La ministra Norma Piña ha sido desde hace tiempo una defensora del derecho a un medio ambiente sano. Los jueces y las instituciones de impartición de justicia no han estado a la altura de las circunstancias. Esperemos que quiera y pueda abrir una nueva época en el poder judicial
Eugenio Fernández Vázquez
Twitter: @eugeniofv
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en Norma Piña a su nueva presidenta y su llegada promete traer vientos muy frescos al máximo tribunal del país. No es solamente que sea la primera mujer en liderar ese órgano judicial —lo que ya es de celebrarse—, sino que además en su trayectoria y en el proyecto que presentó al contender a esa posición aparece en forma muy prominente la agenda ambiental.
La ministra Piña ha sido desde hace tiempo una defensora de la igualdad de género, de los derechos humanos y, entre ellos, del derecho a un medio ambiente sano. Fue ella, por ejemplo, quien resolvió que la construcción de un parque supuestamente ecológico en la laguna del Carpintero, en Tamaulipas, se había realizado sin seguir el principio precautorio y violaba el derecho a un medio ambiente sano. En el proyecto que presentó y que fue aprobado por la Corte defendió también la dimensión colectiva de ese derecho, lo que permite a distintos grupos —y no solamente a los afectados directamente— denunciar su violación. En ese mismo tiempo, además, la ministra estuvo en la minoría que se puso del lado de los pueblos indígenas y contra las empresas eólicas y que rechazó —aunque sin éxito— la consulta espuria de un parque eólico en el Istmo de Tehuantepec.
Un aspecto clave del proyecto que presentó junto con su candidatura a liderar la SCJN fue la instalación de “unidades especializadas e interdependientes” que acompañen a la Corte en sus deliberaciones. Se tratará, si se cumple su promesa, de entidades que no solamente realizarán una labor jurisdiccional, sino que también establecerán “un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, con las y los expertos de distintos ámbitos de la ciencia, la academia y la sociedad civil organizada, tanto del ámbito nacional como internacional”.
Aunque está por verse si se cumple esta promesa y cómo serán estas unidades en los hechos, ya el compromiso asumido es una buena noticia. Los resultados de múltiples controversias legales en cuestiones ambientales en los últimos años han dejado un regusto amargo y la sensación de que o algo falla en la legislación o algo falla con los encargados de hacerla valer. Es sorprendente, por ejemplo, que el Tren Maya haya sobrevivido a todos los desafíos legales que se le han puesto enfrente, a pesar de sus enormes problemas. O, como dice el dicho, hecha la normatividad se hizo la trampa y los artífices de ese megaproyecto conocen muy bien de esas triquiñuelas, o el poder judicial le ha fallado a la ciudadanía. Quizá con una Suprema Corte mejor capacitada y más comprometida con la defensa del derecho a un medio ambiente sano la situación podría cambiar.
Por otra parte, la presidencia de la ministra Piña y la labor de estas unidades especializadas no serán todo lo que pueden ser, ni todo lo que el país necesita que sean, sin un trabajo intenso, un marcaje constante y un acompañamiento sólido por parte de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los académicos.
En su primer mensaje como presidenta de la SCJN, Piña se dijo “acompañada, respaldada, acuerpada” por las mujeres. Ese acuerpamiento implica no solamente protección, sino también exigencia, un marcaje constante. Los ambientalistas quizá debamos sumarnos a ese apoyo a la Corte, que necesitará sin duda defensores cuando tome decisiones polémicas en defensa del planeta, pero sobre todo debemos emprender esa labor de vigilancia y exigencia constantes de que la nueva presidenta esté a la altura de lo prometido y de lo anunciado.
El derecho ambiental en México ha sido terriblemente vapuleado en lo que va de este siglo, a pesar de los muchos avances conseguidos en su construcción. La defensa de la mínima justicia ambiental sigue costando decenas de muertos cada año. El deterioro de la naturaleza sigue siendo la norma. Los jueces y las instituciones de impartición de justicia no han estado, hasta ahora, a la altura de las circunstancias. Esperemos que Norma Piña quiera y pueda abrir una nueva época en el poder judicial y que cambie esta situación.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
