¿Por qué tanto la gobernadora Maru Campos como el Congreso de Chihuahua se niegan a publicar el ‘Decreto Pensiones?
Por Gerardo Cortinas Murra
En la reciente historia política de México, la característica de los gobiernos panistas es –con sus honrosas excepciones– la notoria ineptitud en el ejercicio del poder y, en especial, su insensibilidad política dada la ausencia de empatía a favor de las causas sociales.
En los últimos años, los pocos gobernantes de extracción panista han asumido una imagen seudo-humanista que, en los hechos, resulta ser falsa y tendenciosa.
En el caso de la actual gobernadora Maru Campos sus acciones distan mucho de ser consideradas humanistas, dada su tendencia al despilfarro de los recursos públicos y, por supuesto, la consecuente ausencia de un ‘Plan de Austeridad’ que permita racionalizar el gasto público.
En cuanto a la gobernabilidad, la actual administración pública estatal se ha limitado a la designación de personas afines a la gobernadora, sin implementar política pública alguna que generen beneficios directos e inmediatos a la sociedad chihuahuense.
Al extremo, de que muchos chihuahuenses le endilguen el apodo a Maru Campos de ‘La Gobernadora Fifí’, dada su inclinación no solo a viajar constantemente al extranjero; sino además, su para difundir su imagen pública en eventos protocolarios e insignificantes, con el afán de promover su posible candidatura presidencial.
Semejante pretensión, ha provocado que –inexplicablemente– la gobernadora evada asumir retos de mayor trascendencia, tales como lo es una política efectiva de racionalidad en el gasto público y una drástica reducción de salarios a los altos funcionarios de gobierno y de los órganos autónomos.
Por otra parte, el primer año del actual gobierno estatal se ha caracterizado por una excesiva opacidad y una reiterada violación a los derechos humanos; tal y como acontece en el caso del multimillonario adeudo a Pensiones Civiles del Estado (PCE).
Lo anterior es así, toda vez que ni el Secretario de Hacienda ni el Director de PCE se han negado a divulgar el desglose del rezago histórico de los adeudos que tienen las dependencias estatales afiliadas.
Y con tal de evitar la transparencia en este rubro, en días pasados, el Secretario de Hacienda estatal afirmó –temerariamente y sin acreditarlo– que el Gobierno del Estado no tiene adeudo alguno con PCE; sin dar explicación alguna respecto al pago que –supuestamente– se realizó para finiquitar dicho adeudo; así como tampoco, señalar las partidas presupuestales que fueron afectadas.
En el caso del famoso ‘Decreto Pensiones’, aprobada por la pasada Legislatura a escasos días de concluir el quinquenio de Javier ‘El Inútil’ Corral; el cual, dada la omisión del Ejecutivo Estatal para señalar observaciones, es un decreto legislativo que se considera ya promulgado y, por ende, tanto la gobernadora y el Congreso tienen la obligación constitucional de ordenar su publicación en el POE
Sin embargo, al día de hoy, ambos poderes estatales han sido totalmente omisos en concluir el proceso legislativo de reforma legal. Violando con ello, los mandatos constitucionales relativos al proceso legislativo.
Esta grave omisión constitucional es el reclamo del juicio político promovido, hace ya dos meses, en contra de Maru Campos, César Jauregui, Georgina Bujanda y Adriana Terrazas. Al día de hoy, el presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, el diputado panista Gabriel García Cantú, ha sido totalmente omiso en convocar a una sesión para efecto de admitir o desechar el juicio político.
Dos meses, que podrían ser tres o más… Lo que acredita que este diputado panista encubre –dolosamente– la responsabilidad política de la actual gobernadora, del Secretario de Gobierno y de las diputadas que han ocupado el cargo de presidentas del Congreso.
La otra posibilidad, es que este corrupto diputado panista hubiese recibido una orden ejecutiva para dilatar lo más posible este juicio político. Sin importarle, violar flagrantemente, el derecho humano al acceso a la justicia en perjuicio del ciudadano promovente.
Yo me pregunto:
¿Dónde quedó el principio ético de los servidores públicos del PAN que exige ejercer sus deberes con estricta observancia de las disposiciones legales aplicables y respetando el Estado de Derecho?
¿Por qué tanto la gobernadora como el Congreso se niegan a publicar el ‘Decreto Pensiones?
¿Acaso porque es una herencia del ‘corralato’
¿Los diputados panistas tienen miedo de que, a través del juicio político, se den a conocer los nombres de los funcionarios públicos involucrados que se beneficiaron con el desvío de recursos estatales?
¿Por qué el Secretario de Hacienda se niega a desglosar los adeudos a PCE?
¿Acaso Maru Campos está encubriendo, por debajo de la mesa, a Javier Corral?
¿Por qué Javier Corral ya no despotrica en contra de Maru, por el adeudo a PCE?
¿El multimillonario adeudo a PCE es un cuerpo putrefacto que “salpica pus donde quieras que le piquen”?
P.D.
Para acreditar la insensibilidad política de los funcionarios públicos emanados del PAN, basta con citar la declaración del corrupto diputado Gabriel García Cantú a la opinión pública, cuando inicie la huelga de hambre afuera del edificio legislativo:
Me da risa en verdad lo que está pasando, ¿tú crees que con una carpita Cruz Pérez me va a callar….?
Yo le pregunto a este corrupto panista:
¿Qué diablos tiene que ver el presidente municipal de Juárez, con su abyecta sumisión política a los caprichos de la actual gobernadora??
