El perfil de Raquel Bravo Osuna quien actualmente ostenta la dirección del ICHMUJERES es preocupante por dos cuestiones fundamentales: Primera, por su cercanía a los grupos y personas de la ultraderecha que actualmente gobiernan el estado y segunda, pensar siempre en clave partidaria en función de y por su partido
Por Mariela Castro Flores
@MarieLouSalomé
Tras el terrible y vergonzante escándalo por violencia laboral sucedido en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres que obligó la renuncia forzada de la ahora extitular Neyra Regalado, por fin y tras meses de que las primeras denuncias –que se cuentan por decenas debidamente instaladas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública– se ha tomado protesta a la nueva directora, luego de un mar de especulaciones y filtraciones de nombres de eventuales relevos que, en todo caso, solo sirvieron para medir las probables reacciones ante el eventual nombramiento.
Mas allá de la vergüenza de ser conocida en su carrera política como una agresora de mujeres, la señora Regalado no se fue con las manos vacías: una indemnización por 8 meses de trabajo de 250,000 pesos de acuerdo a la información que proporciona el Centro de Conciliación Laboral, en donde en convenio aparte, su particular Elizabeth Carrillo recibió la cantidad de 80,000 pesos; eso, sumado a sus percepciones mensuales que ascendían como directora general a un monto mensual bruto de remuneración en tabulador de $28,272.00 con una compensación mensual de los Sistemas de Compensación: $56,839.00, más el proporcional de la gratificación anual de sueldo que son $8,806.40 (sueldo), $17,840.00 (compensación) y por concepto de despensa $312 quincenales. Cabe resaltar que estas cifras no son las más precisas y le explico por qué.
La Unidad de Transparencia y Acceso de Información Pública del ICHMUJERES violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua no ha cumplido con sus obligaciones en los dos últimos trimestres de este año; es decir, lo que hoy sabemos en materia de sueldos, prestaciones, contratos, licitaciones, etc, del Instituto no se encuentra actualizada a pesar de que es sabido que Regalado otorgó aumentos de sueldos y compró lealtades a cambio de plazas siendo la titular de la Unidad de Transparencia una de las beneficiadas y por ello, la información no se refleja como lo mandata la normativa. El último reporte al respecto en el PNT (Plataforma Nacional de Transparencia) corresponde al cuarto trimestre de 2022 (oct-dic), ¿qué desean ocultar? El gran beneficio de ejercer el derecho a la información es poder cruzarla con otras entidades y secretarías estatales y federales para hacer evidente quién miente y quién omite maliciosamente información relevante. Diría que Hacienda tiene otros datos.
Por otro lado, me deseo referir al nuevo perfil que hoy ostenta la dirección del órgano rector de la política de género en el estado. Raquel Bravo Osuna, también actual regidora con licencia (como si quisiese devolverse en caso de que no le guste o no soporte), cuenta en su experiencia haber sido alfil (muy lejos de la titularidad) de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer de Acción Nacional, dato que se agrega a su curriculum para tratar de robustecer una casi inexistente trayectoria profesional que si muestra en todo caso de modo preocupante, como única experiencia en la administración pública haber sido secretaria técnica del Colegio de Bachilleres bajo la dirección en ese momento de Teresa Ortuño Gurza.
Preocupante por dos cuestiones fundamentales. Primera, por su cercanía a los grupos y personas de la ultraderecha que actualmente gobiernan el estado. Si bien se sabe que no podía ser de otra manera, desde su perspectiva y lo sensible de la naturaleza de las funciones asociadas al avance de los derechos de las mujeres y las niñas que se desprenden del espectro de los derechos humanos, la pertinencia cultural, la inclusión y la diversidad, preocupan sus opiniones previas, por ejemplo en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo porque gran parte de la agenda de los programas federales se desarrollan en esta área y por cuestiones de carácter ideológico, podría eventualmente obstaculizar.
Para muestra un botón. En entrevista al preguntarle su opinión sobre el aborto, respondió: “…en el PAN creemos en la defensa de la vida en todas sus etapas, pero también que nosotros no estamos a favor de criminalizar a las mujeres chihuahuenses.” (Redacción|PuenteLibreMx|12/III/2022). Declaración que al margen de mostrar que no tiene criterio propio y si disciplina partidaria, también evidencia su profundo desconocimiento de la aplicación real en términos jurídicos de las decisiones que se toman en los espacios deliberativos y cómo se concretan en acciones en la práctica; es decir, dicen no criminalizar a las mujeres, sin embargo, se niegan sistemáticamente a sacar el aborto del Código Penal y con ello, instan a las autoridades a que realicen detenciones o den aviso a Fiscalía cuando se presenta un aborto en evolución en un hospital público; a pesar de que es derecho de quien acude a recibir atención medica sin ser cuestionada, revictimizada o molestada en su decisión, sobre todo, gracias a los últimos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La segunda cuestión importante es que no se aprende la lección. El rotundo fracaso de Neyra Regalado fue pensar siempre en clave partidaria en función de y por su partido, considerar que las empleadas son militantes y que debían someterse a su única (y sesgada) visión de lo que deberían ser las cosas; es decir, el proyecto político de la gobernadora teniendo a las usuarias como operadoras e instrumentar todo tipo de recurso humano, económico y de infraestructura del ICHMUJERES en su beneficio, logrando promoverse en la búsqueda de una eventual curul o aspiración política teniendo a la dirección del instituto como un escalón en su carrera, estando totalmente alejadas del real objeto social que dicha entidad representa y para lo cual, la directora debería contar con experiencia y/o formación académica en género y amplios conocimientos técnicos y jurídicos en la materia.
El retroceso es evidente, sus curvas de aprendizaje cuestan vidas y merman bienestar.
Si bien se requiere que la nueva titular tenga vocación de apagafuegos para atemperar la compleja situación que llegará a enfrentar, es requerido que entienda que entre sus funciones se encuentran transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y coadyuvar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y que eso no se soluciona con tarjetitas de descuento que en nada abonan a la igualdad.
Tan solo para empezar, por lo demás, no dejaremos de observar.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
