En México existen decenas de bases de datos que registran la vida y la muerte de quienes habitan y transitan por el país que podrían ayudar a resolver parte de la paradoja de la desaparición: la de miles de familiares que buscan a personas que ya han sido encontradas. En la Comisión Nacional de Búsqueda un equipo ha empezado a tener éxito en su localización
Por Efraín Tzuc / A dónde van los desaparecidos
Por más de una década, el gobierno federal ha llevado un registro de las desapariciones en el país que ha servido más para oficializar la cifra del terror que para encontrar a quienes faltan. Pero eso está cambiando: la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha implementado un método llamado búsqueda generalizada, que permite mediante la creación y el cruce de bases de datos indagar el paradero de miles de personas al mismo tiempo y sin distinciones.
Apenas unas diez personas integran la Dirección de Operaciones de Búsqueda dirigida por Javier Yankelevich en la CNB. Su trabajo es monumental: consultan múltiples fuentes y bases de datos –que incluyen desde papeles garabateados por sepultureros hasta sistemas informáticos institucionales con millones de registros– con el objetivo de encontrar personas desaparecidas: con vida, sin vida; individuos ausentes para alguien, cuyo destino –o parte de él– fue registrado por alguna institución gubernamental o privada.
La labor que desarrolla esta dirección resume la paradoja de una crisis de derechos humanos que asciende a casi 110,000 personas desaparecidas y, al menos, 52,000 cuerpos sin identidad: miles de familiares buscan a quienes ya han sido encontrados.
Es un trabajo casi arqueológico en el que se excava entre muy variados registros de vida y de muerte y que comienza a dar resultados. Yankelevich es cauto con los números, pero asegura que son 49,984 indicios, es decir, posibles coincidencias –en ocasiones más de un indicio corresponde a la misma persona–, surgidas del cruce masivo de datos entre varias bases gubernamentales y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
“Creo que es muy importante entender que una parte del problema de la desaparición en México es un problema de datos”, precisa. “Por ejemplo, si no tuviéramos tanta violencia letal no necesitaríamos tantos datos de cuerpos”.
Yankelevich explica que muchas bases de datos que podrían contener información sobre las personas desaparecidas no tienen diccionario de datos –un documento clave para entender qué incluye la base– y no están estandarizadas, por lo que no se pueden compartir fácilmente entre instituciones. A esto se agrega que, en numerosas ocasiones, el personal que recopila esta información no cuenta con una capacitación adecuada para manejar bases de datos.
De la ‘guerra sucia’ al cruce masivo de datos
Es de noche y la CNB está casi vacía. Yankelevich viste una camisa de manga larga para el trabajo de campo que contrasta con la calma en el interior de su oficina. Al frente, un ventanal ofrece una panorámica de los autos que circulan a gran velocidad por el Periférico Sur de la Ciudad de México. A su espalda, un librero con pilas y pilas de papeles. No hay objetos personales. “Es la quinta oficina que me asignan, se me quitaron las ganas (de decorar) con tantas mudanzas”.
Para Yankelevich, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la desaparición es un tema cercano a su biografía: es hijo de exiliados argentinos. En 2014, tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su historia personal se entretejió con el activismo político y conoció a colectivos de familiares en búsqueda.
A nivel académico, se relacionó también con el tema: colaboró con el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM) del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y de la Flacso, e inició líneas de investigación sobre desaparición en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2019, Yankelevich fue invitado por la recién nombrada titular de la CNB, Karla Quintana, a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas en el periodo conocido como la “guerra sucia” (1965-1990).
“Cuando yo entré a la CNB no me quedaba claro que la información sobre la ‘guerra sucia’ tenía que ordenarse de manera reticular, es decir, en matrices o bases de datos. El tema del cruce masivo no lo tenía yo en la cabeza”, reconoce Yankelevich.
Durante la búsqueda de estas víctimas encontraron pistas que apuntaban al Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. Al llegar ahí, descubrieron registros de personas enterradas con nombre y apellido, sexo, edad, fechas de defunción y de entierro, entre otros datos, y decidieron crear una primera base para después compararla con el RNPDNO. Así consiguieron localizar a un individuo que era buscado en el Estado de México.
El ciclo de vida de las personas que han nacido, transitado y muerto en el país termina alojado en innumerables bases de datos gubernamentales y privadas. Papeles que son transcritos a archivos digitales: actas de nacimiento, inscripciones escolares, trámites para obtener la credencial de elector, actas de matrimonio, ingresos a la seguridad social, certificados y actas de defunción; también registros bancarios, altas en programas sociales, comisión de delitos, entradas y salidas del país, y un larguísimo etcétera. Una constelación de documentos que resumen la vida de las personas y que se encuentran fragmentados, no pocas veces incompletos o con errores.
¿Por qué no buscar a los y las desaparecidas también ahí, en los datos?
La idea, dice Yankelevich, es “esperanzadoramente estúpida”. No se requiere una cabeza privilegiada ni a un especialista. Se trata de comparar masiva y periódicamente datos que ya existen.
De hecho, es la misma lógica con la que trabajan varios colectivos de búsqueda del país desde hace años. Cuando el Colectivo Solecito de Veracruz publicó en 2020 la lista de los nombres que encontraron en las identificaciones que llevaban los cuerpos enterrados en Colinas de Santa Fe, un predio cercano al puerto veracruzano que se coronó como la fosa clandestina más grande de América Latina con alrededor de 300 víctimas, lo que estaban haciendo era exactamente eso, comparar. En este caso, los nombres de las víctimas, a quienes sus familiares o amistades estarían buscando, con los datos que podían tener las miles de personas que vieron la publicación en las redes sociales.
Comparar datos. Ahí reside la clave que podría dar certezas a algunas familias buscadoras y devolver el nombre a quienes lo perdieron cuando les fue arrebatada la vida, se les privó de la libertad o simplemente no pudieron regresar a casa.
La dificultad está en otro lado: quién tiene esos datos, en qué formato están y si hay voluntad para compartirlos.
Los muertos con nombre
Indagar en los archivos de la muerte no es fortuito. Según un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hasta agosto de 2020 había 52,000 cuerpos sin identificar en el país. Ninguna autoridad ha actualizado la cifra desde entonces. Se trata de personas que fallecieron y pasaron por las morgues en total anonimato. Y que así siguen. Seis de cada diez fueron enviados a las fosas comunes: espacios que son como el patio trasero de las fiscalías. Hoyos en cementerios en los que –dentro de bolsas o simplemente envueltos en telas– apilan decenas de cadáveres. Uno sobre otro.
“El tratamiento que reciben los cuerpos parece equivalente al de un basurero, es muy cruel en un país que además se precia tanto de su Día de Muertos y de sus tradiciones, y del respeto a los difuntos”, dice Yankelevich.
Pese a que la Ley General en Materia de Desapariciones, expedida en 2017, mandataba a la Fiscalía General de la República (FGR) la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que incluiría un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y un censo de fosas comunes, el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, estos todavía no existen.
Información sobre señas particulares, vestimenta, huellas dactilares e incluso perfiles genéticos son consignados por el Servicio Médico Forense (Semefo) antes de que los cuerpos sean enviados a las fosas comunes o a refrigeradores, ya sea en hojas de papel o, en el mejor de los casos, en archivos digitales a la espera de ser cotejados con el registro de personas que se encuentran desaparecidas.
La falta de herramientas condena a las familias que buscan en los archivos de la muerte respuestas sobre sus seres queridos a peregrinar de Semefo en Semefo. A revisar cientos de fotos de cadáveres, debatiéndose entre la esperanza de reconocer a su familiar o tener la certeza de que la morgue no fue su destino.
Por eso la impaciencia le ganó a Yankelevich y armó con hojas de cálculo a un minibatallón, en su mayoría estudiantes que hacían el servicio social y becarios, para que visitaran cementerios y transformaran las hojas de papel casi indescifrables –escritas por los sepultureros con los nombres de quienes fueron destinados a fosas comunes– en bases de datos homologadas que podrían comparar con el RNPDNO periódicamente para verificar si, entre los cuerpos que yacen enterrados con nombre sin que nadie los reclame, alguno está siendo buscado. Hasta ahora cuentan con registros de panteones de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Sonora, Veracruz y, próximamente, el Estado de México.
Desde su creación en 2020 por la Dirección de Operaciones de Búsqueda, el Módulo de Fosas Comunes ha sido cruzado con el RNPDNO en siete ocasiones y así se han identificado más de 800 coincidencias. Este solo es el inicio de un proceso de evaluación caso por caso para verificar cada una. Los resultados ya empiezan a emerger: hasta el 8 de diciembre de 2022 se había logrado devolver siete cuerpos a sus familias, y otros 42 están en proceso de confirmar que se trata de la misma persona, se está buscando a su familia para notificarle el hallazgo, o se está a la espera de que el cuerpo sea desenterrado, según datos obtenidos mediante una solicitud de información.
Este tecleo línea por línea es lo que ha permitido encontrar cientos de coincidencias, indicios en el lenguaje de la CNB. “Eso no es localizar (a personas) ni es concluir que están muertas”, advierte Yankelevich. Cada indicio genera una línea de búsqueda distinta. Significa recorrer un laberinto burocrático en sentido inverso, desde esa última pista hasta su paradero actual.
El Módulo de Fosas Comunes, que a inicios de diciembre de 2022 contenía 21,020 registros, revela un sinsentido de la crisis forense en México: muertos con nombre que nadie reclama porque quienes los buscan no saben que han fallecido. Personas que portaban alguna identificación al momento de morir o que, mientras estuvieron con vida, pudieron decir quiénes eran, por ejemplo, en centros de asistencia social, pero que acabaron igualmente en fosas comunes, entre cuerpos anónimos, sin que ninguna autoridad buscara a sus familiares para informarles del deceso.
La magnitud del absurdo de enterrar a personas con nombre sin notificar a sus familias es una crisis que se avecina y de la que se ha hablado poco. Para muestra un ejemplo: de acuerdo con el propio Yankelevich, más de la mitad de los cuerpos enterrados por instituciones del gobierno en el Panteón Civil de Dolores –el más grande del país– tienen nombre. De acuerdo con el Módulo de Fosas Comunes, son en total 17,061 personas sepultadas.
¿Cómo llegan esos cuerpos identificados a tener el mismo destino que los de personas desconocidas sin que ninguna autoridad advierta que alguien los espera con vida?
Yankelevich va de ejemplo en ejemplo para mostrar lo variopinto de los casos que han encontrado gracias al Módulo de Fosas Comunes. Se podría hacer una tipología de las localizaciones de Carlos y Carlas, como los llama el historiador para preservar su identidad. A veces se trata de ocultamientos intencionales, otras son resultado de vericuetos legales –obligaciones que no recayeron en ninguna autoridad con claridad– o de las formas de operar de las propias fiscalías, que no fueron creadas para indagar o registrar el nombre de las personas fallecidas, sino para investigar delitos y examinar los cadáveres (recoger huellas dactilares, hacer la necropsia y proceder a su identificación). Los caminos difícilmente se cruzan. Más allá de las causas, el resultado es el mismo: familias condenadas a buscar y cuerpos con nombre, pero anónimos para sus seres queridos.
Un Carlos muestra el sinsentido:
“Carlos muere atropellado, no se sabe cómo se llama. La fiscalía hace un peritaje y dictamina que no hubo delito, que fue un accidente. Muy bien. Archiva. No hay delito. Fin del proceso. El Semefo identifica el cuerpo de Carlos y le dice a la oficina que investigaba: ‘Es Carlos’, pero ya no hay Ministerio Público (MP) a cargo del caso. En la medida en que el MP concibe que el trabajo concluye donde termina la investigación criminal, cierra el proceso. ¿Y el resto? Esa persona estaba siendo buscada en Chiapas”.
La travesía de buscar en los archivos de la muerte genera también un problema al que Yankelevich no le ve un horizonte de solución cercano. Y le cala. La tortuosa pregunta que se hacen en la dirección es si deben notificar a un familiar que la persona que busca ha fallecido y está sepultada junto a decenas de cuerpos en algún cementerio del país, aunque todavía no puedan entregarla o desenterrarla, porque hacerlo afectaría a los restos que aún no han sido identificados.
“Algunas fosas comunes son multitudinarias. Si tú vas por un cuerpo que está por debajo de 60 restos, tienes que sacar los 60. Así lo hagas con mucho amor y mucho cuidado, vas a dañar el contexto y vas a rasgar las bolsas, vas a desarmar los cuerpos. La falta de infraestructura de resguardo coloca de manera profundamente injusta el derecho de una familia a la restitución contra el derecho de las demás”.
De esos casos cada vez hay más y más y más. La infraestructura de resguardo forense en el país es escasa.
¿Dónde más buscar?
En el camino, el equipo de Yankelevich se dio cuenta de que había otros registros pequeños –de entre 100 y 100,000 casos– que podrían proporcionar pistas sobre el paradero de algunas de las personas que eran buscadas; pero cada paso, cada nuevo registro que exploran, supone obstáculos debido a vacíos jurídicos, inercias institucionales, y la fragmentación que genera un sistema político federalizado en el que cada fiscalía, cada morgue, no está interconectada con las de otros estados. Solo había que investigar. Pero, en más de una década marcada por la desaparición de miles de personas, nadie lo hizo.
La dirección ha logrado encontrar algunos indicios –que después se han materializado en decenas de localizaciones– a través del registro de ingresos a los albergues de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) de la Ciudad de México, a los semefos de Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Guerrero y Jalisco, e incluso a los psiquiátricos federales.
Así ha funcionado el rastreo de este tipo de indicios:
“Es un Carlos, me apena cambiarles el nombre. Es un hombre de 85 años que se sube a un autobús en Altamira, Tamaulipas, con destino a San Luis Potosí, y desaparece en diciembre de 2019. Lo que encontramos es que él de alguna manera llega a la Ciudad de México, está en la calle un tiempo, ingresa a un albergue y unos meses después fallece. Va a dar a una universidad y luego a la fosa común. La MP responsable del caso en Tamaulipas es una mujer muy comprometida, con buenas ideas, pero si la única metodología que tiene para dar con Carlos es enviar un oficio a todas las instituciones del país, y además una vez por semana, a lo mejor Carlos no llegó el lunes pero sí el martes. Los problemas de flujo de datos van más allá de la capacidad individual de los servidores públicos, son problemas de estructura. Esta mujer ya había tratado de rastrear a Carlos en Tamaulipas, ya se había movido a San Luis Potosí y a Nuevo León, pero cómo iba a llegar al sistema asistencial de Ciudad de México. Lo que ella necesitaba era una búsqueda generalizada de datos. Nadie intentó esconder a Carlos”.
También han obtenido listas de personas privadas de la libertad en Baja California, Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo y Campeche. A pesar de tener la legislación a su favor, en algunos estados la CNB ha debido pelear por el acceso a estas listas.
“Hay un (estado) que nos dijo: ‘Dame tú toda la información de las personas desaparecidas y yo te la cruzo’, y yo le dije: ‘No, tú tienes 2,000 presos, yo tengo 107,000 desaparecidos’. La ley dice que yo tengo la facultad de ver tu información y no que tú tienes la facultad de ver la mía’”, ejemplifica Yankelevich.
Las resistencias son varias, pero tienen motivaciones distintas. Mientras las instancias de investigación de delitos suelen ser más reacias a compartir la información, probablemente por la secrecía o el sigilo con que trabajan, otras instituciones, como las secretarías de la mujer o equivalentes, que administran refugios para víctimas de violencia de género, pueden rehusarse porque la filtración de sus listas pondría en riesgo a las usuarias de estos lugares, como muestra el siguiente caso:
“Carla es reportada como desaparecida en la Fiscalía de la Ciudad de México por su esposo Carlos. A Carla la encontramos en un refugio contra la violencia de género en el Estado de México. Por supuesto que no le contamos a Carlos nuestro hallazgo. Le dijimos: ‘Carla está bien. No quiere que sepas dónde está’”.
Decenas de miles de indicios
En 2022, la dirección se anotó una enorme victoria: la apertura de registros que han resultado en decenas de miles de indicios. El más relevante es el Registro Nacional de Población (Renapo). Las varias bases que lo componen almacenan millones de datos que van desde los registros de nacimiento hasta la emisión de actas de matrimonio.
El método es simple y está formalizado en un convenio: la CNB comparte una lista de nombres a la administración del Renapo para que haga el cruce de datos internamente y devuelven los casos en los que hubo coincidencias; por ejemplo, si se dio de baja una CURP (Clave Única de Registro de Población) o se emitió un acta de defunción, trámites que son obligatorios cuando una persona fallece. Lo que sigue es más complejo:
“Hay que pedirle al registro civil que expidió el acta de defunción o cargó los datos al Renapo para desactivar la CURP un conjunto documental que se conoce como el apéndice del acta”, precisa Yankelevich.
Entre la información registrada en el apéndice está la causa de muerte, quién la certificó, dónde murió la persona. Se tiene un nombre para después buscar el cuerpo.
El Renapo también ofrece un servicio de validación a instituciones públicas y privadas como entidades financieras o la Secretaría de Salud, cuando requieren que se confirme la CURP de una persona para, por ejemplo, acceder a un crédito bancario o, recientemente, para vacunarse contra la covid-19.
Estos son registros que aumentan la posibilidad de localizar a una persona con vida: ¿qué significa que alguien se haya registrado para vacunarse después de haber sido reportado como desaparecido? Las posibilidades van desde la usurpación de identidad hasta la sustracción de hijos e hijas por algún familiar sin que alguno de sus tutores sepa a dónde los llevó. En todo caso, el indicio funciona como un hilo del que jalar para desenredar la incógnita de quien está siendo buscado o buscada.
Con este método masivo, la CNB obtuvo 49,984 indicios que corresponden a 23,469 personas. Poco más de la mitad de estos corresponden a cinco estados: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México.
Otros “registros de vida” siguen pendientes, como los del Instituto Nacional de Migración (INM). Son al menos tres: personas migrantes detenidas en estaciones migratorias –instalaciones en donde se priva de la libertad e incomunica a quienes no cuentan con documentos legales para estar en México–, personas extranjeras residentes en México, y la relación de cada salida e ingreso al país de una o un extranjero.
“¿Hacia dónde debería caminar esto?”, se pregunta Yankelevich. Hacia todos lados, se responde, y enumera más posibilidades: “Relaciones Exteriores, dime quién tramitó un pasaporte después de desaparecer, eso puede ser un indicador de trata de personas. Secretaría de Educación Pública, quién tiene un registro activo como estudiante en una escuela pública después de desaparecer. Padrones de beneficiarios de programas sociales, quién está recibiendo algún tipo de apoyo de trabajo, de bienestar, etc.”. Cada posibilidad requiere su metodología, pero el indicio permite trazar las líneas de búsqueda.
Y se podría ir todavía más allá: algunas instituciones privadas también resguardan información que podría arrojar pistas para localizar a una persona. Están las aerolíneas, las compañías de transporte, los bancos. Para acceder a estos registros, la legislación en materia de protección de datos personales tendría que reformarse para que estas instituciones estén obligadas a entregar los datos a la CNB o a permitir de alguna forma el cruce de la información.
Lo que sigue después de tener un indicio constituye también una novedad para la CNB. Con la obtención de decenas de miles de indicios resultó claro para Yankelevich que el seguimiento tendría que ser distinto a como lo habían estado realizando: mediante grupos de trabajo con las autoridades involucradas –las del estado en que desapareció la persona, las del estado en que se localizó, y la propia CNB–. Así que idearon un seguimiento descentralizado. En la plataforma del RNPDNO, en un apartado al que tienen acceso solo las autoridades, se creó un módulo en el que reciben los indicios derivados de un cruce masivo.
“Tienes tu interfaz del RNPDNO que dice ‘Carlos Pérez Pérez’, ‘indicios de localización’, y haces clic y los vas descargando”, explica el funcionario. “También le da trazabilidad legal, porque eso hace que sea jurídicamente reconstruible que esa información se produjo, cómo se produjo y que se transmitió (a la autoridad correspondiente). Ya no hay posibilidad de que una fiscalía diga ‘es que no la tengo’”.
El registro nacional, la clave
Pero para que haya indicios debe existir un registro de origen en el que se consigne que la persona está desaparecida. Por eso, el RNPDNO se vuelve el epicentro de la búsqueda masiva.
Yankelevich lo afirma con firmeza. “Esto es clave”, advierte. Si una autoridad que recibe una denuncia o un reporte de desaparición no la carga en el RNPDNO, la persona no podrá ser buscada mediante este sistema.
“Esto es muy grave. No es criminal en el sentido legal porque no es un delito tipificado, pero yo creo que es criminal en el sentido moral y político”.
Una Carla lo pone en relevancia:
“Hay una chica que desapareció hace un par de años. Con un cruce de datos con Jalisco –ella venía de otra entidad–, la encontramos sin vida, pero no se había hecho el registro en el RNPDNO, entonces hacemos la confronta. No sale. ¿Cómo nos dimos cuenta? Empezamos a teclear los nombres de las personas identificadas no reclamadas y vimos la cédula Protocolo Alba de la fiscalía de la entidad donde desapareció Carla (que prefiere no especificar) y entonces armamos un relajo. Le dijimos al fiscal: ‘Oiga, usted recibió a esta familia, la familia denunció, usted hizo público que estaba buscando a esa mujer, no la tengo en el registro nacional y ya la encontré, y no puede ser que Google sea la forma en la que yo me dé cuenta de que usted está buscando a la chica que está en la morgue en Jalisco’”.
Contar con un folio único de búsqueda es la garantía de que la desaparición quedó consignada en el RNPDNO. Aunque esta herramienta se creó en junio de 2020, todas las autoridades debían entregar a las familias su folio, aunque la desaparición hubiera ocurrido una década antes. Por eso, en caso de no contar con el folio o no tener la certeza de si el caso fue ingresado al registro nacional, las familias pueden solicitar por escrito al MP que les confirme si cargaron o no el caso. También pueden hacer la consulta por escrito a la CNB.
Para Yankelevich, el 2022 fue, por fin, el año en que pudieron constatar cómo la búsqueda generalizada –aquella que se hace mediante cruces masivos de datos– es eficiente. Pero el camino todavía es largo: para que las decenas de miles de indicios se confirmen y los cuerpos sean entregados a sus familias, las fiscalías tienen que responder a estas coincidencias con líneas de búsqueda que permitan resolver esa paradoja tan dolorosa e injusta de la desaparición, aquella que tiene a, probablemente, miles de personas buscando a otras que ya han sido encontradas.
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