Resulta lamentable que sea el Poder Legislativo de Chihuahua quien promueva la impunidad absoluta de los altos funcionarios públicos denunciados, a pesar de ser el órgano constitucional con facultades para sancionar los actos de corrupción política
Por Gerardo Cortinas Murra
El Diccionario de la RAE define el adjetivo ‘perverso’ como aquello que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Calificativo que aplica al desempeño de la actual Legislatura. Acreditémoslo:
La Constitución Local establece que, cuando el Ejecutivo se abstenga de publicar un Decreto aprobado por el Congreso, dicho decreto será considerado como promulgado. En estos casos, “el Pleno Legislativo podrá ordenar su publicación, si el Ejecutivo no lo hace dentro de los diez días siguientes a dicho vencimiento”.
En el año 2021, a escasos días de concluir el quinquenio de Javier ‘El Inútil’ Corral, el Congreso aprobó el llamado ‘Decreto Pensiones’ mediante el cual se reconocía al organismo descentralizado ‘Pensiones Civiles del Estado’ como una autoridad fiscal, para efecto de la recaudación de las ‘aportaciones de seguridad social’.
Dicho Decreto fue debidamente recibido por el Ejecutivo Estatal el día 5 de setiembre del 2021, a escaso días de que Maru Campos tomara posesión del cargo de Gobernadora. Por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para formular observaciones ejecutivas, feneció el día 5 de octubre del 2021.
A la fecha, ha transcurrido más de un año, sin que el Ejecutivo Estatal ni el Congreso local hubiesen ordenado la publicación del ‘Decreto Pensiones’. Motivo por el cual, el 10 de octubre del 2022 presenté un juicio político en contra de los altos funcionarios responsables de esta grave omisión político-legislativa (la actual Gobernadora del Estado, el Secretario General de Gobierno y las diputadas Georgina Bujanda y Adriana Terrazas).
Al día de hoy, a casi dos meses de haber sido presentada la denuncia popular, el presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, el diputado panista Gabriel García Cantú, ha sido totalmente omiso en convocar a una sesión para efecto de admitir o desechar el juicio político.
Sin importarle que con ello, violente su obligación de “desempeñándose con probidad, lealtad y decoro” en el cargo de representante popular.
De igual manera, el pasado 24 de octubre, presenté sendos juicios políticos en contra del diputado Francisco Sánchez de MC y del diputado panista Alfredo Chávez, con motivo de ocupar, simultáneamente, cargos partidistas a pesar de ser representantes de la sociedad chihuahuense.
Ahora bien, resulta evidente el afán del diputado panista de encubrir los actos de corrupción oficial cometidos por los altos funcionarios denunciados; lo anterior, con la pretensión de evitar que los presuntos responsables comparezcan a juicio. Y lo que es peor, sin importarle que dicha omisión procesal vulnere, en perjuicio del ciudadano denunciante, el derecho humano al acceso a la justicia.
Al respecto, es oportuno recordar las enseñanzas del insigne maestro Ignacio Burgoa: “Ética y deontológicamente, la conducta de los servidores públicos, en el desempeño del cargo, debe enfocarse hacia el servicio público en sentido amplio mediante la aplicación correcta de la ley”.
Aunado a que los representantes políticos de la sociedad chihuahuense fingen ignorar que el ejercicio de la función pública se rige, entre otros, por el principio axiológico de la Constitución que impone a todos los servidores públicos “el deber de actuar con honestidad, responsabilidad, profesionalismo, siempre con respeto al interés público, a la primacía del interés general y a las normas jurídicas sobre obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones”.
Por desgracia, en nuestro país la responsabilidad política ha sido letra muerta. Jamás en la historia política de nuestro Estado, un gobernador, un diputado o un magistrado ha sido condenado por violaciones a los principios fundamentales del pueblo chihuahuense; a pesar de que es un hecho notorio para la ciudadanía la reiterada y generalizada violación a los derechos humanos.
Además, el abierto contubernio del diputado panista es contrario a la tendencia latinoamericana de dar cauce a los juicios políticos; tal y como acontece en Perú, en el que el Congreso peruano aprobó iniciar un juicio político contra el presidente Pedro Castillo, para que “responda a supuestas faltas constitucionales en funciones”.
En el ámbito local, el actual gobierno estatal ha iniciado una estrategia mediática por la cual pretende desacreditar las denuncias ciudadanas. Al extremo de realizar declaraciones públicas falsas y tendenciosas; como la del Secretario de Hacienda, cuando afirma -dolosamente- que “el Gobierno del Estado no tiene adeudos con Pensiones Civiles”; lo anterior, a pesar de que en los informes financieros de la Auditoría Superior del Estado, se acreditan los adeudos históricos, que crecen día con día.
Sin embargo, la opacidad oficial respecto al multimillonario adeudo a Pensiones Civiles, por parte de las dependencias afiliadas, es una información que se le niega, inclusive, a los derechohabientes.
Yo me pregunto: ¿A qué diablos se refiere Maru Campos -en su editorial dominical- cuando afirma que “nuestras palabras, sobre todo a través del diálogo, pueden llevarnos a la pacificación y nuestras intenciones y nuestros recursos comunicativos siempre deben aspirar a los puntos de encuentro y a la toma de acciones”.
Así las cosas, resulta lamentable que sea el Poder Legislativo quien promueva la impunidad absoluta de los altos funcionarios públicos denunciados; a pesar de ser el órgano constitucional con facultades para sancionar los actos de corrupción política.
“Por eso estamos como estamos y nunca progresamos”. Lástima Margarito…
