Juárez

Déficit de custodios hace crisis en el Cereso de Ciudad Juárez




enero 27, 2023

A cada celador le corresponde vigilar a por lo menos 65 internos por turno; el estado de fuerza del penal se debilitó más en las últimas semanas con la renuncia del personal y debido a que no se han cubierto las plazas de los 10 asesinados el pasado primero de enero; custodios amagan con paro

Por Blanca Carmona / La Verdad

Pese a que registra una sobrepoblación, el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez tiene un déficit en el estado de fuerza, es decir, su personal de seguridad y custodia es insuficiente para la cantidad de internos, revela un informe de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

En el oficio número FGE-PYRS/105/2023, emitido por la Dirección de Ejecución de Penas el pasado 2 de enero, se documenta que el penal tiene un estado de fuerza débil y a cada custodio le corresponde vigilar a por lo menos 65 internos en cada turno. Para los celadores, los turnos son 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso.

Esta situación se agudizó en las últimas semanas con la renuncia del personal de custodia y debido a que no se han cubierto las plazas de los 10 custodios asesinados el pasado primero de enero, durante la evasión de 30 reos y el motín.

Debido a esas circunstancias, elementos de la Policía Procesal están asumiendo labores de vigilancia en el Cereso. Los fines de semana son enviados para trabajar en el reclusorio, de acuerdo con testimonios de algunos de ellos.

Antes de la fuga masiva, el centro carcelario tenía una población de tres mil 953 reos y después de los hechos violentos fueron enviados a reclusorios federales 199 personas. Por lo que el penal podría estar albergando aproximadamente a tres mil 754 hombres.

“El Centro Penitenciario cuenta en este momento con una población actual de tres mil 953 privados de la libertad, y una capacidad instalada de dos mil 852 espacios, representando entonces casi un 40 por ciento de sobrepoblación, asimismo, se cuenta con un estado de fuerza de 76 elementos de seguridad y custodia en el turno activo, proyectándose que el número de privados de la libertad por custodio es superior a 65 personas por elemento”, se indica en el oficio donde se contabilizaba a los que fueron trasladados.

En el documento, la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales cita una propuesta respecto a la relación entre el número de servidores públicos en el área de seguridad y personas privadas de la libertad del Manual de Cárceles. Guía para la planeación y el diseño arquitectónico, de donde se desprende que en los Centros de Reinserción Social de media seguridad debe ser 10 personas privadas de la libertad por cada custodio y 20 reos por elemento en penales de baja seguridad.

Considerando esas cifras, a los custodios en el Cereso de Ciudad Juárez les corresponde vigilar hasta seis veces más esos números sugeridos como estándares de seguridad en los penales.

Argumentando cuestiones de seguridad, las autoridades no revelaron el número de celadores en activo en el penal.

Renuncias e inconformidad del personal

Personal de Custodia del Cereso 3 señaló que varios elementos han presentado su renuncia luego de los hechos violentos ocurridos el primero de enero, por lo que el déficit crece y los riesgos aumentan.

El panorama empeoró con el asesinato de los celadores Manuel Rodríguez Soria, Carlos Santiago Padilla Silva, Abel Juárez Hernández, Víctor Hugo Rivera Meraz, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, José Ausencio Pérez Puentes, Jaime Arciniega Alvarado, Guadalupe Gámez Galán, Domingo Trejo Serrano y Edgar Omar Hernández García.

“No hay gente. Después de los muertos, los compañeros están renunciando. Tenemos a los caídos y las renuncias”, dijo un custodio que pidió la reserva de su identidad por temor a sufrir represalias.

El hombre expone que pese a la carga de trabajo no tienen un buen sueldo. “Se nos hicieron promesas en los funerales, pero es atole con el dedo, son puras mentiras, esperábamos que iban a subir sueldos, a darnos bonos y apoyo a los familiares de los compañeros caídos”. Nada de eso ha ocurrido hasta hoy.

El oficial dijo que van a esperar la quincena del 31 de enero para ver si reciben algún aumento, de lo contrario, es posible que se manifiesten y realicen un paro de labores escalonado pues consideran que el gobierno de María Eugenia Campos Galván está incumpliendo con darles mejores prestaciones.

De registrarse un paro escalonado de custodios los elementos de la Policía Procesal podrían unirse, pues están inconformes porque desde hace unas tres semanas los están obligando a trabajar los fines de semana en el Cereso, para suplir las plazas vacantes.

Cada fin de semana, 10 elementos de la Policía Procesal son enviados al reclusorio a realizar labores de vigilancia, expuso un oficial.

Los agentes de la Policía Procesal son enviados desarmados para vigilar los accesos de entrada al centro carcelario y participar en las revisiones a los visitantes donde han detectado que se sigue permitiendo el ingreso de dinero y alcohol.

“Hay un riesgo claro, porque los mandan desarmados, nada más para apoyar, a que nos ayuden, pero son policías procesales y no tienen el conocimiento de cómo se trabaja aquí. A los hombres los mandan a cuidar en los portones sin armas o los meten y ahí sí les dan armas; a las mujeres procesales las ponen a cuidar en los cubículos, a revisar”, dijo el custodio entrevistado.

El elemento indicó que pudo constatar que hace unos días mandos del Cereso permitieron la entrada de cajas con botellas de licor y también dejaron pasar a una mujer que llevaba más de 5 mil pesos, cantidad que, dijo, se permite ingresar como tope.

“El otro día atoramos a una mujer que traía mucho dinero, casi los seis mil pesos. La llevamos con la custodia jefa y ella dijo, “sí, sí, pásale”. Siguen metiendo cochinero, de oquis todo esto; también metieron un chingo de botellas, en esa ocasión se le aviso a un jefe, fue un compañero a decirle y el mando se hizo pendejo y dijo “pásele, pásele” y metieron cajas de licor, de dos o tres cajas de botellas”, aseguró el custodio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no respondió a una solicitud de información respecto a si se han presentado renuncias y si se suplieron las plazas que eran ocupadas por los custodios asesinados.

Personal de la Policía Procesal refirió además que desde la administración encabezada por César Duarte Jáquez se les retiró un bono retroactivo, llevan años sin recibir uniformes, la oficina asignada para ellos en las instalaciones de “Ciudad Judicial” están en pésimas condiciones, se inunda cuando llueve, carece de baños y de agua potable.

Sobrepoblación detona mayor riesgo

Nayomi Aoyama González, coordinadora del Programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta A.C., señaló que el penal número 3 de Ciudad Juárez tiene la mayor sobrepoblación en el estado de Chihuahua, con el 38.89 por ciento de acuerdo al Cuaderno Mensual de Política Penitenciaria de noviembre, emitido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal.

Además, refirió que el Cereso supera en más de 10 puntos porcentuales la media nacional de sobrepoblación, que es de un 26 por ciento.

Esta situación se traduce en una subcapacidad del centro penitenciario en todos los sentidos, entre esto, en un estado de fuerza débil y en deficiencias en la prestación del resto de los servicios.

“Las deficiencias llevan evidentemente a que haya condiciones que propicien este tipo de eventos, sobre todo motines. La violencia en prisiones en general y la inexistencia de capacidades de parte de la autoridad penitenciaria para resolver cuestiones básicas de estancia, sin duda alguna llevan a que haya una relación entre la violencia y la falta de capacidades. Eso es a lo que nos estamos enfrentando en este y en casi la mitad de los centros penitenciarios de nuestro país que tienen una sobrepoblación”, declaró.

La entrevistada agregó que lo importante en los momentos críticos, como motines y evasión de reos, es que los centros carcelarios tengan funciones operativas y protocolos establecidos previamente y que sean efectivos, así como evitar el autogobierno.

Cristel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de la organización civil México Evalúa, dijo que desde el 2018 el Estado ha implementado una política punitiva tendiente a encarcelar a las personas bajo la figura de la prisión preventiva.

Pero sin generar las condiciones necesarias en las cárceles y sin que esto se traduzca en justicia, pues la impunidad alcanza en el país un 98.1 por ciento, señaló.

En México la población penitenciaria está conformada por unas 230 mil personas, aunque al final del día de cada 10 internos solo dos reciben una sentencia condenatoria.

Al sobrepoblar los reclusorios sin generar las condiciones necesarias esos espacios se convierten en caldo de cultivo para la comisión de delitos, como ha ocurrido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, refirió.

“Esta forma de presurizar las prisiones con tal cantidad de personas y sin tener personal suficiente, sin tener una capacidad instalada real para tener a todas esas personas, implica que se puedan cometer delitos desde los propios centros penitenciarios, es evidente que se pueden dar redes de extorsión, que los grupos criminales se conectan ahí y se hacen de recursos porque al cobrar por todo prácticamente se abren estos espacios para que ellos obtengan recursos económicos y, finalmente, una condición que hemos visto en varias décadas en el país, estos espacios los aprovechan los grupos criminales cuando buscan calentar una plaza o enviar mensaje de confrontación al Estado”, agregó.

La Dirección de Ejecución de Penas también documentó que el Cereso número 3 presenta un déficit en infraestructura, tecnología y recurso humano que les impide cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva y las sentencias.

Además, se cuestiona si es posible o no cumplir con reinsertar a la sociedad a quienes infringieron las leyes debido a que existe una disminución de actividades y servicios institucionales.

El penal de Ciudad Juárez tiene también complicaciones para la distribución, ubicación y separación de los internos, así como un incremento en la aplicación de sanciones disciplinarias por conflictos que derivan de la misma sobrepoblación y la insuficiencia de servicios.

Sin precisar cifras, la Dirección de Ejecución de Penas denuncia que existe un incremento en el número de incidentes violentos, por la presencia de grupos delictivos antagónicos y documenta que decenas de internos pertenecen a la pandilla Los Mexicles, a quienes considera un riesgo de seguridad para el centro penitenciario y los identifica como principales operadores de hechos delictivos en el Estado de Chihuahua. 

“Esta pandilla es sinónimo de violencia, toda vez que son los principales perpetradores de delitos de alto impacto social; al interior de los centros, como queda de manifiesto ha presentado una serie de incidentes que van en contra de la norma reglamentaria interior, ya que presenta problemas con la figura de autoridad, buscando burlar la seguridad del centro penitenciario en el que se encuentran y así poder ingresar objetos y sustancias prohibidas para el tráfico clandestino al interior”, se lee en el documento.

“Además, han sido identificados como líderes de estos grupos criminales y/o pandillas… que aun cuando se encuentran privados de su libertad buscan continuar manteniendo el control de las violencias en las calles de esa ciudad fronteriza”, señala la autoridad penitenciaria en el oficio con fecha del 4 de enero.

En el documento se solicita a un Tribunal de Enjuiciamiento que valide el traslado de los 199 reos que para esa fecha ya habían sido enviados a reclusorios federales, sin la autorización judicial.

laverdadjz@gmail.com

lo más leído

To Top
Translate »