La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitó también al organismo de derechos humanos la emisión de medidas cautelares en favor de defensores de migrantes; advierte que las declaraciones del presidente municipal discriminan, estigmatizan y criminalizan
Por Redacción de La Verdad
Ante los riesgos que enfrentan los migrantes y defensores de migrantes, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas cautelares en favor de personas en contexto de movilidad humana en Ciudad Juárez.
También pidió que se apliquen los mismos mecanismos de protección para la Casa del Migrante y el comedor de la Catedral de la Diócesis de Ciudad Juárez, por considerar que las personas en tránsito y las defensoras de derechos humanos se encuentran en situación “grave y de riesgo probable”.
La solicitud a la CNDH se generó luego de que el pasado primero de marzo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) irrumpieron en la Catedral de Ciudad Juárez para detener a migrantes, sin apego a protocolos legales, violentando los derechos humanos de las personas en movilidad, de acuerdo con la denuncia de las autoridades eclesiásticas.
La Pastoral indicó que por esos hechos ocurridos en la Catedral y por las declaraciones realizadas por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, que resultan directa e indirectamente en políticas y prácticas que discriminan, estigmatizan y criminalizan a las personas en contexto de migración y la labor de las personas defensoras.
“La solicitud de medidas busca que las autoridades de Ciudad Juárez, en el respectivo ámbito de su competencia, adopten medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger y garantizar la vida, libertad e integridad de las personas en contexto de movilidad humana, así como el derecho a defender los derechos humanos de las personas migrantes” se menciona en un comunicado con fecha del 21 de marzo.
En el documento además se hace un llamado al Instituto Nacional de Migración para que instrumente y ejecute la política migratoria en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, a fin de evitar que autoridades que no cuentan con facultades realicen funciones y actos de autoridad en materia migratoria.
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