Chihuahua encabeza la lista de ocho estados del país que fueron identificados por su alarmante situación de violencia y conflictividad contra las poblaciones indígenas; casos de desaparición forzada, homicidio, criminalización y despojo de territorio, entre otras violaciones graves
Por Astrid Arellano / Mongabay Latam
En México, la violencia no se detiene contra los pueblos indígenas que defienden el territorio y los recursos naturales. Criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos, además de las históricas condiciones de pobreza y desigualdad, son las principales amenazas que enfrentan. A ello se suma la impunidad, que juega en contra de las comunidades y favorece a las bandas del crimen organizado, así como a cuestionados proyectos extractivos, hidroeléctricos, energéticos y turísticos.
Así lo señala el informe titulado “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas”, elaborado por la Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En el documento publicado en junio de 2022, la organización de derechos humanos con base en Filipinas y con trabajo en México desde 2020, ubica a los ocho estados de la República donde la situación de los pueblos indígenas es alarmante debido a la alta conflictividad provocada por la presencia de grupos de poder, paramilitares y delincuencia organizada. Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y la zona fronteriza entre el estado mexicano de Campeche y Guatemala, figuran en la lista.
Lee más: Violencia y disputas sobre las tierras ancestrales: una mirada a los pueblos indígenas de Latinoamérica
El informe analiza, puntualmente, 16 casos en los que se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en 2021, entre ellos 5 eventos de desplazamiento forzado; 3 de desaparición forzada; 3 de homicidio; 2 de violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); 1 de criminalización; 1 de despojo de territorio y 1 más sobre violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, la negativa del Estado a reconocer a los integrantes de un pueblo indígena como sujetos de derechos y obligaciones, así como a gozar de los derechos civiles fundamentales.
La publicación reconoce, además, que si bien existen más agresiones de las que se lograron documentar a profundidad, se presentan los relatos de 13 de los casos con el propósito de contar a detalle cada uno de esos eventos de violencia.
El asesinato de cinco defensores indígenas en Paso de la Reyna, Oaxaca, entre enero y marzo del 2021, es uno de los casos analizados. Otro de ellos es el de Loma de Bácum, Sonora, en julio del mismo año, fecha en la que desaparecieron 9 personas —de las cuales 7 eran pertenecientes al pueblo yaqui—. O más adelante, en noviembre, los 47 ataques registrados con armas de alto calibre contra 10 comunidades del municipio de Aldama, en Chiapas, que provocaron que sus pobladores se vieran forzados a desplazarse, en medio de un conflicto por las tierras.
Casos en total impunidad
Según el informe, los casos se dividieron en dos tipos: de asedio, que incluye desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidio; y los de desprecio, referentes a la violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, criminalización, violación al CLPI y despojo de territorio.
En los casos de asedio, IPRI documentó como agresores directos al crimen organizado, a grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política. Sin embargo, en 9 de los casos las comunidades señalaron vínculos de estos grupos con los gobiernos estatales y municipales, mientras que en 2.5 casos más, se han visto involucradas las fiscalías locales o regionales.
Anabela Carlón, abogada originaria del pueblo indígena yaqui, en Sonora, e investigadora de IPRI, detalló que estos datos se obtuvieron con la colaboración de ocho organizaciones indígenas que acompañan los casos en los territorios —y con quienes crearon un grupo núcleo—, además de un proceso de documentación que incluyó visitas a las comunidades para la recolección de testimonios de las víctimas directas.
“Hemos estado observando de cerca, no solo por el informe, sino por lo que sale en los medios de comunicación y lo que los pueblos viven y cuentan”, dice la abogada defensora. “El crimen organizado tiene mucho que ver en esta situación y está coludido con los gobiernos locales y estatales. En las entrevistas, las personas señalan que fueron amenazadas por el crimen organizado y que las autoridades no pudieron actuar o que sus peticiones fueron ignoradas”.
De acuerdo con Carlón, en algunos casos el Estado ha sido permisivo con los grupos criminales y, en general, con la comisión de delitos contra los pueblos indígenas mexicanos.
“El Estado ha presumido que tiene más elementos, preparación y un montón de cosas —por ejemplo, a la Guardia Nacional— y pide que se hagan denuncias, pero la violencia en vez de bajar, va en aumento. En todas partes se está viviendo la violencia con mayor intensidad, esa es una constante”, afirma.
Citlalli Hernández Saad, coordinadora ejecutiva de IPRI en México, señala que existe una responsabilidad del Estado en cuanto a las denuncias, pues uno de los elementos más importantes del informe tiene que ver con la falta de actuación de las fiscalías y del Poder Judicial en los casos. Esto ocurre, sobre todo, en lo que se refieren a homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, pues en estos eventos de violencia, indica la experta, hay una clara comisión de delitos de carácter penal que tendrían que ser investigados y donde las autoridades están actuando en colusión para que la impunidad prevalezca.
“Aquí vemos que el 100 % [de los casos documentados] está en la impunidad”, afirma Hernández. “Ninguno ha tenido el acceso a una definición donde haya sentencias contra presuntos responsables y, solo en algunos [dos] casos, vemos que existen detenciones. Pero en los demás casos ni siquiera hay seguimiento de denuncias, incluso documentamos comunidades a las que no les quisieron tomar la denuncia sobre algunas de las agresiones que enfrentaron”, agrega.
Además, el informe puntualiza que el 60 % de las víctimas señaló que apenas se iniciaron las carpetas de investigación y que, en uno de los casos, se negaron incluso a recibir una denuncia.
Para Hernández, además, lo más preocupante es que haya fiscales que son señalados por los pueblos indígenas debido a su participación directa con el crimen organizado.
“Hemos escuchado la denuncia de que existen fiscales —por lo menos dos, de quienes nos reservamos el origen porque no queremos poner en evidencia a las comunidades—, que han sido señalados por ser parte de los mismos grupos criminales. Esa situación se lleva a un nivel en el que la impunidad es total y el acceso a la justicia es muy limitado para las comunidades”, asegura la coordinadora.
Respecto a los cinco casos clasificados como de desprecio —a diferencia de los otros casos de violencia— en este segundo tipo el informe describe a la violencia ejercida desde las instituciones, basada en la discriminación estructural y el racismo. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, el Registro Civil ha negado actas de defunción a la comunidad rarámuri de Tehuerichi, lo que ha derivado en problemas como la falta de regularización en la tenencia de tierras y la exclusión de programas de apoyo al campo. Sin embargo, el problema en Chihuahua es mucho más amplio y de larga data. El informe puntualiza que las comunidades rarámuri han sido históricamente ignoradas en temas como el reconocimiento de la posesión ancestral de su territorio y la realización de proyectos, por lo que, en todos los asuntos que le afecten, “deben recurrir a los amparos para lograr el respeto o disfrute de sus prerrogativas”.
En todos los casos, el informe apunta hacia la negativa en el acceso a recursos económicos, desmovilizar a las comunidades o desincentivar la organización comunitaria. De esta forma, un 60 % de los afectados afirmaron que el motivo era la discriminación, ejercida principalmente desde las instituciones de los gobiernos estatales con el propósito de mantener el control político del territorio, de los recursos naturales y de las disputas agrarias.
Un panorama desolador para los pueblos indígenas
Abel Barrera, defensor de derechos humanos, originario del pueblo indígena nahua y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan —una de las organizaciones consultadas para el informe—, en Tlapa, Guerrero, señala que el problema está asociado a la multiplicación de grupos de civiles armados que han irrumpido en los territorios comunitarios de la sierra para ocuparlos, al igual que en la parte baja de la montaña, en el municipio de Chilapa.
“La presencia del crimen organizado ha causado graves afectaciones a las familias en cuanto a seguridad y tranquilidad. Es un panorama desolador”, asevera. “Otro gran problema es el desplazamiento forzado por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que buscan apropiarse de los bienes naturales, como el bosque, el agua y los caminos para el trasiego de la droga. Ha habido desplazamiento de familias que han tenido que salir por falta de protección de las autoridades. Es un desplazamiento invisible, por miedo a que les afecte su patrimonio familiar, los persigan o los asesinen”, afirma.
Barrera apunta que, frente a este contexto en Guerrero, el gobierno está alejado y no está respondiendo a las urgencias de seguridad, ni tampoco a las demandas sobre temas de salud, alimentación y educación.
“Entonces, sí hay un desmantelamiento de la vida comunitaria”, agrega. “Es parte de las preocupaciones que tenemos. Es un estado convulso donde la violencia ha imperado en lugar del estado de derecho y las poblaciones indígenas se encuentran asediadas, avasalladas, sometidas, luchando, resistiendo y, obviamente, exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto”.
Además, Barrera agrega que, si bien ha habido un seguimiento del gobierno federal a algunos de los conflictos en estados como Oaxaca o Chiapas, su intervención no ha tenido la eficacia necesaria para resolverlos y sus esfuerzos han quedado rebasados.
“Son diálogos truncos, acuerdos no cumplidos”, agrega el defensor. “Sobre todo, en los territorios indígenas donde hay más violencia, vemos que no se ha podido lograr contención, hablando de paramilitares, crimen organizado, civiles armados, caciques locales que están ahí, latentes, y son los que, en los hechos, imponen sus leyes y el uso de la fuerza para tomar el control de la población. Las intervenciones no han sido tan sencillas porque están muy arraigados los conflictos y requieren un tratamiento mucho más integral de los tres niveles de gobierno para combatir la impunidad, porque hay crímenes no investigados, sin castigo”, concluye.
La búsqueda de un acercamiento al Estado mexicano
A partir del lanzamiento de este informe, IPRI México busca el acercamiento con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y su titular, Alejandro Encinas, con la intención de que conozca y atienda las recomendaciones, pero también para solicitar su intervención en los casos que han sido públicos y que no tienen denuncias penales presentadas, pues las comunidades tienen miedo de hacerlo.
“Están ocurriendo las agresiones más graves —homicidios, desplazamientos y desaparición forzada— como represalias a las propias comunidades por presentar denuncias públicas o penales”, puntualiza Hernández Saad. “Es comprensible que haya comunidades que tengan temor a hacerlo. Eso implicaría que el Estado mexicano tendría que estar pendiente de lo que va pasando y ahí vemos que la Subsecretaría tiene una responsabilidad para que, con la información que obtengan, ellos mismos generen procesos de investigación ante las fiscalías sin que eso ponga en riesgo a las comunidades”.
IPRI formuló cinco recomendaciones al Estado mexicano. En primer lugar, el establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado de pueblos indígenas. La segunda tiene que ver con la creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones, es decir, gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías locales y regionales, y así “romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”, puntualiza el informe.
Una tercera recomendación está relacionada a la protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una coordinación interinstitucional, para que las comunidades cuenten con análisis de riesgo apropiados, planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad. En cuarto lugar, mencionan que el Estado mexicano debe adoptar medidas suficientes para garantizar condiciones para el acceso a la justicia a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, la quinta recomendación se refiere al diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades, donde IPRI señala la urgencia de atender los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los pueblos indígenas.
La intención general, expone Hernández, es que la Subsecretaría pueda escuchar y analizar las recomendaciones con detalle y que, de manera conjunta, se puedan diseñar estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de los pueblos y las comunidades.
Mongabay Latam solicitó una entrevista a la Subsecretaría, sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.
“No tenemos que esperarnos a que tengamos casos de homicidios, de desapariciones o de desplazamiento forzado para intervenir”, concluye Hernández Saad. “Hay señales claras de discriminación sistemática que vulnera los derechos de las comunidades y que se tiene que intervenir de manera pronta para evitar llegar a escenarios de violencia como los que estamos señalando”.
***
