El panorama que pinta el informe registra, además, un retroceso respecto del año pasado, cuando la situación ya era muy grave. Si en su informe del año pasado Frontline Defenders reportó la muerte de 42 defensores mexicanos de los derechos humanos, en el presente reporta 45 decesos. Al igual que en 2022, el sector más peligroso de las Américas y de México fue el de la defensa de derechos ambientales, al territorio y de pueblos indígenas.
Por Eugenio Fernández Vázquez
La organización internacional Frontline Defenders publicó su informe sobre ataques contra defensores de derechos humanos en 2022 y el panorama que pinta es desolador, especialmente para países como México, que sigue entre los más peligrosos del mundo en la materia, y para quienes luchan en favor del medio ambiente y en defensa de su territorio, sectores contra los que ocurrieron uno de cada diez ataques en el mundo y tres de cada diez en las Américas.
Sobre México el informe de Frontline Defenders destaca la terrible situación que atraviesan los estados del sur del país, junto con Chihuahua, en el otro extremo de la geografía nacional. En esas entidades “los defensores de los derechos indígenas y sus comunidades defendiendo la tierra y el territorio fueron sometidos a ataques armados, desapariciones forzadas, violencia y asesinatos”, dice el documento. El reporte contabiliza la muerte de 18 defensores de los derechos indígenas, entre ellos ocho en Oaxaca, cinco en Guerrero y tres en Chihuahua.
La organización internacional destaca también ataques como los padecidos por Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que han sufrido desde robos en sus oficinas hasta intentos de asesinato por su enfrentamiento con los megaproyectos en el centro del país. También resalta el caso de Kenia Hernández, defensora amuzga presa desde hace casi tres años por participar en una protesta por la liberación de presos políticos que, como ella, luchaban en defensa de la tierra.
El panorama que pinta el informe registra, además, un retroceso respecto del año pasado, cuando la situación ya era muy grave. Si en su informe del año pasado Frontline Defenders reportó la muerte de 42 defensores mexicanos de los derechos humanos, en el presente reporta 45 decesos. Al igual que en 2022, el sector más peligroso de las Américas y de México fue el de la defensa de derechos ambientales, al territorio y de pueblos indígenas.
Aunque el grueso de los ataques contra defensores no fue perpetrado directamente por los gobiernos, el hecho es que los gobiernos de los tres órdenes en México, igual que en el resto de América Latina, son cómplices al menos por omisión, porque la impunidad sigue siendo la regla y una de las condiciones de posibilidad para que se perpetúe esta situación tan dolorosa. En palabras de Frontline Defenders, “los niveles tan prevalentes de impunidad, combinados con un acceso limitado a la justicia, permitieron que la criminalización continuada, combinada con otras formas de ataques violentos, se usara para silenciar” a los defensores y defensoras y para “descarrilar su trabajo crucial”.
El hecho de que ésta siga siendo la norma a cuatro años de llegado el gobierno de la “cuarta transformación” debería llamarnos a todos a escándalo, sobre todo en casos como el quienes están en la cárcel por la persecución de una autoridad federal. Resulta también escandaloso que haya quien, como hizo Fabrizio Mejía Madrid hace unas semanas, niegan la legitimidad de estas luchas y afirman que “el ambientalismo ha sido absorbido por el sistema neoliberal como pocos en la historia de la resistencia crítica”.
Los pasos a seguir son claros, y la vida de todos nosotros, pero sobre todo la de las miles de personas que están en primera línea de la defensa del planeta y del combate contra los depredadores, depende de que se tomen. Urge que el Estado deje de criminalizar a los defensores ambientales y se ponga de su lado; urge que no solamente no se meta con ellos, sino que los y las defienda de los ataques que sufren; urge que se haga justicia en los casos en los que esa defensa fracase, que todos sepamos la verdad de lo que pasó en esos ataques, que se reparen los daños causados y que se tomen las medidas para que no se repitan.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
