Migración

Prisiones digitales: la detención (in)visible de inmigrantes en Estados Unidos

BI SmartLink es la aplicación que el ICE comenzará a incorporar como medio para vigilar a los inmigrantes indocumentados. Fotografía: BI SmartLink.

Las cárceles digitales, creadas en el 2004 como una opción a la detención física, son en realidad “migajas de libertad” que estigmatizan, acosan y censuran a personas migrantes. Cada año aumenta el número de personas bajo este esquema de detención que representa un jugoso negocio de más de 500 millones de dólares al año

Por Daniela Suárez / Pie de Página

Un día, mientras M.O. esperaba su ropa en la lavandería, el grillete electrónico empezó a chillar: “¡Recargar batería! ¡Recargar batería!”. En ese instante, tuvo que salir corriendo: aunque se supone que la carga del aparato dura 8 horas, con el uso ésta se reduce a dos o tres, detonando el protocolo de emergencia cada vez que la pila se agota.  Quienes portan el grillete lo saben: si la alarma se activa, los agentes contratados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) también se pondrán en funcionamiento. Lo que sigue son incesantes llamadas telefónicas: a quienes portan el dispositivo, a sus familiares, amigos, conocidos. No importa la hora del día o de la noche. 

Como M.O., en Estados Unidos hoy 227 mil personas están sujetas a “alternativas de detención” (ATD, por sus siglas en inglés) a través del Programa de Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés) de inmigrantes. Así lo documenta el reporte “Rastreo y Captura: Experiencias de las prisiones digitales de ICE”, publicado a finales de mayo y producto de la colaboración de organizaciones[1] que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. El informe, que también fue presentado en una asamblea digital con el mismo nombre, documenta cómo este sistema de seguimiento electrónico saca a las personas de los centros de detención físicos, pero los confina a un encarcelamiento digital en el que la vigilancia tiene “consecuencias atroces […]  sobre las comunidades inmigrantes [, ya que] inhiben físicamente y perjudican la salud y el bienestar».

Este programa, fundado en el 2004, ha crecido exponencialmente desde entonces y más del doble respecto a la administración anterior desde que Joe Biden asumió la presidencia. El sistema “supervisa” a inmigrantes que en muchos casos no habrían sido detenidos por ser considerados de “bajo riesgo”’. El “monitoreo” se realiza a través de grilletes de tobillo electrónicos y de aplicaciones telefónicas con tecnología de reconocimiento facial y de verificación de la voz. Esta “alternativa” también incluye monitoreos telefónicos, reportes obligatorios a las oficinas de una agencia migratoria, visitas de un agente al hogar, arresto domiciliario y restricciones de viaje. En algunas jurisdicciones las personas monitoreadas tienen que pagar una tarifa de “usuario” por este “servicio”.

Un negocio millonario

El aumento exponencial de quienes son vigilados por ISAP no implica, como pudiera pensarse, un descenso de personas en centros de detención de inmigrantes “tradicionales”.  Durante la asamblea de “Rastreo y captura” la congresista por Michigan, Rashida Talib, señaló que, por eso, hablar de las prisiones digitales como “alternativas a la detención” es sumamente impreciso, ya que este sistema no hace sino expandir los alcances del sistema de detención de personas migrantes. El reporte presentado documenta, por ejemplo, que el número de personas en centros de detención no se redujo, mientras solo en el último año la cantidad de inmigrantes en custodia digital aumentó más del 100% en ciudades como Dallas, Nueva York o Boston. En Phoenix el incremento fue de más del 1000%.

El presupuesto de $527 millones de dólares solicitado al Congreso por la administración de Joe Biden para el 2023 permitiría duplicar el número de personas que actualmente están sujetas al ISAP. En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Talib y otros 25 legisladores subrayan que la industria privada opera este programa –a un costo millonario–, con lo que demuestra el afán de lucro vinculado a la “vigilancia y el enjaulamiento” de personas migrantes.

Ante este escenario, activistas, organizaciones y personas afectadas por el programa han exigido que el Congreso rechace seguir financiando todas las formas de detención y criminalización de inmigrantes. Sin embargo, dice Talib, aunque en realidad no suponga otra cosa que su expansión, es difícil desmentir el mito de que la vigilancia tecnológica sea una “alternativa” más humana, inteligente e inofensiva que la prisión tradicional.

Migajas de libertad 

Las personas que han sido encarceladas y después sujetas a ATD no suelen querer hablar de su experiencia. Mario es una excepción. Ha vivido en Estados Unidos por más de 30 años y tras estar preso por seis meses en un centro de detención para inmigrantes fue ingresado en el programa de ATD: se le colocó un grillete en el tobillo y después tuvo que instalar SmartLink, la aplicación de monitoreo por celular. Aunque se suponía que había sido puesto en libertad, las condiciones en las que eso sucedió, dice Mario, son “migajas de libertad”. Y es que, además del estigma y el temor que produce este tipo de detención, también se vende la idea de que la celda digital es mejor que la física y que quienes caen en ella deberían “estar agradecidos”. Pero aunque sean digitales, señala Mario, estos sistemas “siguen aterrorizando a personas y comunidades a través de la vigilancia y el miedo».

La supervisión del ISAP puede producir no solo estigmatización y vergüenza, sino también malestares físicos, como dolores, irritación e infecciones. El grillete, que “parece que pesa dos kilos», dice Samuel, modifica para mal la postura corporal y la forma de caminar, dormir o desempeñar las tareas más cotidianas. Además, también perjudica su capacidad de sustento: es difícil encontrar un empleador que entienda que una persona en ATD tiene que faltar al trabajo uno o más días al mes para reportarse ante ICE y ante el ISAP; o que a una hora determinada por la agencia tienen que hacer o recibir llamadas y mandar fotografías para confirmar su identidad, así como compartir su ubicación las 24 horas del día.

Una mujer, que por miedo a represalias prefirió no dar su nombre, se pregunta qué va a pasar con todos los datos e información que se han recogido de ella a través de la aplicación que la monitorea. Le preocupa no tener la certeza de que no espíen también a sus hijos o de que las conversaciones que tiene con amigas o con familiares, o simplemente con gente que se encuentra por la calle, no sean privadas. Le produce ansiedad no saber si podría recibir una descarga eléctrica del grillete mientras se ducha, o si éste podría usarse para verla. Otros, como ella, admiten haber internalizado la vigilancia y haber dejado de hablar o de hacer ciertas actividades por miedo a que éstas sean observadas por los dispositivos que son obligados a llevar en el cuerpo. Los números y los testimonios de las personas encarceladas evidencian, en efecto, que la creciente “opción” digital también impacta de manera negativa el estado físico y psicológico de los inmigrantes y sus comunidades.

Como explica Harsha Walia en su libro Border and Rule. Global Migration, Capitalism, and the Rise of Racist Nationalism, la estigmatización de los migrantes es un eslabón más dentro de una cadena de justificaciones engañosas para incrementar la fronterización al interior del territorio nacional e implementar prácticas de detención y deportación cada vez más invasivas y de mayor alcance. No es casualidad que estos sistemas de control sean tan visibles e intrusivos.

Así, el sistema de vigilancia electrónica se erige como un muro alrededor de las personas que lo portan. Un muro que hace que proliferen las fronteras dentro del territorio nacional, otra vez convertidas en criminalización, en silenciamiento de lazos familiares y comunitarios y en un bloqueo casi definitivo de cualquier posibilidad de organización o de respuesta. Son muros que significan exclusión de espacios públicos y privados por el estigma y las dificultades materiales que implica la prisión digital. Por eso, la solidaridad y el compromiso con los derechos humanos de los migrantes son tareas urgentes para Estados Unidos y para todos los territorios que las personas que migran buscan, o cruzan, para formar un hogar seguro.

En su libro, Harsha Walia también nos recuerda que hay una larga historia en la que “los golpes coloniales, los acuerdos comerciales de extracción de recursos naturales y mano de obra, el cambio climático y la opresión impuesta son los principales impulsores del desplazamiento de México y Centroamérica a Estados Unidos”. La migración, dice Walia, “es una consecuencia predecible de estos desplazamientos”; es decir, estamos ante un sistema que crea migrantes y personas refugiadas pero que, al mismo tiempo, los criminaliza dentro y fuera de sus fronteras.

Luchar en contra de todas las formas de detención y control de migrantes, físicas o digitales, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo significa, en muchos sentidos, luchar contra las asimetrías de poder producto del imperialismo y del capitalismo. Esas pugnas no suceden, desde luego, solo en la nación septentrional, donde los colectivos locales y nacionales que luchan en contra de la deportación se organizan formando alianzas, compartiendo información y, en suma, “constru[yendo] el poder” necesario para contrarrestar los usos de la tecnología como “táctica opresiva”. Esas formas de resistencia se tejen en todo el continente e insisten en la posibilidad de imaginar un mundo en el que la lucha, la resistencia y la comunidad no sean negociables. Un mundo, para decirlo con las organizadoras de “Rastreo y captura”, en el que “la única alternativa real a la detención sea la libertad».


[1]  African Bureau for Immigration and Social Affairs (ABISA), Boston Immigration Justice and Accountability Network (BIJAN), Community Justice Exchange, Detention Watch Network, Envision Freedom Fund, Freedom for Immigrants, GLAHR, Just Futures Law, La Resistencia, Long Beach Immigrant Rights Coalition (LBIRC), Mijente, Organized Communities Against Deportations (OCAD), y Youth Justice Coalition. El informe fue redactado por Aly Panjwani y Hannah Lucal.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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