Promueven en Congreso de Chihuahua reforma para eliminar criterios de priorización que aplica la Fiscalía en casos de violación a derechos humanos; son excluyentes y niegan a las víctimas la posibilidad que sus casos sean investigados, señalan organizaciones que respaldan la iniciativa
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Para que las autoridades de Chihuahua inicien una investigación especializada en casos de desaparición y tortura, no basta con que las víctimas o sus familiares lo soliciten a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, antes, deben pasar un test de priorización en el que son las propias autoridades las que determinan qué tan urgente es cada denuncia y, si es el caso, se comienzan las diligencias.
Ante este panorama, la diputada Leticia Ortega Maynez del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para erradicar los criterios de priorización, con el argumento de que se trata de disposiciones que vulneran el acceso igualitario a la justicia, además de que representan una barrera para las víctimas de delitos contra derechos humanos.
Los criterios, explica la exposición de motivos de la iniciativa, toman en cuenta “la probabilidad de éxito o la captura de los máximos responsables, las características de las víctimas y los perpetradores, la representatividad de los casos, su sistematicidad o patrones en cualquiera de sus componentes, entre otros elementos”.
A cada criterio se le asignan puntos, de manera que una vez terminada la valoración se establece si el nivel de prioridad es alto, medio o bajo, solo entonces es que la Fiscalía Especializada atrae o no el caso.
“… el test de priorización determina sobre que asuntos se destinarán sus recursos, dejando fuera aquellos que no alcancen el puntaje determinado, oponiéndose al desarrollo de los principios de efectividad y exhaustividad, y de debida diligencia, obstruyendo por completo la obligación de búsqueda inmediata”, considera la iniciativa.
Entre 2010 y noviembre de 2022, la entidad acumula mil 745 carpetas de investigación por delito de tortura -mil 183 en Juárez, 453 en Chihuahua y 31 en Cuauhtémoc como los tres municipios de mayor incidencia-; en total hay dos mil 450 víctimas de las que 208 fueron mujeres y ocho niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.
De todas las carpetas iniciadas, solamente una llegó a la etapa de vinculación a proceso.
En el caso de personas desaparecidas, en Chihuahua hay tres mil 510, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 27 de febrero de 2023.
“Resulta incomprensible la razón de establecer criterios para seleccionar los asuntos que van a ser investigados por una fiscaliza especializada en estos delitos, cuando los números de personas víctimas de violaciones a derechos humanos son alarmantes”, argumenta la propuesta.
A las afueras del recinto legislativo, organizaciones de la sociedad civil dijeron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada ha rechazado la atracción de muchos casos por el bajo puntaje que alcanzan en los test de priorización.
“… nos resulta incomprensible la razón de establecer criterios para seleccionar los asuntos que van a ser investigados por una Fiscalía Especializada, ya que todos los casos deben ser investigados con exhaustividad y debida diligencia. Con esas acciones el Estado promueve que estos crímenes de lesa humanidad se sigan repitiendo y borra de nuevo una posible construcción de la memoria”, apuntó el posicionamiento, respaldado por Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, Justicia para Nuestras Hijas, Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Abogadas Demócratas, Derechos Humanos Integrales en Acción, Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, Red Mesa de Mujeres, Consultoria Técnica Comunitaria, Bowerasa “Haciendo Camino”, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Las 12 organizaciones exigieron que la iniciativa sea atendida de forma prioritaria para dejar de vulnerar el derecho a la verdad y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño.
“La eliminación de estos criterios de priorización es una deuda que el estado de Chihuahua tiene con los cientos de personas desaparecidas y víctimas de tortura”, sentenciaron las organizaciones.
Silvia Méndez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dijo que los criterios de priorización son excluyentes y que niegan a las víctimas la posibilidad que sus casos sean investigados.
Fiscalía especializada… en no investigar
Aunque en 2017 se formalizó en la ley la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada solo comenzó a funcionar a partir de 2019.
La iniciativa señala que a diferencia de agencias especializadas de otras entidades, la de Chihuahua únicamente atrae aquellos casos que pasan el test de priorización.
Actualmente, la instancia ni siquiera ha informado con claridad en cuántas carpetas de investigación ha ejercido la facultad de atracción.
“De acuerdo con la información publicada en su portal de transparencia, la Fiscalía Especializada solo ha ejercido atracción en 11 carpetas, sin embargo, el número no coincide con información que en la misma fiscalía y de forma personal han otorgado, mencionando que colaboran en cuatro carpetas de las cuales no han atraído ninguna, dejando incertidumbre en esta información”, revela la iniciativa.
Ortega recordó que en mayo de 2022 el Comité contra las Desapariciones Forzadas exigió al Estado mexicano adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona que desapareció en la Ciudad de Jiménez, Chihuahua, incluida la atracción del caso por la Fiscalía Especializada en Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
“Cabe mencionar que los familiares, así como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC, solicitaron la atracción del caso en tres ocasiones, mismas que les fueron negadas por no alcanzar un ‘puntaje alto’ en el test de priorización, y es hasta ese momento de la resolución por un organismo internacional, que es admitido. Situación que ilustra claramente el camino que deben llevar las familias y sus representantes para que los casos puedan ser aceptados por esa Fiscalía Especializada”, continúa la iniciativa.
La propuesta busca que se modifique la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, específicamente la eliminación de la política de priorización de casos para la investigación de violaciones a derechos humanos.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictamen.
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