Los picaderos no son el problema, el problema es no querer reconocer la realidad. Las personas consumen sustancias y el estigma solo agrava más el asunto al punto de convertirlo en una problemática social.
Por Mariela Castro Flores
Tw / IG: @marielousalomé
Un problema social es aquel que aqueja a amplios sectores de la población y que tiene que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de la vida de las personas, es decir, un problema social no afecta a alguien por decisión personal o por falta de esfuerzo, podría decirse que sus condiciones contextuales le influyen o le definen; estas, pueden encontrarse en cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales. Se convierte en una problemática cuando el Estado en su mandato constitucional de garantizar derechos no logra hacerlo con suficiencia porque, dicho sea de paso, es sumamente complejo atenderles.
De modo reciente, el gobierno municipal de Chihuahua cerró una librería negocio privado de un exgobernador y por ser la figura política que es, en su defensa varios personajes desde su conservadurismo esgrimieron la frase: “como no cierran picaderos” sin problematizar lo que entraña la sentencia emitiéndola desde una lógica punitiva motivada por el prejuicio y el estigma que tanto le ha redituado a las políticas de gestión de poblaciones y limpieza social que favorecen la necropolítica, que distintos gobiernos han abrazado con vehemencia en los últimos años y vio su cúspide con la guerra contra el narco declarada por Calderón.
Parece absurdo decir que se tiene que comenzar por reconocer que hay problemáticas que existen para proceder a su atención; sin embargo, las formas en que se abordan tienen que ver con el enfoque que, en la presente administración están muy lejos de hablar de diagnósticos participativos entre personas consumidoras de sustancias, comunicación y movilización social, estrategias de reducción de riesgos y daños, gestión de riesgos y placeres porque habría que aceptarlo: el consumo trae placer sin hablar propiamente de adicción, lo que lleva a una cultura psicoactiva que coloca al consumo responsable y lúdico como uno posible que eventualmente, podría eliminar el estigma y generar una mejor atención incluso para quien ya cursa por procesos de adicciones.
Curiosamente, la forma de atender del actual gobierno estatal y sus homólogos municipales de las diversas problemáticas sociales que genera el consumo de sustancias fuera de la vista y protección del estado, impide ver que las políticas públicas que se han definido en organismos internacionales distan del prohibicionismo y parten de principios éticos comunes que subyacen en cualquier política efectiva como la garantía de los derechos humanos, la igualdad, la universalidad, la solidaridad, la responsabilidad compartida entre la persona que consumen y el estado; precisamente, para reducir riesgos, como por ejemplo, para la prevención del VIH por el uso de sustancias inyectables.
La reducción de la demanda para el consumo tiene que ver con la prevención y ello, con reconocer diversas realidades sociales y es donde el estigma entra en juego para provocar indignación cuando se sabe de la falta de eficacia de las políticas criminales del estado contra el narco, pero que evapora su exigencia en el momento en el que se define que atender a las personas consumidoras o adictas -así sea en los picaderos- para que no se enfermen, no padezcan violencias y tengan calidad de vida, es también obligación del estado; requieren agujas limpias, saber cómo limpiarlas para su reúso cuando no pueden tener nuevas estériles, tener dosis controladas proveídas por los sistemas públicos de salud para cuando se desea disminuir el consumo o dejarlo definitivamente.
Todo lo anterior entre otras acciones –impensables bajo el actual gobierno ultraconservador que solo sabe perseguir y castigar–, en vez de solo estar alimentando a la mafia de los centros de rehabilitación que sirven para trasladar “el problema” de los espacios públicos a donde no se vean, obteniendo regularmente financiación del estado sin que sus métodos comprueben que son eficaces; para los gobiernos es más fácil que alguien o algo se haga cargo de lo que se considera subcategorización, es decir, personas que si merecen atención del estado para la procuración de bienestar y las que no.
Los picaderos no son el problema, el problema es no querer reconocer la realidad. Las personas consumen sustancias y el estigma solo agrava más el asunto al punto de convertirlo en una problemática social.
Corresponsabilidad compartida y reducción de riesgos y daños, también en los picaderos.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
