Organizaciones defensoras de migrantes condenan uso de fuerzas antimotines en desmantelamiento de campamento de venezolanos y cuestionan las posturas de funcionarios de Ciudad Juárez hacia la población en movilidad; llaman a pedir disculpas y a la no repetición de esas acciones
Por Redacción de La Verdad
Ciudad Juárez– Organizaciones que promueven y defienden los derechos de los migrantes condenaron el uso de las fuerzas antimotines de la ciudad en el desalojo violento de los venezolanos que acampaban junto al Río Bravo y reprobaron el discurso criminalizador hacia la población en movilidad por parte de funcionarios municipales, encabezados por el presidente Cruz Pérez Cuéllar.
Así lo externaron en un posicionamiento público lanzado por la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) con el aval de más de 20 organizaciones y defensores nacionales y extranjeros, donde exigen una disculpa pública por parte de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y el Ayuntamiento de Juárez a la población venezolana, por la actuación de las fuerzas policiacas durante el desalojo del domingo 27 de noviembre y por sus declaraciones posteriores.
En el documento, difundido en redes sociales la noche de este martes, denuncian que el desalojo de los migrantes del campamento se gestó desde el 17 de noviembre, cuando inició el uso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para impedir la instalación de nuevas casas de campaña o personas en el lugar donde los venezolanos permanecían desde mediados de octubre tras ser expulsados por el gobierno de Estados Unidos.
“Más de 60 unidades del mencionado cuerpo policiaco, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional fueron destinadas para desalojar a la población, en lo que se denominó Operativo de Limpieza”, se indica en el documento suscrito por Uno de Siete Migrando, Hope Border Institute, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Instituto para las Mujeres en la Migración y Servicio Jesuita a Refugiados, entre otros que aquí se pueden consultar.
Las organizaciones consideraron alarmante la actuación de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio – encabezada por Santiago González– que avaló el uso desmedido de la fuerza pública, reprodujo de manera pública e institucional discursos que criminalizan a las personas solicitantes de protección internacional e ignoró que el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó a los migrantes un oficio de salida inmediata del país, violentado el Principio de No Devolución ratificado por México.
También externan su preocupación por el discurso público del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar en su conferencia del 28 de noviembre donde reiteró que continuarán haciendo uso de la fuerza armada para desalojar a la población venezolana que se dispersó por distintos espacios públicos de la localidad.
“El desalojo de las personas en movilidad a zonas desconocidas de la localidad, les dejó en un estado de indefensión; sin vinculación a redes comunitarias de apoyo y sin pertenencias (casas de campaña, cobijas y ropa) para protegerse de los cambios del clima”, indican en el posicionamiento.
DHIA menciona que previamente a estas acciones compartió con las Comisiones Estatal (CEDH) y Nacional (CNDH) de los Derechos Humanos, así como con el Consejo Estatal de Población (COESPO), sus preocupaciones por la exposición de los migrantes a diversos riesgos en el campamento, de seguridad, abusos policiacos y de agentes de migración, de salud y a condiciones climáticas extremas, por temperaturas invernales.
En ese contexto, explica, coincidieron en la necesidad de que las personas fueran reubicadas en espacios humanitarios, pero condenan el uso de la fuerza pública documentada en esa acción
“La actuación de las autoridades generó mayor desconfianza en la población (migrante), cerrando posibilidades de diálogo y no logrando el objetivo principal de reubicación y resguardo”, señalan debido a que los venezolanos desalojados se asentaron entre las calles de la colonia Bellavista, lo que consideran ha incrementado las condiciones de inseguridad para quienes aún permanecen en ella.
Las personas llegaron a tapias, donde las condiciones para vivir son aún más riesgosas que en el campamento, afirman en el documento donde además piden garantizar la no repetición de esas acciones que violentan los derechos de los migrantes, que informes sobre los protocolos a seguir para el recibimiento de las personas venezolanas retornadas de Estados Unidos, entre otras demandas.
laverdadjz@gmail.com
