A más de mes de que el Título 42 llegó a su fin y el Título 8 volvió a entrar en vigor en EU, las políticas de ese país se han endurecido mientras México se ha quedado corto en su apoyo a la población migrante, advierten organizaciones civiles
Por Manu Uresti / Animal Político
La opacidad, la poca claridad en los trámites y las violaciones al derecho de las personas a buscar asilo continúan a pesar de los cambios recientes en la política migratoria estadounidense y a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador, para que México reciba a solicitantes de asilo retornados por EU de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Así lo advirtieron organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles mexicanas, que señalaron que el cambio del Título 42 —a partir del cual fueron expulsados casi 3 millones de personas de EU durante la pandemia— por el Título 8 y la entrada en vigor de nuevas medidas en EU no han generado una mejoría en la situación de miles de personas que buscan asilo en ese país, y que son expulsadas a México sin garantías de que no van a ser devueltas a los países de los que salieron huyendo.
El Título 8 es la disposición que existía en EU antes de la pandemia y de que la administración de Donald Trump estableciera el Título 42, que permitía expulsar a migrantes de manera inmediata argumentando motivos sanitarios por el COVID-19.
Ahora, a la par del regreso del Título 8, EU ha aumentado las vías legales para ingresar al país. Las personas pueden ingresar a EU mediante un registro en una app (CBP one), que funciona solamente en México (desde la CDMX hacia el norte), para posteriormente solicitar asilo en ese país. Asimismo, las personas ahora tienen la posibilidad de solicitar asilo desde varios puntos de América Latina y también desde México.
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“Con las nuevas medidas, una persona que necesita protección puede pedirla sin hacer esos viajes horribles y sin poner su vida en riesgo por rutas muy peligrosas atravesando varios países. Creemos que esto es algo positivo y un avance en la buena dirección”, dijo en entrevista Giovanni Lepri, representante en México de la agencia de la ONU para refugiados.
Sin embargo, también planteó que hay varios puntos del Título 8 que preocupan a la ACNUR.
“Hay una nueva normativa que ha puesto en marcha Estados Unidos que prevé que las personas que hayan transitado por México y entren irregularmente a Estados Unidos no serán elegibles para que su caso ni siquiera sea estudiado como posible caso de asilo y no van a ser analizadas sus necesidades de protección”, advirtió.
Es decir, ahora si una persona migrante entró irregularmente a EU para pedir asilo, pero transitó antes por México y no solicitó asilo aquí, será expulsada a su país de origen o también podrá ser devuelta a México. Por lo que, de facto, el Título 8 continúa siendo una versión muy similar al programa Quédate en México, el polémico acuerdo al que llegaron la administración Trump y la Cancillería para que México recibiera a miles de solicitantes de asilo mientras se determinaba su situación. De hecho, tan solo días después de que el pasado 11 de mayo entró de nuevo en vigor el Título 8, organizaciones civiles denunciaron que más de 2 mil 400 personas fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y transportadas en aviones y autobuses a la frontera sur mexicana, “en un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones civiles que pueden orientarlas”.
“Esta nueva disposición nos preocupa mucho porque es una limitación importante al derecho a la libertad territorial. Además, el denegar el asilo a una persona solo por haber transitado por otros países es algo que no está previsto por el derecho internacional, y así lo ha transmitido la ACNUR al gobierno de Estados Unidos”, enfatizó Lepri, que además precisó que, a diferencia de lo que sucedía con el Título 42, ahora sí puede haber una penalización para no entrar a EU por cinco años o más, e incluso la posibilidad de cárcel en el caso de no cumplir con esa penalización.
“Ante poca claridad, la respuesta de México ha sido el silencio”
La otra preocupación tiene que ver con el papel de México ante esta nueva disposición de la ley migratoria de EU.
“El tema aquí es qué hace México con esa persona retornada”, subrayó Lepri. “Por ejemplo, falta mucha claridad sobre qué tipo de documento recibe la persona, y, sobre todo, qué garantías tiene de que no va a ser devuelta al país del que huyó, o a otros donde también pudiera estar en riesgo, sin haber pasado antes por el proceso de asilo en México”.
“En este momento —añadió—, yo no digo que esto no exista, pero es muy necesario que se formalice y que la gente sepa, porque ahora hay bastante confusión sobre cuáles son las oportunidades y las alternativas que hay para pedir asilo”.
—Entonces, ¿en este momento no se sabe cuál es el papel que México debe adoptar con estas personas que buscan refugio, tras la entrada del Título 8? —se le preguntó al representante de la ACNUR.
—En este momento no hay un mapeado claro de cuáles son las alternativas. Nosotros trabajamos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y sabemos que las personas pueden pedir asilo, sí. Pero mientras deciden pedirlo, ¿qué tipo de documento migratorio reciben? ¿Es una tarjeta de visitante por razones humanitarias? ¿Es un documento de estadía temporal? Estos son puntos que hay que aclarar a las personas, incluyendo el punto de ofrecerle la posibilidad de retornar a su país si así lo desea.
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Sobre esto mismo, el pasado 9 de junio, 42 organizaciones civiles y activistas, entre ellas Asylum Access, el albergue de La 72 en Tenosique y Sin Fronteras, emitieron un comunicado en el que denunciaron que el Plan Humanitario Conjunto firmado entre EU y México no contempla un programa público sobre cómo el gobierno de López Obrador lo ejecutará, ni cómo atenderá las necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo de las personas retornadas, ni cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil, ni qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez se considerarán para garantizar la unidad familiar.
“La respuesta hasta ahora ha sido el silencio ante negociaciones poco transparentes de acuerdos que juegan con la vida y necesidades de protección de las personas en nuestra región”, denunciaron las organizaciones.
Otro punto preocupante, agregó Lepri, es que a pesar de que el Título 8 ofrece la posibilidad de registrarse para pedir asilo desde los países de origen de las personas, no todas podrán acceder, por ejemplo, a la app CBP One, o no todas dispondrán de un “patrocinador” en EU que responda económicamente, o no podrán costearse el vuelo desde su país.
“Las personas que necesitan protección son las más vulnerables; algunas no tienen ni pasaporte, ni hablan español, ni tienen información sobre las alternativas. Solo pueden correr para salvar su vida. Y nos preocupa cómo le van a llegar a estas personas las diferentes alternativas para pedir asilo”, dijo Lepri.
En cuanto a la aplicación CBP One para solicitar refugio de manera remota, migrantes entrevistados por Animal Político en mayo pasado en Ciudad Juárez, con motivo del incendio en una estación migratoria que cobró la vida de 40 migrantes, denunciaron que esta presenta múltiples fallas y retrasos, hasta el punto de que varios dijeron llevar más de tres meses en espera de una respuesta. No obstante, Lepri también destacó que, con todo y fallas, esta app está permitiendo que más de mil personas crucen al día a EU para iniciar su proceso de asilo.
“Las citas están tardando mucho tiempo y la gente se está desesperando”, dijo también en entrevista Tamara Aranda, coordinadora de incidencia de Sin Fronteras, que también apuntó que tras la entrada del Título 8 “hay una falta de coordinación entre las autoridades que repercute en una situación de incertidumbre para las personas migrantes y también para las organizaciones de la sociedad civil y para quienes brindan atención humanitaria”.
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