo han expresado al arzobispo Rogelio Cabrera López, por lo que esperan que pronto diga que se deslinda completamente de ese asunto, “y que lo deje en manos de empresarios. Que la bronca sea de ellos… La cruz de Jesucristo terminaría siendo un adorno en el que la gente se toma fotos y al que cobran por entrar. Será una vergüenza para Monterrey”.
El Ingeniero Jorge Montemayor Leal, coordinador general y voz de la Arquidiócesis ante este proyecto, comentó en entrevista que “todos los estudios, ingeniería, mecánica de suelo, arrojaron que toda la Loma Larga y esa zona en particular es roca firme, no hay alertas, no hay nada. Entonces no hay dislocaciones geológicas, entonces es roca firme y vamos a poder avanzar en la construcción adecuadamente”.
Sobre la preocupación de los vecinos, el representante considera que “desde luego los títulos de la propiedad es un tema de la autoridad gubernamental, pero ese tema, en lo que nosotros podamos colaborar para que las familias tengan certeza jurídica, claro que vamos a apoyar…ya le describí y subrayo, no se va a desplazar a nadie. En lo personal estuve con Don Rogelio (arzobispo de Monterrey) cuando nació el proyecto, quedaron perfectamente señalados los propósitos y las premisas de éste y lo único que se busca es el bien de la comunidad y la mayor gloria de Dios”.
“¿Por qué a nosotros nadie nos vio?”
El viento en dirección al norte mueve el cabello de la señora Laura Marín Sánchez, quien conversa de pie en el cerro Loma Larga, a un costado de la imagen de la virgen instalada el pasado mes de diciembre en la explanada del Memorial. “Tengo desde que nací viviendo aquí, 44 años. Me casé hace 27 y desde entonces vivo en esta casa”, comenta mientras dirige la mirada a su hogar ubicado a menos de 100 metros de donde iniciaría la obra, justo detrás de un tanque de agua colocado para abastecer al Memorial.
La señora Laura encabeza una de las más de 100 familias que habitan de manera irregular en la zona antes conocida como el antiguo camino a San Agustín, hoy barrio de La Cima. Relata que, desde muy niña, ella guarda en su memoria reuniones de vecinos intentando regular sus predios. “Se hacía una junta de La Unión 13 de mayo… desde entonces estaba eso de querer regularizar, después ya cuando yo estaba casada, yo creo que unas cuatro o cinco veces, ¿verdad Paty?..”, le pregunta a una de las vecinas que la acompaña.
Ambas coinciden en que personal del programa de gobierno para regularización de la tierra, Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY), llegaron hace más de 20 años con el fin de brindarles apoyo para la regularización, pero nada se concretó. “Vinieron a medir los terrenos, pero nada más hasta ahí llegó. No procedió más ni nada. Nomás lo midieron y dijeron que después venían a decir qué teníamos que llevar y a dónde teníamos que acercarnos, pero hasta ahí se quedó. No nos dieron ni un papel donde dijera: ‘Tu manzana, tu lote, y esto es hasta aquí y es lo que vas a presentar’. No nos dieron nada. Ellos se llevaron todo”.
A estos intentos de regularización, relata, se suman los apoyos colectivos a candidatos que durante cada campaña prometen darles papeles de sus terrenos y casas: “Cuando vienen del PRI o así, dicen ‘vamos a ver si se puede arreglar’ y no ganan. No pasa nada”.
El barrio La Cima alberga a cerca de 500 personas que por años han carecido de servicios básicos como agua y luz; respecto al agua, existen cortes distribuidos en varias partes de la zona alta, por lo cual deben organizarse para abastecerse, cooperando una cuota de 48 pesos para hacer funcionar una bomba colectiva: “Yo batallo más porque como estoy en lo alto, pues el tanque no tiene cómo subir el agua para acá, entonces la acarreamos… Con botes nos bañamos”, cuenta la señora Laura.
La sala de su casa se percibe como un triángulo y uno de sus extremos forma su cocina. De espaldas, viendo hacia su ventana y colocándose un mandil, Laura suspira para contar que su barrio es de gente trabajadora que ha sobrevivido “gracias a su organización y ganas de superación. Nos ha costado. Sí, todo. Aquí nunca viene agua y drenaje. Nunca. Nosotros cortamos los tubos y si una parte se tapa, se rompe, cooperamos siempre y se arregla. El pavimento nosotros lo hicimos con nuestras manos, porque algún gobierno donó el material y dijo ‘ustedes se encargan de la mano de obra’ y nosotros lo hicimos. Por eso, cuando decían que la obra (la cruz gigante) era por el bien de la comunidad, pues el bien de la comunidad es el agua, la luz. Ellos tienen, tengo entendido, ese tanque para abastecer esa obra (señala hacia el exterior en referencia al Memorial) y después a todo el proyecto, ¿por qué a nosotros nunca nos conectaron de ese tanque, por qué ahora para ellos sí es fácil adquirir esos permisos y por qué a nosotros nunca nadie nos vio?”.
La contradicción ambiental
En el año 2019, a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/04855, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal negó autorización a la interconexión carretera que conectaría Monterrey con San Pedro, atravesando el cerro Loma Larga. Dentro de sus conclusiones, la secretaría afirma que la zona “cuenta con ecosistemas naturales y conservados que sustentan matorral submontano, que sirven como hábitat de fauna donde se distribuyen especies en categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT 2010, y es el último espacio disponible para su sobrevivencia”.
Semarnat argumentó que se encontraron seis especies en categoría de riesgo: “Murciélago hocicudo de curazao (Leptonycteris curasoae), murciélago hocicudo mayor (Leptonycteris nivalis, murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana), musaraña desértica norteña (Notiosorex crawfordi), ocelote (Leopardus pardais) y tigrillo (Leopardus wiedii).
Sin embargo, apenas tres años después, y bajo el mismo gobierno, la autoridad ambiental no se ha manifestado del mismo modo por el revivido proyecto católico en el cerro Loma Larga.
En agosto de 2019, bajo el oficio 139.003.03.659/19, Semarnat emitió lineamientos ambientales para el proyecto Cruz de Monterrey, los cuales –señala el biólogo asesor en derecho ambiental y restauración de zonas afectadas, Antonio Hernández Rodríguez–, “se traducen en que esa obra requiere los dos permisos federales que son la autorización de impacto ambiental y la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”. Agregó que al menos en la primera fase que lleva el proyecto, se estima “ya fueron realizados 3 mil 500 metros cuadrados de desmonte”.
Esos lineamientos al proyecto Memorial de la Misericordia –especificó el 22 de marzo pasado la secretaría, ante una solicitud de transparencia– “son lineamientos ambientales, los cuales no son considerados como autorización”. Dentro de la respuesta declara que las coordenadas de ubicación propias del proyecto “no tienen una proyección cartográfica definida”.
A pesar de lo anterior, en otra consulta pública hecha a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) –órgano desconcentrado de Semarnat– para conocer si la obra del Memorial requería o no un permiso federal, la institución respondió: “Se detectó que las obras se realizan sobre terreno desprovisto de vegetación forestal, donde no se observa la remoción de vegetación forestal. Así mismo, haciendo uso de Cartografía Nacional Serie VL, uso de suelo y vegetación geográfica e informática INEGI 2015 se observa que la superficie correspondiente a dicho proyecto, se encuentra clasificada como de Asentamientos Humanos, es decir, la superficie en que se encuentra no es de competencia federal, y por lo tanto no requiere de autorización de la autoridad federal”.
“El equipo de inspectores de la Profepa de Nuevo León y la Delegada se prestan a actos de corrupción y no dudaría que haya sido el caso, porque además de lo que reportan, alrededor de ésta (área) y de manera inmediata sí hay vegetación forestal basada en especies de matorral desértico y eso, combinado con la extensión que remontaron, obliga a la Arquidiócesis a contar con autorización federal Impacto Ambiental”, concluye el biólogo Antonio Hernández.
Se solicitaron entrevistas a autoridades federales de Semarnat y Profepa, pero no se tuvo respuesta a ninguna de las solicitudes.
A nivel local la obra Cruz de Monterrey cuenta con dos permisos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Nuevo León bajo los expedientes administrativos: L-000154-21 y L-000517-19 (uno por cada predio concedido) y una autorización Condicionada en Materia de Impacto Ambiental por todo el proyecto otorgada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado bajo el oficio: 1776/SPMARN-IA/20.
Ésta última advierte que “el predio presenta escenarios de riesgo geológico de bajo a medio, de acuerdo con el Atlas de Riesgo”, por lo que la subsecretaría cuantificó el costo de compensación por Impacto Ambiental por la “cantidad de $1,541,360.80 (un millón quinientos cuarenta y un mil trescientos sesenta pesos 80/100)”. La suma deberá ser cubierta por la Iglesia en efectivo ante el Estado, o bien, llevar a cabo un programa de remediación equivalente a la cantidad señalada.
Con base a la consulta con folio 192729022000026 en el Portal Nacional de Transparencia (PNT) la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que el proyecto Cruz de Monterrey eligió un programa calendarizado de remediación que se lleva a cabo de 2021 a 2023, el cual fue entregado en octubre 2020 bajo el resolutivo 1776/SPMARN-IA/20 con un costo total de inversión de un millón 959 mil pesos.
Recursos públicos en manos de la Iglesia
Bajo el decreto 383, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó en 2018 la desincorporación de un bien inmueble estatal ubicado en el cerro Loma Larga de Monterrey, con superficie de 33 mil 292.437 metros cuadrados con expediente catastral 07-155-020 para darlo en comodato a la Arquidiócesis de Monterrey para llevarse a cabo el proyecto Cruz de Monterrey / Memorial de la Misericordia mediante contrato de donación a favor del Fideicomiso Banregio 851-01371. El documento también señala que “deberá otorgarse comodato indefinido con servicios de Agua y Drenaje”. Y que de no realizarse el proyecto en un plazo de cinco años, “el decreto quedará sin efectos, revirtiendo la propiedad del inmueble con todas sus mejoras y accesiones al patrimonio del Estado”.
Adicional a este decreto, el Municipio de Monterrey otorgó en 2021 otro comodato del inmueble catastral 07-155-021 con superficie de 12 mil 972.80 metros cuadrados bajo el mismo fideicomiso y construcción. Ambos predios se ubican a solo mil metros de la zona no autorizada por Semarnat cuando se buscaba cruzar el cerro con una carretera.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señala que ante los convenios religiosos “se debe aclarar el fundamento legal de las partes para celebrar el convenio. En el caso de gobierno, la decisión debe estar fundada y motivada en un documento público. La autoridad puede —y hasta debería— establecer condiciones para mantener o revocar el convenio”.
¿Hasta qué punto puede hacerse uso de recursos públicos en proyectos religiosos sin violar principios constitucionales? Se le pregunta a Bohórquez, quien responde: “Depende de la naturaleza de los proyectos que se apoyen. Puede haber iniciativas y proyectos que promuevan distintas iglesias que no sean actos de culto o que no contravengan lo dispuesto en materia constitucional. Pero muchos casos se encuentran en zonas grises que se prestan a confusión y controversia”.
Actualmente, aseguró, no existe un análisis en México que determine los recursos públicos utilizados en proyectos de la Iglesia.
“Morras en el derecho”, colectiva formada por abogadas en Nuevo León, accedieron a los comodatos otorgados a la Arquidiócesis de Monterrey y concluyen que “de dichos decretos no se desprenden los motivos por los cuales están autorizando dicha donación; si bien establecen ciertos fundamentos (artículo 16 de Ley de administración Financiera del estado de Nuevo León), no establecen las razones para dicha determinación; la razón de interés social u orden público que se persiguió con dicha donación, toda vez que desincorpora un bien propiedad del Estado que pudiera ser otorgado para otros fines”.
La colectiva agregó con base a la Ley de publicación del decreto: “Será la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la autoridad facultada para celebrar los actos en donde se haga constar la enajenación de bienes inmuebles del Estado y del uso de esta facultad se informará al rendir la cuenta pública correspondiente”.
El silencio del Arzobispo
Se realizaron más de 60 solicitudes a través del Portal Nacional de Transparencia para conocer más detalles del proyecto, así como varios intentos, a través de cancillería y área de comunicación de la Arquidiócesis, para acceder a una entrevista con el arzobispo Rogelio Cabrera López, quien se negó a otorgarla bajo el argumento de que no haría declaraciones al respecto por ser un tema manejado exclusivamente por el comité del proyecto.
Por su parte, el coordinador general del Memorial, Jorge Montemayor Leal, dijo: “La cabeza de todo esto es el señor arzobispo. Hay muchísimos empresarios, amas de casa, gente pues misioneros que colaboramos en los diferentes comités… Desde luego que sí tenemos el nombre de esas personas pero también algo que le puedo decir es que ninguno de los que estamos participando aquí queremos ser protagonistas”.
Aunque hoy en día existen vestigios de la obra Cruz y Luz en el cerro de la Loma Larga, “finalmente entre la presión que se ejerció en la comunidad y pleitos entre empresarios en ese momento, el proyecto no se llevó a cabo, y 20 años después, lo vuelven a intentar”, remarca Erika Charles, vocera de los vecinos de La Independencia, quien además agregó que “el arzobispo de ese entonces no estaba de acuerdo con ese proyecto y ahí quedó… han pasado dos arzobispos en esos 20 años y ninguno quiso. Lo han estado intentando cada vez que entra una administración nueva en la Arquidiócesis”.
“En 2018 intentamos acercarnos, le enviamos una carta, le pedimos una audiencia. Solo nos sellaron de recibido, jamás nos convocaron… nunca”, dice Charles Niño.
El silencio se extiende también hacia el gobierno municipal de Monterrey, a cargo de Luis Donaldo Colosio Riojas. El 30 de octubre del año pasado, Laura Ballesteros, cabeza de Desarrollo Urbano Sostenible y Ecología del municipio de Monterrey, dijo ante una queja en redes sociales por el daño ambiental de la Cruz: “Cada expediente está en auditoría y habrá actuación”. Casi 8 meses después, aún no se han hecho públicos los resultados de la supuesta auditoría.
“En su momento sí conocí el proyecto porque nació con mi antecesor, el cardenal Suárez Rivera, a él se lo presentaron por primera vez… pero el momento que a mí me lo propusieron, yo no vi, yo no sentí un eco o un interés especial, por tanto, no percibí un respaldo”, declaró en entrevista Juan Francisco Flores Ortega, arzobispo de Monterrey de 2003 a 2007.
Montemayor Leal, vocero del proyecto, dice: “Todo este proyecto es autorizado por la Arquidiócesis. Las obras de construcción del Memorial todas van a ser financiadas, incluyendo la de la Virgen que ya fue construida. Todas son financiadas por donativos de grupos de empresarios, amigos y de la comunidad en general. A la Arquidiócesis no se le requiere ni un solo peso, al revés, estamos para apoyar”.
El biólogo Antonio Hernández indica que “los asentamientos en el cerro Loma larga tienen riesgo hidrometeorológico en lluvias catastróficas, es decir, se pueden inundar. Entonces los espacios sin urbanizar de Loma Larga tienen el efecto de prevenir y de mitigar esta condición”.
La historia detrás del monumento
Existe un precedente, en el extremo sur del país, en Chiapas, donde otra obra monumental a cargo de la iglesia fue planeada. Como en Monterrey, en esa edificación, que pretendía ser “el Cristo más Grande de América Latina”, también hubo cesión de terrenos a la Iglesia Católica y también se argumentó, como ahora se hace con el caso del Memorial de la Misericordia en Nuevo León, que habría un beneficio social para los habitantes de la zona. Sin embargo, 15 años después de anunciada, la obra quedó muy lejos de sus objetivos, según habitantes y autoridades de Tuxtla Gutiérrez.
La otra coincidencia entre ambos proyectos de Chiapas y Nuevo León es Rogelio Cabrera López. El hoy arzobispo de Monterrey fue también el impulsor de la construcción en Tuxtla, cuando fue arzobispo de aquella localidad hace tres lustros.
Era enero de 2007, el entonces Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, junto a quien fuera arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López (hoy arzobispo de Monterrey), anunciaron la construcción del Cristo más Grande de América Latina en la meseta del Cerro Mactumatzá perteneciente al ejido Zoque de Copoya.
La obra monumental incluía la imagen de un Cristo con altura mayor a los 60 metros, restaurante, lugar para negocio de comida y artesanías típicas de la región, además de cajones para estacionamientos y demás áreas recreativas que servirían como atracción turística y empuje económico para el ejido y resto del estado. Sería consolidado con 20 millones de pesos en un lapso de 365 días. Sin embargo, quince años después hacen falta 70 millones de pesos para ello, asegura el actual arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez: “Le faltó, por decirlo así, el 60 por ciento de todo el proyecto porque había hasta un espacio para los peregrinos, todos los servicios incluidos en el estacionamiento, la seguridad periférica…”
La historia del Cristo de Copoya, hoy conocido como “El Glorioso Cristo de Chiapas” menciona que el predio donde fue construido se solicitó en donación, para después edificar la imagen. Por su lado, el entonces presidente del patronato del Cristo, Felipe Granda, comentó en entrevista que “el terreno estaba a nombre de ellos; se compra por aportaciones de la Arquidiócesis y ya luego se construye”.
Sin embargo, la versión del Periódico Oficial número 027-3ª, con fecha 10 de abril del año 2013, da fe, cinco años después, de la desincorporación del patrimonio municipal con superficie de 11 mil 734.92 metros cuadrados “para enajenarlo vía donación a favor de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Asociación Religiosa donde se encuentra el Santuario del Cristo de Chiapas”, ya que “en febrero de 2012, por medio del ciudadano Rogelio Cabrera López, en esa fecha arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, “solicitó al Ayuntamiento de cuenta la donación del inmueble”.
Además de haberse construido sin documentos que avalen dicha propiedad a la Arquidiócesis, la obra no contó con permisos para llevarse a cabo, según lo declara el ayuntamiento del estado en respuesta a dicha solicitud bajo el folio 070126122000018, requerido en PNT al confirmar la inexistencia de la información “debido a que se trata de una obra de infraestructura pública de orden turístico”.
“Históricamente las obras de gobierno tratan de evitar el tema de la tramitología de los permisos, pero de acuerdo con el reglamento de construcción no están exentos”, señaló el actual secretario de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, Hermilo Bedrán Ruíz. Agregó que la obra debió contar también con permisos de impacto ambiental.
De lo contrario “obviamente se está implementando la acción en un lugar que no cumple ya con los permisos o los lineamientos correctos y para ello tendrían que hacer diversas gestiones… es una obra ya añeja para nosotros, actualmente no podríamos actuar”, concluyó.
Con base a lo mencionado en dicho periódico oficial, la Arquidiócesis contaba con un año para regularizar el predio, empero, bajo la consulta de transparencia se manifiesta que “no obra ningún título de propiedad de la institución beneficiada, ninguna información referente a nombre de quién está el terreno en la Meseta de Copoya… hoy conocido bajo la obra Glorioso Cristo de Chiapas y tampoco existen comprobantes que avalen su regularización, ubicación y extensión”.
Actualmente el Glorioso Cristo de Chiapas cobra una cuota de $20 pesos por auto ingresado al lugar, impidiendo la toma de fotografías, pues sólo es con permiso que requiere pago previo. Habitantes comentan que “tampoco permiten venta de artesanías ni comida típica”. El lugar es administrado por una rectoría de la misma Arquidiócesis.
“Antes se decía que era parte de un patronato, participaba la esposa del Juan Sabines, Felipe Granda, había representantes de Copoya, pero quienes mandaban eran ellos… no nos deja nada de lo que ellos cobran… verdad al pueblo de Copoya no nos ha traído beneficios”, concluyó en entrevista el presidente Ejidal de Copoya, Bioquinto Sánchez Cundapí.
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*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
