En Chihuahua desde el poder se ven malandros donde no los hay y no los ven donde de verdad los hay. Se participa en marchas para “Defender la democracia y el INE” y se pisotea el mínimo derecho democrático de disentir y protestar contra el gobierno
Por Víctor M. Quintana S.
La gente de Meoqui despertó alarmada a las 3 y media de la mañana del 8 de noviembre: 30 patrullas de la Policía del Estado y del SWAT se hicieron presentes en el libramiento de la carretera 45, con decenas de elementos con armas largas. La población pensaba que había un dispositivo para aprehender a uno de los capos de los cárteles que operan en el estado, por ejemplo, El Chueco, presunto asesino de dos jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en junio pasado.
Se equivocaban, porque el amedrentador despliegue de las fuerzas estatales era para proteger a los trabajadores de la constructora D-Alta, que iban a empezar a erigir las torres de transmisión de energía eléctrica para la empresa Malt-Europ, que surtirá de malta a la cervecera Heineken, inaugurada en Meoqui en 2017.
¿De qué protegían los policías a la constructora? ¿De una extorsión o sabotaje? De ninguna manera: el operativo armado va dirigido contra las acciones que puedan tomar poco más de una docena de agricultores y propietarios de los lotes por donde pasará la línea de transmisión, que no han querido aceptar la jugosa indemnización de un dólar por metro cuadrado que les ofrecen. Amenazados y maltratados por los policías, los agricultores interpusieron un amparo contra la intervención ilegal de la Policía Estatal, protegiendo a la empresa D-Alta, propiedad de una de las familias más acaudaladas de Chihuahua. ¿Deudas de campaña?
La Policía Estatal y la Municipal de Chihuahua desplegaron otro operativo el viernes 11 para cercar el parque El Palomar, donde a partir de ese día se presenta la obra “La Golondrina y su Príncipe”, financiada por los gobiernos estatal y municipal con más de 35 millones de pesos, para lo cual suspendieron el Festival Internacional Cultural Chihuahua. El gobierno acusó a “grupos de malandros acarreados” de sabotear la cuestionada obra, pero la protesta que se presentó fue una muy pacífica toma del escenario por artistas y trabajadores de la cultura, inconformes con el recorte de fondos para sus actividades.
Ambos operativos junto con declaraciones y acciones del Gobierno del Estado revelan que cualquier crítica a éste es descalificada y satanizada atribuyéndola a los famosos “emisarios del pasado” (Echeverría dixit) o a grupos delictivos. Uno de los ejemplos más significativos es el del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien aseguró que: “…los únicos que se oponen a la creación de la Torre Centinela (sistema de seguridad que costará 4, 200 millones de pesos) son los delincuentes, ya que este proyecto viene a coartar la libertad con la que se venían desplazando.” (http://bit.ly/3E25uDs)
Es muy claro el mensaje que da el gobierno estatal: “Quien no está conmigo es un delincuente”. La criminalización de la protesta social, de toda crítica y disidencia, reforzada y ampliada por los medios, columnas y redes pagados con los recursos del pueblo chihuahuense
Hay un doble propósito detrás de los operativos gubernamentales contra de los agricultores de Meoqui: proteger a las empresas como Heineken y Malt Europ y a las constructoras que participen en la expansión del parque industrial. Y sofocar las protestas surgidas por el abuso del recurso hídrico de la Ciénega de Meoqui, la más importante reserva acuífera de la región.
Pero quienes dicen defender la democracia y la legalidad, abusan del poder: el viernes 11, diez patrullas de fuerzas estatales se apostaron de nuevo ilegalmente en el libramiento de Meoqui. Ahora sí, la empresa D-Alta empezó a perforar para colocar los pilotes de las torres de transmisión a escasos dos metros de la cinta asfáltica. Los agricultores se hicieron presentes y denunciaron el hecho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acudió personal de ésta y comprobó que se estaba invadiendo el derecho de vía, por lo que clausuró la obra de inmediato y levantó el acta correspondiente. Así que las fuerzas estatales resultaron protectoras de la perpetración de un acto ilegal contra la Ley de Vías Generales de Comunicación y constituyen un abuso del poder pues sólo la SCIT puede solicitar el uso de la fuerza pública y esta sería sólo la Guardia Nacional.
El martes 15 la jueza Séptima de Distrito notifica que se otorga a los productores quejosos la suspensión plena del acto reclamado, por lo que instruye a que: “… cese todo acto de incomunicación, malos tratos, intimidación, inminente detención ilegal…Además, las autoridades deberán ordenar el retiro inmediato de los cuerpos de seguridad policíacos, ya sean federales, estatales o municipales…”
A pesar de lo contundente de la suspensión definitiva otorgada por el Poder Judicial de la Federación, el miércoles 16, la empresa D-Alta volvió a perforar sus pilotes y la Policía del Estado volvió a proteger los privilegios de sus dueños. En Chihuahua desde el poder se ven malandros donde no los hay y no los ven donde de verdad los hay. Se participa en marchas para “Defender la democracia y el INE”, incluso sin conocer el contenido de la propuesta de la Reforma Electoral, y se pisotea el mínimo derecho democrático de disentir y protestar contra el gobierno.
