Resulta una paradoja que el gobierno de López Obrador, que ha entrañado un parteaguas en muchos sentidos, no haya por lo menos corregido la reforma hacendaria de Peña Nieto con el fin de hacerla más justa para la ciudadanía
Por Hernán Ochoa Tovar
Recientemente pude ver un dato que me pareció un tanto surrealista, pero es verdadero: resulta que los profesionales del esoterismo, dígase chamanes, curanderos o hechicheros, están incluidos en la lista de facturación del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Desde el punto de vista legal no resulta extraño, pues, de acuerdo a la legislación vigente, tanto profesionales como los negocios de distinta índole deben estar dados de alta ante la autoridad vigente. Sin embargo, desde el punto de vista pragmático resulta célebre ¿para qué se le podría pedir factura a algún chamán o curandero al cual la gente acude pensando en una especie de solución mágica para los problemas, pero al cual se le suele pagar en especie o en efectivo? ¡suena para Ripley¡ y sin embargo, es algo perfectamente posible.
Esto, y los litigios mediáticos sostenidos por Ricardo Salinas Pliego, magnate mexicano dueño de Grupo Salinas (TV Azteca) me han hecho pensar en la necesidad que tiene el gobierno federal de realizar una reforma fiscal, enmienda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha postergado, aduciendo desde el inicio de su gestión que no buscaría cobrar más impuestos, sólo que cada contribuyente pagara lo que por ley le correspondía. De tal suerte que, siguiendo este precepto, se han cobrado adeudos multimillonarios que algunos connotados integrantes del empresariado tenían con el fisco. Y, aunque ha sido una buena idea por el momento, y ha devenido en propulsor de las políticas públicas del sexenio, a largo plazo será insuficiente, pues no habrá más dinero por cobrar y las arcas públicas serán insuficientes para solventar el incipiente estado benefactor que el presidente López Obrador ha venido construyendo.
Bajo esta tesitura, ignoro porqué el presidente López Obrador no se decidió a llevar a cabo una reforma fiscal, pues es una necesidad largamente postergada del gobierno federal. A pesar de que AMLO tenía los votos para hacerlo (en 2018 consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados), ni siquiera llegó a hacer un tímido llamado para cristalizar esta meta. Esto, a contrapelo de otros mandatarios izquierdistas del subcontinente, como Gabriel Boric y Gustavo Petro, quienes han tenido un baluarte en la búsqueda de reformas tributarias -hecho que ninguno ha cristalizado, huelga aclarar-.
Sin embargo, contrario a sus homólogos de Sudamérica, AMLO sí ha podido cumplir sus propuestas principales de campaña, destacadamente el apoyo monetario a los adultos mayores y a los jóvenes, a través de transferencias de efectivo y becas para el estudio o aprendizajes laborales.
Pero todo esto ha sido a través de una ruta compleja, que ha llevado a que el gobierno se someta a una rigurosa austeridad, la cual ha tenido como balón de oxígeno los pagos atrasados de contribuyentes. Aun así, esta ruta podría no ser viable en el corto plazo, pues, con tal de que el estado benefactor funcione, el gobierno ha llegado a ser disfuncional en algunas áreas, hecho que puede ser de todo, menos plausible. Quizás viendo el complicado escenario que sobrevendría, Carlos Urzúa, a la sazón primer secretario de Hacienda del gobierno actual (2018-2019), le propuso a AMLO llevar a cabo la enmienda tributaria. Pero el presidente se negó y la ruta seguida hasta hoy no ha sido modificada.
A razón de lo anterior, puedo decir que la estrategia seguida ha sido parcialmente exitosa, pues ha conseguido que los apoyos se multipliquen y la pobreza se reduzca (como lo han sugerido cifras oficiales), al mismo tiempo que la deuda no ha aumentado en este sexenio. Dicha acción sería un aspecto plausible, pues, a contrapelo de los gobiernos del Nacionalismo Revolucionario, que no tenían una disciplina fiscal, AMLO se ha negado a llevar a la nación por la senda del endeudamiento.
Hasta ahora, las acciones contingentes han funcionado. Pero en un lapso próximo de tiempo, las condiciones no serán tan halagüeñas como en la actualidad, y el sucesor de AMLO en Palacio Nacional habrá que tomar una decisión, en aras de no afectar el proyecto que hasta ahora ha venido cuajando de manera exitosa.
Y para lograr tal fin, considero que la única manera de lograrlo será una reforma tributaria integral. Esto porque, los gobiernos anteriores, para no afectar el estado existente de las cosas, subían algunos impuestos para así poner a pagar a los cautivos, siendo así como el IVA subió del 10 al 16% sólo al paso de algunos sexenios. Y aunque en el sexenio de Enrique Peña Nieto sí se hizo una reforma, al calor del Pacto por México (2013) considero que la misma ha complicado el devenir de tirios y troyanos, pues ante tantos regímenes y posibilidades, el trabajador de a pie debe recurrir a contables para que sus impuestos y sus tasaciones estén en orden y no tenga problema alguno con la autoridad.
De hecho, si ahora los chamanes facturan, es porque, con aquella reforma, Luis Videgaray, a la sazón secretario de Hacienda, externó que deseaba que facturaran todos los comerciantes del país, incluyendo a los medianos y a los ambulantes, hecho que puede ser ideal en la teoría; pero en la praxis puede complicar las relaciones comerciales y el futuro de muchas personas.
Resulta una paradoja que el gobierno de López Obrador, que ha entrañado un parteaguas en muchos sentidos, no haya por lo menos corregido la reforma hacendaria de Peña Nieto con el fin de hacerla más justa para la ciudadanía. Contrariamente, algunas acciones se han complicado en esa área, en el curso del presente sexenio.
Quizá una de las acciones notables fue que se prohibió la condonación de impuestos y ha habido una recaudación notable respecto al pasado reciente. Otro hecho a resaltar sería que, vía las plataformas de streaming, el gobierno ha tenido una buena recaudación de impuestos. Sin embargo, aunque ciertas acciones contingentes han sido funcionales, considero que sí se debería simplificar el pago de impuestos y procurar nuevas fuentes de financiamiento para los programas sociales. Este gobierno ya no lo hará, pero el que lo suceda, deberá tomar al toro por los cuernos. Será un desafío colosal, sin duda, pues las subidas de impuestos nunca son populares. Quizás por ello, AMLO no quiso jugar esa batalla.
