Para la construcción de la Torre Centinela se anunció una sospechosa asignación directa a una empresa igualmente poco transparente y objetada en otros lugares. Y todo esto es el preludio de una corrupción anunciada.
Por Jaime García Chávez
La obra insignia del sexenio maruquista, la Torre Centinela, que se construirá en Ciudad Juárez, es la inauguración de la opacidad en materia de obra pública. Y cuando el río lleva aguas opacas, es que la corrupción es uno de sus componentes.
A media semana, el representante del gobierno en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez, dio a conocer que la empresa foránea SeguriTech será la encargada de construir la Torre Centinela. La decisión se finca en una asignación directa, absolutamente discrecional, que relega una licitación pública, que es el mecanismo democráticamente idóneo y competitivo, porque permite el concurso más amplio de quienes puedan participar por estar instalados en el sector de la construcción, las comunicaciones y la informática.
Pero además también se relega lo que aconseja un nivel más alto de ética pública, como sería realizar una invitación restringida a quienes acrediten tener la calificación para una obra que costará, eso se dice por ahora, 4 mil millones de pesos, cantidad que no se soporta en las carencias de que adolece el Presupuesto público de Chihuahua.
La Ley de Obras Públicas dispone una prelación para la toma de estas decisiones. En primer lugar, la licitación púbica y abierta; en segundo, la invitación restringida, y por último, la asignación directa, que da pie, antes que nada, a la opacidad, luego a la corrupción, y finalmente a la impunidad.
El ejemplo de la construcción de la llamada Ciudad Judicial en la capital del estado, es más que elocuente al respecto.
El anuncio que hizo Ibañez, es decir, el gobierno del estado, vino acompañado con nombre y apellido. Será la empresa SeguriTech la que realice la obra bajo el mecanismo de “llave en mano”. Esto quiere decir que llegará un día en que esta empresa diga “la obra está terminada”, como quien dice “la casa en la que va a vivir está concluida y aquí tiene las llaves”.
Es un artilugio mediante el cual los funcionarios de Obras Públicas, el papel que juega la Función Pública y la Auditoría Superior se aligeran, porque para el gobierno sólo queda la responsabilidad de pagar y la empresa de entregar la obra, aunque como suele suceder, a partir de ahí empiezan todo tipo de problemas. Es un mecanismo de repartir obras millonarias y curarse en salud.
En esta decisión hay que ponerle la lupa tanto a la gobernadora Maru Campos como a Gilberto Loya, el secretario de Seguridad Pública, porque el único asidero para la asignación directa son razones que se escudan en el concepto de “seguridad”. Sólo empresas y personas altamente confiables –¿en criterio de quién?– pueden estar enteradas de los planos por donde corre la fibra óptica, los ductos, el cableado, las cámaras, los lugares neurálgicos de la torre, en fin, los que supuestamente justifican que se tome esa decisión en la oscuridad, el sigilo y la secrecía, engranajes predilectos del contratismo y el favoritismo en el reparto de la obra pública, mediante el cual se vertebran los andamiajes para las transferencias y los moches a empresas fantasma.
Es una historia que ya se sabe, pero se repite, prohijando que el funcionariado de primer nivel se convierta en el centro de negocios que nada tienen que ver con el interés público, y mucho menos con la seguridad.
Tanto la gobernadora como Loya se han movido amparados en estas artes cuando estuvieron al frente del municipio con la empresa DYNTRA, a la que se le asignaron, también de manera directa, herramentales para la seguridad pública en el municipio de Chihuahua.
Habría que decir, además, que el historial de SeguriTech no respalda esta asignación, pero de eso me ocuparé en otra entrega.
Toda esta información podría ser aprovechada por el “enemigo público número uno” de Maru Campos, Javier Corral, quien, según se sabe, durante su quinquenio tuvo información nada favorable, en términos de honestidad empresarial, sobre la hoy favorecida SeguriTech.
Entonces pareciera que esa rivalidad y odios se están trasladando a decisiones públicas de mucha importancia. Y en medio de esa pugna, que va ir creciendo, triturada estará, nuevamente, la ciudadanía.
Tengo dudas de que esta Torre Centinela no está pensada en términos de un urbanismo que corresponda para Ciudad Juarez, que en todo caso debiera recuperar su casco original con miras a propiciar una convivencia ciudadana diferente, sobre todo por la diversidad que hoy tiene esa frontera, receptora prácticamente de migrantes internos y externos.
Pero no sólo eso. No se ha demostrado suficientemente la pertinencia de esa obra. Es claro que su ubicación en Ciudad Juarez podría ser en otro lugar en el mismo Ciudad Juárez. Pero de fondo, lo que se reclama es que de todos esos pisos de la eventual Torre van a ser ocupados por burócratas que nada tienen que ver con tareas de inteligencia, para atender un estado tan vasto territorialmente.
La narrativa oficial habla de que será en Juárez por el estigma que carga esta ciudad en materia de delincuencia. Pero hoy, la ciudad de Chihuahua está a la cabeza, en un municipio que gobernó María Eugenia Campos por cinco años, que se prolongan en la administración de Marco Bonilla.
El tema dará mucho de qué hablar. Por lo pronto, se anunció una sospechosa asignación directa a una empresa igualmente poco transparente y objetada en otros lugares. Y todo esto es el preludio de una corrupción anunciada.
07 julio 2022
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
