El gobierno de Chihuahua no puede ni parece querer echar a andar el BRT-2, mucho menos el BRT-1, y el gobierno de Ciudad Juárez propone soluciones que van por el camino que ha demostrado ser el problema y no la solución a las necesidades de movilidad
Por Fernando Aguilar
La semana pasada, la invitación del Municipio a conducir por el inhabilitado carril confinado del BRT-1 sin recibir sanción alguna causó un indudable júbilo en un sector muy amplio de la población de Ciudad Juárez.
En Facebook, por ejemplo, muchas personas expresaron su aprobación hacia la medida, esperando que el gobierno municipal pudiera replicarla también los carriles confinados del BRT-2, en la avenida Tecnológico y el bulevar Manuel Gómez Morín. A la luz del mismo entusiasmo, algunos medios celebraron la decisión calificándola como “oportuna”. Otros se refirieron a ella como “un rescate” del carril.
Estas reacciones son perfectamente predecibles en una ciudad dispersa y segregada cuyos habitantes dependen absolutamente del transporte motorizado privado para satisfacer sus necesidades de movilidad.
Durante décadas, un servicio tan importante para la vida urbana, el transporte público, fue entregado a mafiosos particulares que, bajo un esquema conocido como “hombre-camión”, lo convirtieron en un fructífero negocio para ellos. La indolencia, colusión y corrupción de los actores políticos de todas las esferas gubernamentales, quienes, por supuesto, se mueven en automóviles, los cobijó. Empeorando aún más las cosas, en el mismo lapso, las autoridades permitieron y alentaron la expansión desenfrenada de la ciudad, lo que promovió aún más la consolidación del coche como el rey del transporte.
Y ahora, contra la lógica de las ciudades sostenibles, justas y eficientes del siglo XXI, se impone el gran problema de la movilidad: dependemos irracionalmente automóvil particular para trasladarnos, y los liderazgos políticos están empeñados en que esto continúe.
Analicemos el más cotidiano de los viajes: el que se hace para ir a trabajar. De acuerdo con el reciente informe Así Estamos Juárez 2022, la mitad de la población llega a este destino en un vehículo particular (PEJ, 2023). De manera similar, otra fuente, el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), muestra que el 44.2% de la población utiliza el automóvil para transportarse al trabajo, contra el ínfimo 13.81% que usa el transporte público tradicional.
En una ciudad donde el paradigma es el automóvil particular, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar parece ser sensible al problema del pesado tránsito que congestiona las calles de Juárez. Sin embargo, su apuesta para resolverlo –fomentar cada vez más el uso del automóvil, el mensaje que envía al cancelar las multas por conducir en el carril confinado– es incompatible con lo que proponen hoy los (no tan) nuevos paradigmas de la movilidad y el transporte. ¿Y qué proponen? Desincentivar el uso de este medio y fortalecer la infraestructura para el transporte público y la movilidad no motorizada, una premisa recogida incluso en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Permitir la circulación en el carril confinado del BRT-1 es una solución derivada del sentido común y las demandas de algunos automovilistas, rápida en el momento pero parcial e ineficiente en el largo plazo. Lamentablemente, este tipo de acciones favorecen el mantenimiento de la hegemonía del vehículo motorizado particular y colocan a Ciudad Juárez en medio de fuertes resistencias que estimulan el rechazo de otras alternativas de transporte, mientras construyen un escenario insostenible para el futuro.
Algo muy distinto está ocurriendo en otras ciudades mexicanas. En Monterrey, por ejemplo, el propio Estado inauguró en marzo una nueva ruta del sistema BRT de aquella ciudad, llamado Transmetro, que se suma a las 21 existentes. En este contexto, apenas este martes 4 de julio, el gobernador Samuel García anunció el envío de más autobuses eléctricos para dicho sistema, que aspira a tener alrededor de 400 unidades. ¿Y Ciudad Juárez?
Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua no puede ni parece querer echar a andar el BRT-2, mucho menos el BRT-1, y el gobierno de Ciudad Juárez propone soluciones que van por el camino que ha demostrado ser el problema y no la solución. Lo que está pasando en Ciudad Juárez merece ser objeto de una reflexión crítica, pues este discurso y la incapacidad e ineficacia del Estado están perpetuando la dependencia del automóvil.
