Andrés Manuel López Obrador debe identificar quiénes presionan para que no se resuelva el caso Ayotzinapa. Tras los perpetradores del crimen se encuentran los creadores del viejo sistema que el presidente de la República quiere erradicar.
Por Alberto Najar
@anajarnajar
La frase pasó desapercibida entre el escándalo y polémica por la filtración de informes sobre el caso Ayotzinapa, y la revelación de un histórico hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina del 27 de septiembre.
Se refería a la inconformidad de los familiares de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Días antes de la tormenta por las aparentes torpezas periodísticas como la columna de Peniley Ramírez que divulga detalles sangrientos del asesinato de los estudiantes, los padres y compañeros de las víctimas habían organizado varias protestas en Ciudad de México.
Se dijeron engañados por el gobierno de López Obrador, después de enterarse que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó revocar 16 órdenes de aprehensión contra militares que había autorizado el juez que atiende el caso.
A esta decisión, que luego se supo fue adoptada por funcionarios impuestos por el fiscal General Alejandro Gertz Manero, siguió la renuncia del encargado de la investigación, Omar Gómez Trejo y de parte de su equipo.
El enojo de los familiares de estudiantes desaparecidos es justificado. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó que la FGR y la Sedena se han convertido en graves obstáculos para aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La Fiscalía, por ejemplo, aplica una auditoría a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) que según los expertos del Grupo puede ser, en realidad, un intento de amedrentar al equipo de Gómez Trejo.
Y la Sedena se ha negado a entregar los archivos del Centro Regional de Inteligencia Militar con sede en Iguala, que contienen información vital para conocer el destino de los estudiantes desaparecidos.
Las dos instituciones señaladas por el GIEI han sido férreamente defendidas por el presidente. Y en ese contexto, su mensaje a los familiares parece, por lo menos, extraño.
López Obrador dice que se mueven “intereses” para impedir el avance del caso Ayotzinapa. Pero no los identifica ni, mucho menos, aclara de dónde provienen las presiones que ha mencionado.
Es importante saberlo. Más allá de la urgencia de aclarar la violación más grave de derechos humanos de la historia reciente, hay señales de riesgo para el país.
Una de ellas es la oposición de una parte del Ejército a obedecer al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. La negativa para entregar todos los archivos parece una táctica dilatoria a la espera de que concluya el sexenio y apostar a que la próxima presidenta o presidente se olviden de la orden.
¿Se trata de una insurrección soterrada de la cúpula militar? ¿Está sola en esa intentona? ¿Quiénes son los beneficiados?
Porque en sentido estricto el Ejército de ahora es el mismo que acompañó a los gobiernos anteriores, incluidos los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
El sistema político en que surgió esa cúpula militar sigue activo. Las redes de intereses que se crearon están en operación. Todos los días hay muestras ello.
Es una estructura donde participan personajes políticos y algunos de los grupos empresariales más grandes e importantes del país.
No hay que olvidar que los mexicanos enlistados por Forbes acrecentaron su fortuna al amparo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Varios son férreos opositores de López Obrador, que financiaron la guerra sucia de 2006, 2012 y 2018. Algunos inclusive han sido señalados de promover un golpe de Estado blando contra el presidente.
Una insurrección militar, aunque fuera de bajo perfil, les caería como anillo al dedo.
Lo mismo sucede con la FGR. El fiscal Gertz Manero es un personaje formado en los sótanos del país no sólo por las responsabilidades de gobierno que ha tenido, sino por los intereses personales que tanto defiende y lo han enriquecido.
Gertz es miembro distinguido del viejo sistema. Se nota con su papel en los casos judiciales donde se pretende sancionar actos de corrupción que involucran a los poderosos.
En tal escenario, la desaparición de los estudiantes les representa un serio problema, no porque les importe la vida de los jóvenes sino porque la resolución del caso Ayotzinapa abre la puerta a desmantelar su extensa red de protección política y económica.
El crimen de Iguala es además de una grave violación de derechos humanos, una muestra de cómo ha sido gobernado el país durante casi un siglo.
El ataque a los estudiantes es obra del Estado criminal que creó a los opositores del presidente.
Castigar a todos los perpetradores -materiales e intelectuales- es el primer paso para hacer lo mismo con los fundadores del viejo sistema.
Por eso es importante saber quiénes presionan al presidente de la República. López Obrador tiene la posibilidad de romper la estructura de opresión y emprender de a deveras la transformación que tanto pregona.
No se trata de linchar a nadie, pero sí de dejar en claro de forma abierta, con transparencia y por primera vez, quiénes son los responsables de la profunda desigualdad del país.
En una cruzada como ésta el presidente no estaría solo. Es una oportunidad histórica. Ojalá se aproveche.
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Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
