El gobierno de María Eugenia Campos Galván tramita prácticamente en secrecía tres instrumentos fundamentales de las finanzas públicas: la futura Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y el estado que guarda la deuda pública con la banca usurera.
Por Jaime García Chávez
Este es un texto que publico cada año, lamentablemente, pero aunque parezca el mismo, es diferente. O viceversa.
La opacidad reina en Chihuahua. El gobierno de María Eugenia Campos Galván tramita prácticamente en secrecía tres instrumentos fundamentales de las finanzas públicas: la futura Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y el estado que guarda la deuda pública con la banca usurera.
En esa tarea cuenta con el concurso del Congreso del Estado, de mayoría PAN-Priista, de un sector empresarial que siempre salvaguarda sus intereses, y la prensa con bozal de oro.
No es, por supuesto, la primera vez que esto sucede, ya que se trata de un estilo ancestral que predomina ante la ausencia de representación genuina y rendición de cuentas, dos ejes esenciales de toda democracia que se precie de serlo.
La forma constitucional dispone que una vez que el Poder Ejecutivo, por conducto de la cabeza del gobierno propone, el Congreso decide en única y última instancia. Esa es la letra de la ley que nunca se cumple, ni se cumplirá mientras los diputados sean sólo una extensión más del Poder Ejecutivo en calidad autocrática.
Así, el Congreso se convierte en una especie de prótesis que tiene por función obedecer y votar en calidad de levantadedos, trastocando al sistema previsto en la Constitución.
Estructuralmente podemos pergeñar tres causas de este lesivo proceder para gobernar en la sensible esfera hacendaria. Empiezo por lo que me parece el mal mayor: entre el Ejecutivo y el Legislativo existe una asimetría enorme que le da toda la ventaja al gobierno y convierte a la representación pública congresional prácticamente en la nada. El Poder Ejecutivo posee toda la información, la legal y también la de la corrupción política, y esa información la enriquece en el día a día y la oculta a la sociedad.
Todo el aparato burocrático hacendario está en sus manos, al igual que las relaciones con el gobierno federal que nutre, también discrecionalmente, de participaciones y aportaciones. De la misma manera se dan las relaciones para el tratamiento de la deuda con los banqueros y con las cabezas principales de los capitalistas agrupados empresarialmente y ante los cuales siempre muestra servidumbre.
El gobierno tiene, además, el manejo absoluto de la coordinación fiscal, pues ha renunciado a sus propias fuentes tributarias, y el acervo global que se alcanza con contribuciones y entregas federales lo conoce al detalle. El Congreso ignora todo esto.
Sigo con la institución formal que tiene la última palabra concluyente, es decir el Poder Legislativo llamado “Congreso” y que carece de información; y los diputados, casi sin excepción, siempre muestran un desinterés completo de este importante asunto que se vota en los días postreros de cada año y con la prisa de irse a vacacionar durante la larga etapa de fiestas y saraos decembrinos.
El Congreso espera diciembre, recibe los documentos financieros, se turnan a una comisión de diputados donde se tiene mayoría del mismo partido gobernante, que dictamina a ciegas, y se llega al Pleno donde también se decide sin análisis alguno. Casi se trata de un auto de fe. Hay ocasiones que se retoca algún rubro pero que no pinta para nada en los números finales.
El problema es que el Congreso ignora todo y hasta quien quiera levantar la voz no puede hacerlo por carecer de la información suficiente, por una parte, y tener escasos días para enterarse de millones de datos y cifras, por otra. De aquí que el Congreso, para aproximarse a ser un real poder, necesite un aparato hacendario que siga el curso de las finanzas estatales y lo capacite, con formación precisa, para poder ejercer una representación auténtica en torno al delicado tema del dinero público.
Si usted es de los que piensa que los diputados fundamentan su voto, está extraviado o equivocado. Como ya dije, ni pueden hacerlo en tan breve tiempo que se le asigna a la comisión dictaminadora, y a la mayoría sólo le queda ensayar la pasarela final: “sí, gobernadora, aquí están nuestros levantadedos haciéndole la mayoría”. ¡Toda una caricatura de parlamento!
La oposición, en el caso que me ocupa, MORENA, hoy no actúa con eficacia. Ni siquiera es capaz de articular una narrativa y crear afuera del recinto legislativo una caja de resonancia para que se conozcan las injusticias y despropósitos que se votan con mansedumbre de borregos previamente amaestrados.
Y concluyo con el papel de los medios. En esta materia, se limitan a difundir todo aquello por lo que les pagan. Contribuyen a la ceguera pública y se desgañitan pronunciando lo que les ordenan desde Palacio.
Hoy nos dicen que la deuda está bajo control y hay que creerlo como un dogma. Tendremos el presupuesto más grande de la historia y no nos dicen de dónde sacarán para obtenerlo, cuenta habida de que sólo puede ser de las contribuciones o del crédito con la banca avara. Y lo más grave, no nos dicen lo que harán con el dinero público.
Que habrá una Torre Centinela se antoja más como un engaño y un negocio. Pero qué habrá en otros rubros que importan a la mujer y hombre ordinarios. No lo dicen.
Así las cosas, me temo que dentro de un año estaré publicando un artículo similar a este, a menos que la utopía de que los ciudadanos actúen y asuman su poder frente al autoritarismo discriminado y elitista se ponga de pie.
09 diciembre 2022
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
