En el juicio contra el excomisionado nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, acusado de vender 45 mil perfiles de personas desaparecidas y sus familiares, poco se ha hablado de las víctimas, las partes han argumentado sus posturas. La tarde de este jueves, el juez debe dictar sentencia
Por Paula Mónaco Felipe, Luis Brito, Wendy Selene Pérez
Ciudad de México- Carga de la prueba, artículo de la ley y discusiones de doctrina jurídica. Un diccionario de tecnicismos —y de poderes— se vivió durante las audiencias de martes y miércoles en el juicio contra el excomisionado nacional de búsqueda Roberto Cabrera Alfaro. Pero hubo dos palabras prácticamente nunca mencionadas: “desaparecidos” y “víctimas”. Ese hueco de más de 100 mil personas que sufre nuestro país pareció un detalle, algo no importante de nombrar en la sala 2 del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
En las dos horas con 57 minutos que duró la última audiencia, sólo un par de veces se dijeron. La única persona que las utilizó fue el asesor de la demandante Comisión Nacional de Búsqueda, Javier Schütte, quien refirió al contexto, a “personas desaparecidas” y la “crisis humanitaria”. También pidió al juez Felipe de Jesús Delgadillo que incluya esa perspectiva en su sentencia porque, dijo, podría tener un efecto reparador para miles de familias que buscan.
Por lo demás, nada se habló del drama de un país que suma nuevos desaparecidos cada día, más de 52 mil cuerpos sin identificar y más de 4 mil fosas clandestinas. Aún cuando el juicio se realiza por el presunto tráfico de datos genéticos de miles de personas desaparecidas y de sus familiares.
Entre los testigos no se citó a ninguna víctima, ninguna voz de los familiares y organizaciones de afectados estuvieron presentes ni fueron llamados a declarar.
Fueron dos audiencias dedicadas a que la partes argumentaran sus posturas. El acusado, el abogado y exfuncionario Roberto Cabrera Alfaro, se mantuvo inmutable. Prácticamente no miraba a quienes exponían.
Aunque el juicio es oral y público, apenas tres periodistas el martes y cinco el miércoles estuvieron presentes dando cobertura. Pese a que los testimonios escuchados estos días hablan del presunto traspaso de 45 mil perfiles genéticos, un posible contrato por 70 millones de pesos y la posible filtración de información confidencial de miles de personas, además de otros detalles revelados en la investigación Traficantes de ADN, la justicia sólo analiza ahora una pequeña fracción de hechos: un contrato firmado entre el excomisionado Cabrera Alfaro y la empresa Central ADN S.A. de C.V. (comercialmente conocida como ADN México) y la presunta entrega de miles de perfiles genéticos en una memoria usb el día 31 de mayo de 2017.
La defensa de Cabrera Alfaro: un pase de abordar y un recibo de Uber Eats
El excomisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, alega que no estuvo en su oficina de la CNS en la Ciudad de México el 31 de mayo de 2017, fecha y sitio donde la FGR acusa que cometió el hecho. En el juicio, el exfuncionario proporcionó una cronología de los lugares donde asegura que estuvo ese día.
Dijo que estaba en Culiacán participando en la investigación del asesinato del periodista Javier Valdez. Que a las tres de la tarde (hora local) abordó el vuelo 0285 de Aeroméxico y aterrizó a las seis con cinco minutos de la tarde en la Ciudad de México. Que salió del aeropuerto por la puerta cuatro, donde lo esperaba el policía federal Fredy Navarrete Hernández en su camioneta oficial y él lo llevó directamente a su domicilio, ubicado en un edificio en avenida Vasco de Quiroga frente al centro comercial Santa Fe. Asegura que nunca se detuvo en la CNS (donde Mariana García Sosa, directiva de la empresa dice que le entregó el USB).
Ofreció como prueba de la hora de llegada a su casa el recibo de un pedido por la aplicación Uber Eats a un restaurante de mariscos de Santa Fe realizado a las ocho con cinco minutos de la noche. Según el recibo, los alimentos (un ceviche de atún y unas croquetas por los que pagó 455 pesos) se le entregaron a las ocho y media de la noche.
También ofreció como testigos al policía Navarrete Hernández, en esa época asignado al área de Cabrera Alfaro como chofer, y al fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, Ricardo Sánchez, quien testificó que estuvo el 30 de mayo de 2017 con el acusado en Culiacán.
Desafiante, el famoso abogado Javier Cruz Angulo, defensor principal de Cabrera, lanzó recurrentes provocaciones a las representaciones de fiscalía y CNB, a quienes señaló “defectos de interrogación y defectos de búsqueda”. En ese tono también marcó supuestos errores técnicos en el documento de imputación —dejando entrever que pelea más desde la forma que el fondo— y aseguró que la Fiscalía General de la República “no demostró” que su representado haya copiado la información a la empresa privada el día 31 de mayo de 2017.
Desestimó el valor del documento firmado por su cliente con esa fecha al decir que “el hecho de que se firme un oficio no significa que se hayan entregado los perfiles” e incluso puso en duda la existencia misma de los perfiles genéticos: “nadie puede comprobar que los perfiles genéticos existen”.
Cerró su alegato diciendo: “¿Se puede demostrar que el señor Roberto Cabrera Alfaro el 31 de mayo transmitió información? No”.
No dijo que no hubiera ocurrido en otro momento. Y durante las rondas de réplicas abundó: “No pueden decir la hora porque saben que no sucedió el 31 de mayo de 2017. Ese día no sucedió”.
La fiscalía: un oficio muestra que Cabrera “entregó” información
El Ministerio Público, representado por Julio Antonio Cobos Castillo y José Salvador Lucio Gómez, centró su postura en que “quedó acreditado el acceso del acusado a los perfiles genéticos” en virtud de su cargo, así como que el USB con información sensible fue “entregado” infringiendo la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
Cobos Castillo remarcó que existe un documento firmado por Cabrera Alfaro con la empresa privada y “la existencia de ese oficio es una evidencia física de la cual se derivan circunstancias clarísimas”. Insistió en que el convenio firmado con Sosa y fechado en el papel el 31 de mayo de 2017 es una prueba documental que “no fue rebatido por ningún medio de prueba” e incluso el excomisionado “no desacreditó que es su firma”.
Aseguró que los testimonios de los directivos de Central ADN fueron válidos, coherentes y útiles —ya que la defensa los desestima— y por el contrario restó validez al testimonio del policía Fredy Navarrete, quien dijo laboraba como chofer de Cabrera Alfaro pese a estar formalmente asignado para otras tareas.
La participación de la fiscalía fue extensa y tecnicista. No mencionó el contexto ni el trasfondo de miles de desapariciones.
Las familias de las víctimas eran vistas como clientes
Los asesores legales de la Comisión Nacional de Búsqueda, dependencia que inició la causa, insistieron en que está debidamente demostrado que Cabrera Alfaro “cometió un ilícito de manera dolosa” al entregar a una empresa privada miles de perfiles genéticos a los cuales tenía acceso en virtud de su cargo. Que no tenía atribución de recabar ni de trasladar ni compartir información y que prueba que sí lo hizo es que la empresa Central ADN entregaba a las familias información “en la que se incluía incluso el número de carpetas de investigación con posibles identificaciones.”
Al igual que el MP, los asesores jurídicos de la parte demandante insistieron en la validez del documento firmado por Cabrera y García Sosa. Ya que ni los defensores del excomisionado lo objetaron como falso, dijeron que debe considerarse válido.
Javier Schütte, quien lideró el alegato de la CNB, remarcó que según dichos de una testigo no se trata de unos pocos sino 45 mil perfiles genéticos. Además aseguró que “no fue solamente una entrega de perfiles, fueron varias” e instó a la Fiscalía General de la República “investigar rigurosamente” datos que se desprenden de este juicio así como que “los testimonios vertidos sean integrados como prueba” en posibles procesos futuros que aborden lo que ahora no se está investigando. “¿Quiénes más entregaron perfiles? ¿Por qué tuvo acceso esta empresa a esta información? ¿Quién se benefició?”, fueron algunas de una serie de preguntas que realizó el abogado.
De acuerdo a lo dicho por los empresarios, dijo Schütte, queda claro que los familiares de desaparecidos “eran vistos como clientes. La mercantilización de estos casos dolorosos”.
Hacia el final, el abogado Jesús Adrián Crespo recordó que en entrevista con la revista Proceso, el hoy acusado admitió haber pasado información a la empresa privada, que sus dichos están publicados.
El juez dictará sentencia este jueves 30 de junio de 2022 en audiencia a partir de las 16:30 horas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
