Defiende Seguridad Pública uso de videovigilancia vetada por EE.UU. y descarta espionaje
jueves, junio 8, 2023
El sistema de cámaras de vigilancia de las marcas cuestionadas por Estados Unidos forma parte de la estrategia de seguridad Juárez Vigilante que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar puso en marcha en agosto de 2022
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez– La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) defendió la compra y uso de sistemas de videovigilancia a compañías chinas vetadas en Estados Unidos, y aseguró que no hay riesgos de espionaje.
“Todo el sistema de nosotros está controlado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y nadie puede tener acceso, los proveedores nos entregan a nosotros todo y el manejo nada más lo tenemos nosotros”, dijo César Omar Muñoz Morales, titular de la corporación.
El cuestionado sistema de videovigilancia con reconocimiento facial fue adquirido por el Municipio como parte de la estrategia de seguridad Juárez Vigilante que el presidente Cruz Pérez Cuéllar puso en marcha en agosto del 2022. Ésta contempló la instalación de mil cámaras de vigilancia, ubicadas en 250 puntos de la ciudad, se anunció en ese entonces.
Una investigación periodística de Empower, publicada este miércoles por La Verdad, exhibe que el gobierno de Ciudad Juárez adquirió a través de la SSPM tecnología de empresas vetadas por Estados Unidos, por representar riesgos de espionaje.
La SSPM adquirió en mayo de 2022 dispositivos de las marcas Dahua y Hikvision a través de las empresas INT Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V. y Novitech, S.A. de C.V., exhibe Empower.
Según los contratos públicos DCA/SSPM/161/2022 y DCA/SSPM/162/2022, la primera empresa proveyó e instaló un total de mil cámaras de video vigilancia en 250 puntos de monitoreo inteligente (PMI), mientras que la segunda empresa proveyó servicios complementarios.
En Estados Unidos, desde 2021, ninguna dependencia federal puede comprar equipos de vigilancia masiva con fines de seguridad pública si fueron manufacturadas por marcas chinas como Dahua y Hikvision.
En entrevista sobre el tema, Muñoz Morales dijo a La Verdad que antes de hacer la adquisición del equipo de videovigilancia, el Gobierno Municipal estaba al tanto de que esa compañía fue vetada por Estados Unidos y minimizó cualquier riesgo de espionaje.
“Todo lo que no viene de Estados Unidos, Estados Unidos lo veta porque quiere vender lo de ellos, pero no es que tenga ningún riesgo de nada, nosotros lo verificamos antes de comprarlo”, afirmó.
Respecto a las consideraciones de la ONU en el sentido de que comprarles a estas empresas es contribuir al trabajo forzado, a la explotación laboral y el reclutamiento, el jefe policiaco de la ciudad dijo desconocer esa situación y afirmó que lo que realmente le interesa a la Secretaría es la adquisición, no le interesa el aspecto laboral de los fabricantes de las cámaras.
“La verdad eso si lo desconozco por completo. Yo le estoy hablando del equipo que nosotros compramos, nosotros lo contratamos ya si ellos forzan (sic) a su personal para trabajar o trabajan horas extras o no trabajan pues ahora sí que ya, a nosotros nos entregan nuestro trabajo que es lo que nosotros contratamos”, indicó.
Según estándares internacionales de derechos humanos, ninguna empresa debería contribuir a este tipo de abusos y tendrían que monitorear el uso que los gobiernos dan a sus productos, declaró a Empower Maya Wang, directora adjunta de la división asiática de Human Rights Watch, una organización defensora de derechos humanos.
El secretario aseguró que el sistema de videovigilancia, Juárez Vigilante, ha dado buenos resultados, aunque no citó ningún hecho concreto de éxito.
La investigación de Empower encontró que en la frontera norte de México son cuatro los estados donde se tienen sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial para tareas de seguridad pública e investigación forense: Chihuahua, Coahuila, Baja California y Nuevo León.
Empower también documento que al menos en dos entidades compraron equipos de compañías chinas que en Estados Unidos fueron vetadas por representar riesgos de espionaje.
La recopilación de datos biométricos como el iris de los ojos, huellas dactilares, voz de las personas y rasgos faciales preocupa a defensores de derechos humanos por su potencial uso para perseguir a figuras de oposición y porque alimentan sistemas de reconocimiento facial con sesgos raciales que discriminan, se asegura.
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