Por Leobardo Alvarado y Pejelagarto bolivariano
Hace días en la frontera de Juárez-El Paso creció súbitamente la presencia de población de origen venezolano, quienes solicitan entrada a Estados Unidos. Ello desató una vez más ciertas expresiones que, de no cuidarse, se pueden transformar en el carácter xenofóbico que subyace en esta sociedad. Aunque en el pasado reciente fue posible superar estas actitudes en la ciudad, la realidad es que es un mal que allí se encuentra, y se utiliza conscientemente para lastimar aún más a la población migrante que cruza por Ciudad Juárez después de haber hecho un largo recorrido desde sus países de origen para cumplir su sueño.
El resurgir de discursos discriminatorios entre ciertos sectores políticos de los dos lados de la frontera les beneficia solo a ellos. Por eso son vehementes en buscar impedir que por Juárez transiten quienes ejercen su derecho a migrar y buscar mejores condiciones de vida. Es el caso de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván quien pronto respondió a las demandas de Greg Abbot, el gobernador de Texas. También es posible decir, que no toda la clase política y otros sectores sociales responden a dichos intereses.
Lo anterior es necesario recordarlo porque desde el 2018 en Ciudad Juárez hay una presencia migrante creciente en consonancia con las decisiones de los países involucrados tanto en origen, tránsito o destino. Pero también ha habido una respuesta favorable para los migrantes por amplios sectores de la sociedad que organizados han atendido sus necesidades; en este sentido resalta la actuación de los actores locales en tanto receptores y facilitadores del tránsito de la gente que migra.
El fenómeno migratorio actual impactó pronto las dinámicas económicas y políticas transfronterizas a lo largo y ancho de la frontera entre México y Estados Unidos poniéndola en crisis. En el caso de Ciudad Juárez-El Paso fue notorio al manifestarse decisiones políticas con los argumentos de quienes gobiernan los estados y las ciudades fronterizas, generalmente en contra del derecho humano a migrar. Aunque la sociedad civil tiene amplia experiencia, su perspectiva política es poco visible, pues su aporte es mayormente humanitario.
Sucede que apenas crecen o se modifican las lógicas de quienes migran, en el ámbito local resurgen prácticas poco solidarias y empáticas con quienes están ejerciendo su derecho. La tendencia es a olvidar prontamente lo avanzado en lo que llamamos gobernanza migratoria. Es decir, lo logrado en la confluencia que entre 2018 y 2021 se dio entre gobiernos, iniciativa privada, organismos internacionales y sociedad civil en ambos lados de la frontera para atender el tema migratorio en pro de la gente. Es importante no olvidar lo que ya se hizo y resultó exitoso desde una perspectiva de ciudad.
Este es un caudal de aprendizajes que allí están entre quienes en los últimos años han atendido a la población migrante. Con el afán de recuperar lo aprendido, se presenta el siguiente ejercicio de la población migrante de origen venezolano detenida en Estados Unidos a lo largo de la frontera entre 2020-2022 para explicar en parte la presencia de la última ola migrante. En este sentido, se alienta a trabajar sobre la información para a partir de allí tomar decisiones siempre poniendo al centro a las personas, y alejarse de propuestas de carácter discriminatorio como la alianza Chihuahua-Texas en voz de sus gobernantes.
Actualmente se entiende que el motor de atracción para el crecimiento de la población migrante venezolana en la frontera sea la decisión de Estados Unidos de extender el Programa de Protección Temporal (TSP, por sus siglas en inglés) hasta marzo del 2024 que les permite permanecer en Estados Unidos. Esto por supuesto ha impactado en poblaciones de otros países, al creer éstas que también pueden beneficiarse de dicha política. De allí que la cantidad de personas que llegan en sí son una nueva ola migratoria a la que debe entenderse en aras de determinar acciones que ayuden a resolver y no a dañar a quienes de por sí ya son parte de una de las poblaciones más vulnerables.
En el siguiente cuadro y mapa (PEJELAGARTO BOLIVARIANO, SEPT-2022) se da cuenta de cómo el número de personas venezolanas detenidas ha crecido en la frontera por año desde el 2021 al 2022 del lado estadounidense. Sin embargo, no es la frontera de Chihuahua-Texas-Nuevo México, y en particular Ciudad Juárez, donde cruza el mayor número de gente en los últimos tres años. Esto se puede ver al revisar las cifras de los condados de los estados de Nuevo México y Texas colindantes con Chihuahua: Doña Ana (NM); Luna (NM); El Paso (TX); Hudspeth (TX) y Presidio (TX).
Al contrastar los datos es notorio que si bien ha crecido el tránsito de personas por la región, en realidad el sector que incluye Nuevo México, El Paso y la parte que toca del sector Big Bend queda muy por debajo de los principales lugares por donde cruza desde el año 2021 la población venezolana migrante. Tan solo véase el acumulado de los tres años donde de 205 mil 233 personas detenidas en la frontera del lado estadounidense, corresponden al 5% con 6 mil 290 personas detenidas en el sector del Paso NM y El Paso TX, colindante con Chihuahua. Aunque a esto, habría que agregar alrededor de 3 mil personas que se piensa habrían cruzado en las últimas dos semanas y que supone no estarían registradas en los reportes aquí señalados.
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Es claro que hay una situación complicada con el tema migratorio y zonas como Texas. Pero esto no implica subirse al discurso xenofóbico del gobernador de ese estado. Es cierto que estos datos no incluyen a las personas que no fueron detenidas y tampoco a las de otras nacionalidades. Por eso también se recuerda que el tema migratorio es necesario siempre complejizarse en su análisis para acercarse a la diversidad de aristas que componen el fenómeno. Aquí de lo que se ha tratado es simple y llanamente decir, que se debe tener cuidado con la senda discursiva alentada a partir del actuar de los gobiernos locales fronterizos y quienes les apoyan. Que las cifras nos dicen otras cosas a tomar en cuenta.
Porque también es posible decir, que se debe tener cuidado con el significado del juego geopolítico entre naciones del que usualmente el ciudadano común está distante. Es el caso para reflexionar de lo que acontece en el último año en la frontera Colombia-Venezuela. El resultado de la elección reciente en Colombia ya mostró efectos como la apertura de la frontera entre estos dos países a partir de retomar lazos diplomáticos, rotos los mismos cuando en Colombia presidía un gobierno afín a Estados Unidos. Por eso es que no se debe dejar de lado que el reinicio de las relaciones diplomáticas y comerciales entre estas naciones son el ejemplo de cómo en América Latina se está viviendo una segunda etapa de gobiernos socialdemócratas que está alterando las alianzas continentales donde el tema migratorio es uno de los muchos temas (véase el resultado de la cumbre de la OEA celebrada en Los Ángeles).
Y es que vale poner otro ejemplo. En este contexto en el que Estados Unidos decidió extender el Estatus Temporal de Protección (TSP) para personas venezolanas, sucede que alrededor de 25,000 personas al mes desde que inició el verano, cruzan la selva del Darién. De estas, el 75% son de origen venezolano según los datos de migración de Panamá, lo que significa que diariamente 1,000 personas se internan a la selva más peligrosa del mundo rumbo a Estados Unidos. Si se mantiene la tendencia, en los tres meses que restan para finalizar al año, unas 75,000 personas venezolanas habrán entrado a la selva del Darién, de las cuales, unas 3,000 llegarían a la región de Ciudad Juárez-El Paso.
La decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos animó a la migración irregular de todas las naciones al sur de su frontera. Por un lado, es un llamado a que las personas pongan en riesgo sus vidas como se aprecia en tantos videos de Tik Tok de venezolanos cruzando el
Darién. Por el otro, es una fuente de enriquecimiento de las redes criminales que sin importar verdades legales animan la explotación del tráfico humano. Si tomamos como referencia los datos que publicaba FICOSEC en junio de 2022, tan sólo el intento de venezolanos de llegar a EUA y alcanzar ser parte del TSP en los próximos tres meses del año, generará 600 millones de dólares para las redes de tráfico. ¿Dónde termina ese dinero?
Por eso debemos tener cuidado y recuperar lo que ya aprendimos. Porque cuando escuchamos discursos xenofóbicos en contra de las personas migrantes entre ciertos sectores políticos de los dos lados de la frontera, desde los más altos niveles de los gobiernos Estatales de Chihuahua y Texas hasta sus funcionarios locales que piden a las personas que no vengan. Cuando estos discursos se reproducen en grupos de WhatsApp y carnes asadas familiares. Los gobiernos terminan construyendo respuestas y acciones con las que atacan al extranjero más necesitado.
Es tiempo de hacernos otra vez la pregunta: Podría ser que los aprendizajes de los años pasados recientes no fueran cualitativos, sino que es un aprendizaje memorístico del que nos sentimos orgullosos, pero no entendemos al grado de no mostrar empatía para quien una vez más transita por esta ciudad.
