En su primer mes al frente de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña acumula reflectores. Primero descabezó la Defensoría Pública. Luego desairó al presidente. Pero lo realmente grave es el protagonismo que le ha devuelto a Isabel Miranda de Wallace dentro el Poder judicial, dice el extitular de la secretaría técnica para combatir la Tortura
Por Daniela Pastrana / Pie de Página
Ciudad de México- El lunes 2 de enero en el Instituto Federal de Defensoría Pública, se encendieron las alertas. Después de tres rondas de votación, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron como presidenta a Norma Lucía Piña Hernández para el periodo 2023-2026, en sustitución de Arturo Zaldívar.
El nombramiento ponía fin a la crisis que provocó la revelación de plagio en la tesis de licenciatura de la magistrada Yasmín Esquivel, quien también aspiraba al cargo. Parecía una buena salida para el principal tribunal del país: Norma Piña es la primera mujer preside el Poder judicial y muchos vieron con buenos ojos sus posiciones progresistas en temas de derechos humanos.
Pero el ánimo no era el mismo en el Instituto de la Defensoría Pública, el área dentro de la Corte que se encarga de defender gratuitamente a las personas acusadas de delitos y que tuvo un impulso importante en los últimos cuatro años. Menos aún, en el equipo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura.
“Cuando dijeron el último voto, se me bajó la presión de la tristeza de pensar qué va a pasar”, cuenta Salvador Leyva, titular de la Secretaría Técnica hasta hace unos días.
Leyva, de 32 años, con un trabajo de derechos humanos desde la sociedad civil, ha tenido a su cargo la abogacía de las seis personas acusadas de la desaparición y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. Desde ese lugar, es testigo de la operación dirigida por Isabel Miranda de Wallace para sostener una versión falsa sobre el secuestro y asesinato de su hijo, y mantener 15 años en la cárcel a los acusados, usando todas las formas posibles de corrupción judicial: fabricación de pruebas, tortura, espionaje, hostigamiento, tácticas dilatorias.
Para los implicados en el caso, el nombramiento de Piña es el peor escenario: su torturadora tiene ahora la puerta abierta en la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, a través de Abraham Pedraza Rodríguez, quien trabaja con la ministra como Secretario de Estudio y Cuenta.
El Secretario de Estudio y Cuenta de una sala es el “encargado de la sustanciación, estudio y revisión de los medios de impugnación que le sean encomendados, así como la formulación de los anteproyectos de acuerdos y sentencias”, además de que está dotado de fe pública.
En este caso, Pedraza Rodríguez no sólo es un familiar cercano de Isabel Miranda (está casado con su hermana menor, Magdalena) sino que fue quien, en la madrugada del 13 de julio de 2005 se presentó en la agencia del ministerio público de la Alcaldía Benito Juárez para denunciar la desaparición de Hugo Alberto.
“Él presentó la denuncia de la investigación que se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y que ha servido para cambiar las declaraciones y torcer todo el juicio. Es el denunciante, directamente involucrado en el caso”, dice Leyva.
El día que platicamos, el abogado está en el ojo del huracán. Un día antes hizo pública su renuncia a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública y ha dado dos entrevistas en medios donde externa su temor de que la defensa de los acusados en el caso Wallace sea vulnerada, acusa el espionaje que sufrió con el software Pegassus, y responsabiliza directamente a la presidenta de la Corte de cualquier cosa que le pueda ocurrir a él o a su familia.
—¿Por qué decidiste hacer la denuncia así?
—Tenía que hacerlo. Por la responsabilidad con ellos (los acusados).
—¿Tienes miedo?
—Nunca he tenido tanto.
Una novela de mentiras y abuso de poder
En su carta de renuncia a la magistrada Taissia Cruz Pacheco, quien el 2 de febrero asumió la dirección del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Leyva dice que no existen las condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura y advierte que “a pesar de que la defensoría cuenta con abogados brillantes y valientes (…) la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos”.
“No puedo dejar esta institución sin expresarle el profundo temor de que la defensa de Brenda Juana Hilda, Tony Albert, Jacobo y César, implicados en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sea vulnerada como en administraciones anteriores, en las que personal de la defensoría encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso”, expone.
También hace un duro cuestionamiento al papel que la propia magistrada ha tenido en este juicio:
“Usted lo conoce bien desde que integró el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México (…) de hecho, el amparo de Albert y Tony permaneció por casi seis años en el colegiado sin ser resuelto. También se sabe que Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda Torres, trabaja como Secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Presidenta, Norma Lucía Piña, a quien usted me pidió que ‘no atacara’ cuando le comenté sobre esta irregularidad”.
La última parte de la carta parece una apelación desesperada, ante un oscuro horizonte:
“No creo que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública, sin embargo, apelo a que su formación como impartidora de justicia le permita contagiarse de la indignación que causa uno de los casos más representativos de la corrupción y el tráfico de influencias que persisten en las instituciones mexicanas”.
¿Por qué le preocupa tanto?
El caso Wallace es un laberinto de mentiras, complicidades y abusos de poder que bien podrían ser la trama de una larga novela policíaca, pero que en realidad son un emblema de la corrupción que corroe el sistema de justicia en México.
La historia inicia la noche del 11 y la madrugada del 12 de julio de 2005, cuando, según la versión de Isabel Miranda, su hijo fue secuestro y descuartizado en la regadera del departamento 4 del edificio ubicado en Perugino 6, colonia Insurgentes Mixcoac.
El caso se volvió relevante en la opinión pública porque la mujer instaló anuncios espectaculares ofreciendo una millonaria recompensa y se dedicó a la búsqueda de los culpables, a los que detuvo y entregó a las autoridades. Después fundó la organización Alto al secuestro para asesorar a otras víctimas de ese delito.
Hasta ahí, la historia heroica de Isabel Miranda. El problema es que se trata de una historia montada sobre un campo minado, basado en la tortura.
Por el supuesto asesinato de Hugo Alberto están detenidas seis personas: Juana Hilda González Lomeli, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Cesar Freyre Morales y los hermanos Alberto y Tony Castillo. La acusación sobre ellos, basada en buena parte en la confesión de Juana Hilda, tiene algunos elementos reales, dice el abogado: el coche de Brenda, que estuvieron viviendo los cuatro en un departamento, que César tenía una autoboutique en Pericoapa y que pudo tener una relación con Hugo Alberto (quien en 2001 fue condenado por contrabando). Que se conocían, estuvieron en fiestas, que tenían motos.
“De ahí empezaron a armar el caso. Pero es un caso que tiene mil irregularidades, de verdad, ridículas”, dice.
En las siguientes horas, iremos desgranando algunas.
Las dos investigaciones
“Hay colusión con la Fiscalía de la Ciudad de México”, acusa el defensor.
Luego explica: ”El caso está armado junto con una investigación en la ciudad de México, que hoy en día está abierta, a pesar de que ya hay sentencia en la federal. Y es en esta investigación local es donde han coaccionado a los testigos para que cambien las declaraciones en la investigación federal. Son testigos cruciales, como los vecinos del departamento, el policía que acudió la llamada del 060. Se les abrieron investigación en la Ciudad de México por falsedad de declaraciones y los obligaron a cambiar sus declaraciones. Es cuando vuelven y dicen: ‘la verdad es que si escuché. O el policía, si había sangre en la puerta”.
Entre las piezas de evidencia presuntamente inventadas, destaca una gota de sangre, hallada el martes 14 de febrero de 2006, que no había sido encontrada en el primer cateo y no estaba en la primera declaración del policía.
“Algunos desaparecieron, por miedo o por lo que sea, y no volvieron a declarar, empezando por José Enrique del Socorro Wallace, esposo de Isabel y padre legal de Hugo Alberto (no biológico), que nunca se presentó al juicio a pesar de ser el denunciante en la fiscalía federal”.
En cuanto a Abraham Rodríguez Pedraza, el Secretario de Estudio y Cuenta de la Ministra Piña, durante mucho tiempo y quien durante la investigación habla de “mi tía Isabel” y “mi primo Hugo Alberto”, es la persona que denuncia en la ciudad de México.
“Mientras José Enrique del Socorro está denunciando en la fiscalía federal, él está denunciando en la fiscalía de la ciudad de México, en esa investigación que hoy sigue abierta y que ha funcionado para encubrir, coaccionar y cambiar todo lo que está en la federal”.
Un patrón recurrente
César, Albert, Tony, Jacobo, están presos por el secuestro de Hugo Alberto, pero también tienen otro proceso abierto en el Estado de México, “que se les armó después” por otro caso. Lo curioso es que el abogado de las víctimas es también el abogado de Isabel Miranda.
Salvador Levy identifica un patrón: “Lo mismo que hizo con Israel Vallarta, lo mismo que hizo con el caso Martí, con Nelson Vargas, de meter a sus abogados y construir las bandas. Y cobrar las reparaciones. Porque lo más perverso de esto es que sí hay víctimas. Las personas que Isabel ha representado son víctimas de secuestro o familiares de víctimas de secuestro, pero no de los secuestradores que legalmente condenaron. En su lógica, eso no importa, porque ‘de todos modos son secuestradores’.
La conclusión del abogado cobra sentido si se considera un dato que ha sido ampliamente documentado en investigaciones periodísticas: Alto al secuestro y Miranda de Wallace crecieron bajo la manta de la policía federal que dirigía Genero García Luna, el poderoso Secretario de Seguridad que hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos por tráfico de drogas y delincuencia organizada.
La mala madre
El otro elemento que el abogado por sobre la mesa es que, salvo Brenda, todos los acusados tienen un perfil que activa los prejuicios sociales y permite su criminalización.
César, un exjudicial que vivió en ambientes de violencia, sin educación formal; Jacobo, “judío pobre”; Albert y Tony, cuyo padre muere cuando eran jóvenes y quien los cuida es su tío, de la misma edad de ellos; Juana Hilda, quien también viene de un ambiente muy pobre, era del medio artístico y andaba en fiestas todo el tiempo. Y que además, durante un tiempo fue pareja de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie (cuando nadie sabía quién era y en el Bar-Bar, donde ella trabajaba, solo sabían que era un tipo guapo con mucho dinero y muy buena onda).
En el caso de las dos mujeres, destaca además que están solo por ser parejas (Juana Hilda de César y Brenda de Jacobo), “como ocurre con casi todas las mujeres que están en las cárceles”. Pero las ponen en el mismo nivel de peligrosidad.
A Juana Hilda, una razón para elevarle la culpabilidad fue ser una mala madre. “Así está en la sentencia. La juzga por ser egoísta, porque prefirió delinquir a cuidar de sus hijos”, lamenta Leyva.
“Ella tiene dos hijas; la mayor, que tenía 12 años o menos, y luego tuvo otra hija en la cárcel, a la que le mataron el papá, nunca lo conoció, entonces, con todo lo que eso implica, la estigmatización, le dicen niñas de ambiente a las niñas que nacen en la cárcel, como si fueran malas por haber crecido ahí”.
Brenda, en cambio, “ha sido el talón de Aquiles”. Con estudios de maestría, trabajo y una familia unida, no entra en un patrón que se pueda fácilmente prejuzgar.
Los tentáculos
Hace un año, más o menos, revisando las listas de acuerdos de la Suprema Corte, en el equipo de Leyva detectaron el nombre de denunciante Abraham Pedraza Rodríguez.
“No, no puede ser, dije. No hay manera. Pero efectivamente, investigamos y es esposo de María Magdalena Miranda Torres, la hermana más chica de Isabel. Que no es cualquier persona. Ella fue encargada de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República. Hicimos una solicitud de información que no ha tenido respuesta, para tener las fechas precisas, pero era la PGR cuando estaba todavía Braulio Robles Zúñiga, quien fue parte de la Comisión del Estado mexicano en la audiencia de Tzompaxtle. Y de Osvaldo Jiménez, otro de los responsables de la tortura y a quien Brenda reconoció en una audiencia como su violador, uno de los cinco, que además también fue delegado de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahí descubrimos que tenían un Secretario de Estudio y Cuenta de una ministra”.
El caso llega a la Corte, cuando la ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió hacer el proyecto.
“Yo no la conozco personalmente, pero le creo que sea recta. Y que después de hacer eso, porque realmente creyó que valía la pena atraer el caso, la denuncian por delincuencia organizada, Eso también fue un mensaje, no me importa si eres ministro, te voy a inventar pruebas”.
Fue por esas fechas cuando en la Defensoría Pública se dieron cuenta de que eran espiados, pues sus teléfonos habían sido infectados por el software Pegasus.
“Nos dimos cuenta de Pegasus cuando publican la llamada con el periodista Ricardo Rafael y yo, en febrero de 2022, que son más o menos las mismas fechas que allanan mi casa”, recuerda Leyva.
“Primero fue un correo anónimo, que fue imposible rastrear de dónde venía. Luego lo publicaron en redes en una cuenta falsa, donde se publicaron también otros mensajes de whats app del Netzai Sandoval (director del Instituto de la Defensoría Pública)con ministros. Pero todos eran falsos. Lo único real era la llamada, de la que cortan un pedazo que sacan de contexto, porque lo que Ricardo me estaba contando era que se iba a investigar administrativamente a quienes estuvieron cerca del caso, y me dice algo así como ‘ya hablé con el fiscal y me dijo va’”.
La organización R3D revisó los teléfonos de todos los titulares del Instituto de la Defensoría Pública y los únicos infectados con el software fueron Leyva y personal de su equipo que participaba en el caso Wallace.
El pasado 24 d enero, la organización Citizen Lab le entregó un dictamen pericial que establece las probables fechas del espionaje.
De acuerdo con el peritaje fueron tres momentos, entre mayo y noviembre de 2021. Y los tres momentos están relacionados con acciones de la Defensoría en el caso de Wallace, como cuando se reveló que Osvaldo de Alba Martínez, el arrendador del departamento donde habría ocurrido el crimen, tenía una relación laboral previa con Isabel Miranda.
De acuerdo con la información documentada por el periodista Ricardo Raphael, durante el mes previo a la firma del contrato de arrendamiento –en septiembre de 2005–, De Alba Martínez obtuvo un pago de la empresa Showposter Publicidad, SA de CV, cuya directora general en esa misma fecha era Isabel Miranda, y cuyas accionistas eran su hija, Claudia Wallace Miranda, y su hermana, Guadalupe Miranda Torres (asesinada en julio de 2006 en circunstancias no aclaradas).
“No pareciera una ingenua coincidencia que días antes de ocupar el departamento, Osvaldo de Alba haya recibido un pago procedente de una de las empresas de la familia Wallace y que cuatro meses después, en ese preciso inmueble, hayan aparecido una licencia de conducir que durante el primer cateo pasó desapercibida y una gota de sangre que logró perdurar en el tiempo, a pesar de que el inquilino usara la regadera. La lógica lleva a suponer que Osvaldo de Alba fue contratado para romper la cadena de custodia del inmueble y a partir de esa ventaja sirvió como cómplice en la fabricación y sembrado de piezas clave de evidencia dentro del expediente Wallace”, escribió el periodista. Quien documentó otras pruebas documentales de la relación laboral entre De Alba e Isabel Miranda, a través de distintas empresas.
Para Leyva, quien tiene cinco procesos administrativos abiertos por defender este caso, la conclusión es evidente.
“Las investigaciones que hay en contra de mi equipo son cinco, yo estoy en las cinco, nomás cambia la combinación de con quien estoy. Y deberían haber estado en la delegación metropolitana o en la unidad de servidores públicos, pero extrañamente las lleva la dirección de control de averiguaciones previas de la Fiscalía General de la República, que también atrajo la de Isabel. Pero las cinco investigaciones que tengo hasta el momento son por acciones que hice en esos momentos en ese caso, entonces es como bastante claro”.
¿Quién se echa el paquete?
La lista de agravios y trampas legales en se extiende por varias horas, desde acciones para demorar las resoluciones judiciales de la jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, quien ya tiene una investigación administrativa por dilación de la justicia, hasta “apariciones” de Isabel Miranda en audiencias en las que no fue convocada y que se realizaban por zoom.
Incluso cosas más graves, como que con la confesión de Juana Hilda, dice el abogado, se construyó un dictamen de necropsia de cómo y por qué murió Hugo Alberto.
—¿Qué implicaciones tienen, para este caso, los cambios en la Defensoría?
Salvador Leyva hace un recuento: César, Albert, Tony y Juana Hilda, están en amparo directo, “es su última oportunidad”. En el caso de Albert y Tony, el juicio estuvo casi 6 años en el Tribunal Colegiado donde estaba la magistrada Taissa (la nueva directora de Defensoría de Oficio) y no se resolvió. El de Juana Hilda ya tenía un proyecto que se alistó para diciembre de 2021 y fue aplazado. En ese inter lo atrajo la Corte, a petición de la Defensoría. Ahora tiene que haber un proyecto. “lo hace el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y lo resuelve la Primera Sala”. El de Brenda sigue en el proceso.
“Con ella logramos la admisión del caso en la comisión interamericana. Fueron dos años de trámite. Y coincidencia o no, pero esto me lo notifican el 5 de enero y las medidas me las quitan el 9 de enero, en la sesión de la Comisión de Vigilancia”, dice.
Para el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU se trata de un caso emblemático: Brenda es una sobreviviente de tortura sexual, por lo menos tres veces, en el penal de Islas Marías, donde nunca tuvo que estar porque era una cárcel para personas sentenciadas.
“Este caso tiene casi 100 tomos -reflexiona Salvador Leyva- Lo que llegó a la corte eran 65, entonces estudiar ese caso es complicado. Ahí tenemos la posibilidad de que los absuelvan, y tendrían que hacerlo, pero ¿quién se va a echar ese paquete? Si los absuelven, Brenda sale libre inmediatamente, pero Jacobo no, tiene el otro proceso en el Estado de México”.
“Las cosas se movieron demasiado rápido”
Netzaí Sandoval Ballesteros es un abogado experto en derecho internacional de Derechos Humanos. Fue Premio Sentencias 2021 al mejor litigante en defensa de personas migrantes y también fue el primer abogado en presentar una denuncia internacional ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en contra del Gobierno de México, por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante la «Guerra del narcotráfico» emprendida por Calderón. La propuesta fue respaldada por más de 23 mil ciudadanos.
En enero de 2019 fue nombrado Director del Instituto Federal de Defensoría Pública, a propuesta del Ministro, Arturo Zaldívar, entonces presidente de la Corte. El Consejo de la Judicatura Federal lo aprobó por unanimidad y en enero de 2022 lo ratificó en el cargo por 3 años más.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública fue creado en 1992, y está integrado por unos 3 mil trabajadores, entre abogados y personal auxiliar o administrativo, que tienen el mandato de defender gratuitamente a las personas que enfrentan un juicio penal. Sandoval le dio un impulso al trabajo de la defensoría, al incorporar en las diferentes unidades a abogados con un perfil de derechos humanos. Además, en la misma línea de la presidencia de la Corte, tuvo una apertura para la comunicación inédita en el poder judicial.
Pero el cambio de vientos en la Suprema Corte, al término del periodo de Zaldívar, dio un viraje brusco a ese trabajo y el 31 de enero, Netzaí Sandoval anunció su renuncia.
“Quiero compartirles un caso que acabamos de ganar y que muestra la capacidad de la institución que dejo. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura -creada en mi gestión- presentó 5,628 denuncias por actos de tortura”, escribió en Twitter.
Horas después, y aún antes de que se anunciara el nombramiento de la Magistrada Taissia Cruz Parcero como nueva titular del Instituto, Isabel Miranda de Wallace se congratuló de la salida de “una bola de hampones y corruptos”.
“No creímos que las cosas se fueran a mover tan rápido, que a Netzaí le fueran a pedir la renuncia, tenía dos años más legalmente y en la historia del Instituto nunca le habían pedido a un director que renunciara”, dice Leyva.
“Sí imaginamos que habría cambios, pero más bien pensamos que nos iba a ignorar, que no iba a ver el mismo apoyo que con el Ministro Zaldívar, era nuestra esperanza que nos ignoraran, pero que nos dejaran seguir chambeando, nunca que fuera a ser así”.
Recuerda incluso que, cuando se anunció que la nueva directora sería Taissia Cruz Parcero, su equipo vio como signo positivo fuera una magistrada con décadas de experiencia y con un fuerte respaldo colegial. Pero las situaciones que se fueron desencadenando el 1 de febrero en la Defensoría Pública, hicieron insostenible mantenerse en ese espacio.
“A media tarde de ese día no se había acercado a la oficina, mandó personal que se encerró en la sala de juntas desde las 8 de la mañana y pensamos, ilusamente, que no querían saltarse a la Magistrada para que se presentara con el equipo. Pero ella llegó y avanzó por el pasillo sin saludar. Esa misma tarde pidió la renuncia a dos titulares. Fueron reuniones de 10 minutos. No preguntó qué haces, cómo lo haces, en qué están trabajando. Nada. Es lógico que quisiera formar su equipo, hacerlo a su manera, y nosotros pensamos: les damos la chamba, sin problema, les explicamos cómo le hacemos. Pero no, sin preguntar nada se van dos. Y al día siguiente lo mismo. Mis ganas de quedarme en el Instituto eran, en buena parte, por este caso (de Wallace). Pero ya no hubo condiciones”, reflexiona el defensor.
¿Qué sigue? Leyva cree que es probable que volvamos a ver cerrado herméticamente al poder judicial. Y está consciente de que probablemente tenga sanciones administrativas -incluso una inhabilitación- por las entrevistas que ha dado. Pero insiste en que es una obligación decirlo. “Lo que le están haciendo al equipo es horrible. Nos pueden criticar por lo que quieran, que si corrimos a mucha gente, pues sí, gente que no trabajaba, que cobraba por fuera, y nos faltó el doble».
Del caso Wallace solo espera que las personas que llevan 15 años en la cárcel injustamente puedan conseguir su libertad. “Qué pasó en realidad, creo que no lo vamos a saber nunca“.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
