Aún en el sexenio de AMLO, los homicidios aún se relacionan con la guerra contra el narco. En Chihuahua el 56.1 por ciento de los asesinatos es vinculado con la guerra de y contra la delincuencia organizada, de acuerdo con la investigación de Data Cívica e Intersecta
Por Redacción La Verdad
A lo largo de tres sexenios, el gobierno mexicano negó una y otra vez tener algún registro sobre los asesinatos ligados a la guerra contra el narcotráfico; el hackeo de correos electrónicos realizado por el grupo Guacamaya permite conocer no solo que la información existe, sino que de forma sistemática las autoridades criminalizan a las víctimas de la lucha contra el crimen organizado.
Basadas en lo revelado en los correos, las organizaciones Data Cívica e Intersecta lanzaron ayer Con Copia Oculta, un repositorio de información de la Secretaría de la Defensa Nacional que permitió conocer y reconstruir la base de datos -hasta antes oculta-, que las principales instituciones de seguridad del país alimentan periódicamente sobre los enfrentamientos entre y con el crimen organizado.
Casi cuatro años de información, del 1 de enero de 2017 al 5 de agosto de 2018 y del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2020 fueron condensados en una base de datos titulada por las organizaciones como “la base oculta”, donde se registraron en total 58 mil 183 eventos que las autoridades relacionan con el crimen organizado y en los que hubo alguna persona fallecida o donde hubo fuego cruzado. Chihuahua destaca como la tercera entidad con la tasa más alta de homicidios.
El nombre oficial de la base, según se reveló en los correos, es Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (CANDADO), y se envía semanalmente a altos mandos de corporaciones de seguridad con el número total de eventos y víctimas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, si hubo incremento o decremento respecto a la semana previa, así como cuáles son las entidades y municipios con más víctimas.
En los más de 58 mil eventos, un total de 70 mil 898 personas producto de la delincuencia organizada y de su combate, establecieron las organizaciones. Los datos de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el mismo periodo de la base 130 mil 583 personas fueron asesinadas en México, lo que significa que, según el gobierno, el 54.2 por ciento de los homicidios en el país fueron consecuencia de la lucha contra el crimen organizado.
Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, destacó la necesidad de que los datos de la base del Grupo CANDADO sean públicos, dado su impacto en el diseño de las políticas de seguridad.
“Estamos en un contexto de opacidad, estamos en un contexto de creciente poder que se le ha dotado poder a las fuerzas armadas… pero también en un contexto de cierre de espacios de mecanismos acceso a la información”, dijo Meltis.
En ese sentido, mantener oculta la base de datos que usa el gobierno para diagnosticar la seguridad pública impide que se evalúen los programas y las decisiones, consideró.
Tras homicidios, olvidan seguimiento
La base del grupo CANDADO incluye entre sus variables datos que permiten conocer si hubo algún seguimiento legal a los homicidios presuntamente ligados al crimen organizado, sea la apertura de una carpeta de investigación, un proceso judicial o incluso una sentencia.
Únicamente en el 22 por ciento de los eventos se hizo una mención al menos de seguimiento legal.
Mientras que menos de uno de cada diez asesinatos -apenas el seis por ciento- se reportó el nombre del grupo delictivo involucrado en el evento.
Categorías como homicidio doloso cuya víctima o victimario es presumiblemente miembro de algún grupo criminal, que se registre si las víctimas hayan tenido huellas de tortura con “materiales característicos de la forma en que operan los grupos delincuenciales como mordaza, cobijas, cinta adhesiva”, forman parte de la base.
Para Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, estas formas de ordenar la información muestran cómo las autoridades han fomentado el uso de una narrativa que estigmatiza a las víctimas y “fomenta la idea de que los criminales se matan entre sí”.
“Debemos cuestionar el diagnóstico de las autoridades. El estigma sigue estando en el centro de la narrativa de gobierno”, mencionó Vela.
Alicia Franco, analista de datos de Data Cívica llamó la atención sobre la narrativa de que los delincuentes “se matan entre ellos” que sirve para que las autoridades se quiten responsabilidad sobre estos hechos delictivos.
El análisis de la información arrojó que en cinco mil 426 casos las autoridades estuvieron involucradas formalmente, es decir, hubo “agresiones directas” a las fuerzas del orden público.
“… cuando el Estado reconoce haber estado presente en un evento, la calidad de reporte de varias variables de interés (calibre de las armas, seguimiento legal del evento, nombres de las víctimas y el grupo delictivo involucrado) empeora. Al ser ambiguo el rol del Estado y de la delincuencia organizada en estos eventos, creemos que no se pueden adjudicar todos los fallecimientos reportados en la base oculta solo a la delincuencia organizada y no adjudicarlos también a su combate”, se lee en el informe del proyecto.
La bitácora de la guerra en Chihuahua
La Verdad tuvo acceso al informe detallado que elaboraron Data Cívica e Intersecta para Chihuahua. Se trata de un documento que muestra algunos de los datos de la base elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).
De acuerdo con el texto, entre 2017 y 2020 seis mil 103 personas fueron asesinadas por la presunta delincuencia organizada y su combate.
El número de víctimas ubica a la entidad como la tercera con la tasa más alta de homicidios de esta naturaleza, solamente por detrás de Colima y Baja California.
Los municipios de López (con tasa de 703.5 víctimas por cada 100 mil habitantes), Madera (692) e Ignacio Zaragoza (538.9) son los que registraron las cifras más altas de homicidios presuntamente relacionados con la guerra de y contra la delincuencia organizada.
Mientras que a nivel nacional el 54.2 por ciento de los asesinatos estuvieron relacionados presumiblemente con este factor, en Chihuahua el porcentaje fue de, 56.1 por ciento.
“… a nivel nacional, el porcentaje de asesinatos que el Estado le atribuye a la presunta delincuencia organizada y su combate dio un salto de 48.2 por ciento a 59.3 por ciento a partir de este sexenio. Este salto fue mayor en Chihuahua donde los asesinatos por presunta delincuencia organizada y su combate representaron 48.8 por ciento de los presuntos homicidios en los últimos dos años de EPN y 62 por ciento de los presuntos homicidios en los primeros dos años de AMLO”, establece el documento, proporcionado por las organizaciones.
Por último, el informe comparó los detalles reportados por el Estado en cada evento a nivel nacional y local. Los resultados más relevantes indican que mientras en el país el seguimiento legal solo tuvo espacio en el 22 por ciento de los casos, en Chihuahua fue en el 57 por ciento.
El proyecto liberará en los próximos días reportajes y más detalles sobre cómo las autoridades han usado esta información y su impacto en las investigaciones sobre el crimen organizado.
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