Los mecanismos de participación ciudadana pueden actualmente parecer un privilegio, pero es un derecho. Para que de verdad funcionen deberán rescatar las lecciones de los movimientos populares, que es ahí donde tienen más sentido la lucha, resistencia y organización
Por Hernán Ortiz
Los partidos políticos han adoptado una pragmática actitud de búsqueda de votos.
Los votos llevan al poder, el poder lleva a recursos públicos, los recursos públicos llevan a comprar tiempo de exposición en medios y ese tiempo de exposición lleva a conseguir votos para llegar al poder. Como el camino al lado oscuro.
Un círculo vicioso que se hace evidente en ejemplos como la gobernatura de Nuevo León y lo complicado que es hoy en día identificar la veracidad y tono de la información. ¿Hasta dónde es una noticia sin sentido, pero con exposición del personaje? ¿Hasta dónde es una noticia falsa con matices de verdad? ¿Hasta dónde es una verdad que se dice rápidamente para que no se le preste atención? ¿De dónde es la fuente y su financiamiento?
En un mundo de información es difícil discernir.
Los políticos dirigen sus acciones a conseguir votos y no a garantizar el acceso a nuestros derechos. Cambios sí se dan, pero son muy, muy lentos. En el 2011, cambió el artículo 1 de la Constitución, priorizando un enfoque de Derechos Humanos, y a 11 años de ello es momento que muchas autoridades no entienden su implicación. Todavía hay personas que consideran que aplicar un reglamento escolar es justificante para negarle el derecho a la educación a la población estudiantil.
Otro ejemplo de esta lentitud es la Alerta de Género en el estado. Tardo una eternidad en declararse y los resultados a un año son tan… ambiguos que la palabra alerta pareciera que se confunde con “esbozo de una aproximación de que algo raro puede estar pasando”.
Quiero pensar que para acelerar los cambios se requieren más manos empujando la rueda. Esas manos son las de la ciudadanía que empuja a los representantes que surgen de los partidos políticos.
Entonces, para apurar los cambios debemos involucrarnos. Sé que ya se usan los recursos públicos, nuestro dinero, para pagar a funcionarios un buen salario para que hagan su trabajo, pero no lo hacen. La obra pública es mala, los planes de desarrollo son papeles de sugerencias ignoradas, la seguridad pública no existe y el acceso a la salud o la justicia depende de la capacidad económica. Evidencia sobrada tenemos de que, si no estamos al pendiente de los funcionarios, si no les exigimos, marcamos agenda y revisamos su trabajo, no lo hacen bien.
En resumen, hasta aquí.
Los partidos políticos buscan votos incluso cuando llegan al gobierno, es su prioridad pues es su acceso a dinero público. Para que el dinero público atienda las necesidades de la población o garantice el acceso a los derechos humanos de cualquier persona, requiere de la participación de la ciudadanía, exigencia, vigilancia y propuesta, es poco inteligente dejarlos por su cuenta.
Comentando esto en una red social, una camarada comentó que la participación ciudadana era un privilegio al que no todas las personas tienen acceso que, por ejemplo, trabajar en una maquila impide ejercer este derecho.
No me gusta pensar que lo que promuevo es una cuestión de privilegio y me sentí confrontado por la idea, pero me motivó a reflexionar al respecto y algo de razón tiene… bueno, mucha razón.
Pareciera que hasta la fecha el ejercicio de la ciudadanía requiere conocimientos especiales como el conseguir información pública, conocer leyes y procedimientos burocráticos, además requiere tiempo.
Pero es un derecho, no un privilegio. Cierto parece un privilegio actualmente, pero debe ser accesible a toda la población y el encargado de garantizar ese derecho es el gobierno.
¿Cómo pude hacerlo?
Se requieren al menos tres acciones concretas.
Primero que el sistema educativo incluya una educación para el ejercicio de la ciudadanía donde se impartan contenidos de Derechos Humanos y las herramientas legales para exigirlos, cómo acceder a información pública, el acontecer cotidiano del contexto donde se habita y las acciones gubernamentales. Por otro lado, se requieren también habilidades cómo la resolución no violenta de conflictos, convivencia sin exclusión, argumentación, generación y respeto de acuerdos, sólo por mencionar algunas. Es bueno que un egresado de la educación obligatoria cuente con herramientas para trabajar, pero es esencial que también desarrolle elementos básicos de la participación ciudadana.
El otro punto es cumplir con el principio de máxima publicidad, que los mecanismos de participación ciudadana sean ampliamente, pero muy ampliamente difundidos. El gobierno municipal gasta casi 120 millones de pesos en publicidad, no hay pretexto para no promover la participación.
Por último, se deben adecuar los procesos a los tiempos de la ciudadanía. Armando Cabada, el diputado morenista que cuando fue alcalde declaró la pelea de gallo patrimonio cultural de Juárez, en su momento hacía las sesiones de Cabildo a las 6 de la tarde, hora en que ya concluyó el primer turno de muchas empresas. Las votaciones para el presupuesto participativo se hicieron un fin de semana. Hay formas si la voluntad política promueve la participación.
Lo anterior sería un buen principio para empezar a garantizar la participación ciudadana como un derecho y no un privilegio.
Además, haciendo memoria y motivado en la reflexión sobre si la participación ciudadana es privilegio o derecho. Vale la pena reconocer que donde aprendí y me capacitaron para los procesos de participación ciudadana, fue en una organización de base comunitaria de colonias del Poniente de Ciudad Juárez. En la OPI, Organización Popular Independiente.
Colonias populares donde el trabajo en la maquiladora era lo común. Pero, también era parte de la estrategia de vida cotidiana el construir un tejido social sólido. Trabajábamos con quien se quedaba en la comunidad, casi siempre mujeres, en horarios que no interfirieran con los procesos domésticos, como llevar a las infancias a la escuela, preparar alimentos o atender a los obreros cuando regresaban de su jornada.
En ese entonces, los mecanismos de participación ciudadana todavía no tenían un marco legal lo suficientemente sólido que los pudiera garantizar. Cada audiencia con la autoridad, cada solicitud para canalizar presupuesto, cada proyecto comunitario, era el resultado de lucha, resistencia y organización.
Los mecanismos de participación ciudadana pueden actualmente parecer un privilegio. Para que de verdad funcionen deberán rescatar las lecciones de los movimientos populares, que es ahí donde tienen más sentido.
Después de todo, derecho que no se ejerce, desaparece.
