La Secretaría de Coordinación del Gabinete del Gobierno de Chihuahua ha sido uno de esos cargos que se crean a modo, con destinatario obvio… ha sido utilizada para saldar cuentas políticas
Por Jaime García Chávez
Los gobernantes mexicanos suelen asumir el poder con la arraigada convicción de que les pertenece en propiedad. El poder público como su cortijo, el rancho, del que pueden usar y abusar a placer, en la vieja idea del derecho romano antiquísimo.
En México se trata de una pesada carga que nos dejó la condición de colonia española, en particular de los austriacos. Ahí está, en parte desde luego, el origen ancestral de la corrupción política de la que no nos hemos podido deshacer.
Con ese antecedente, los presidentes y gobernadores acostumbran, antes de asumir el cargo, tramitar reformas ante el Poder Legislativo para modificar los ordenamientos que hoy conocemos como leyes orgánicas del poder que hablo, sea federal o estatal.
De alguna manera esto prefigura los deseos de cómo quieren organizar el ejercicio de las funciones, lo que sería válido si se dan las justificaciones más estrictas y rigurosas, pues sobra decir que en esto no se valen caprichos ni tolerante obediencia de los legisladores, que no dudan en levantar el dedo para que se inauguren las administraciones acatando impertinencias.
Es un fenómeno que tiende a repetirse y que en el estado de Chihuahua ha cobrado carta de naturalización, a contracorriente de las mejores aportaciones que en derecho administrativo se producen en el mundo entero.
Va de historia: tomando como punto de referencia la renuncia del sonorense Luis Serrato Castel a la Secretaría de Coordinación del Gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos, se suscitó su propia opinión de que ese cargo estaría valorándose… pero para desaparecer.
No está de más que esa oficina de Coordinación deje de existir, sino que se termina con la desmesura de haberla elevado al rango de “secretaría”, estatus que no se sostiene jurídica ni pragmáticamente. La conclusión de avanzar, en la propia visión de la gobernadora, demuestra que la encontró inútil porque en realidad no sirvió de nada.
Ha sido uno de esos cargos que se crean a modo, con destinatario obvio y que al crearse ya se sabe quién lo ocupará. En este caso concreto estuvo al frente de la misma una especie de florero, príncipe azul y protagonista, pero que en la historia específica no dejó nada digno de recordar.
Este nombramiento evidenció la puesta en escena de repartir los cargos como despojos de la batalla electoral. A Serrato Castel le cayó en sus manos lo que es un puesto menor, en el evento de que fuera idóneo, con la categoría de “secretario” y el consecuente buen sueldo, Suburban blindada, viajes, nepotismo, restaurantes y todas las ventajas de un puesto de primer nivel. Los chihuahuenses no recibieron nada, aparte de la estafa que significó el mantener un cargo inventado, de esa categoría.
Ahora dicen, como argumento nulo, que Serrato Castel se fue de estratega electoral con el Frente opositor para el 2024. A mi juicio, se fue a engrosar las filas del Yunke. Ojalá y no nos lo regresen.
Cuando la gobernadora Campos Galván llegó a su posición actual, ya había esa coordinación, sin el rango orgánico mencionado (Secretaría) que luego ella le otorgó con la obediencia ciega de los diputados locales. La Coordinación del Gabinete es de sabor duartista y corralista, y ha sido utilizada para saldar cuentas políticas. En el caso de Duarte, para mantener quieto al atribiliario Héctor Murguía Lardizábal (hoy morenista); en el caso de Corral, para retribuir a Gustavo Madero Muñoz e Ismael Rodríguez, este último financiador del propio Corral y su apéndice Víctor Quintana.
En realidad, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no sirvieron más allá de alimento burocrático para saciar el hambre de los empleómanos. Como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se modifica a la carta y al gusto del gobernador, no obstante la importancia que tiene para el interés público, hubo también en un tiempo en el que se designó a un “coordinador de políticas públicas”, que además se asumía como agencia informal, supuestamente para coordinar al gabinete, lo que nunca sucedió, porque nadie obedecía a esa rienda, disculpando la palabra.
Ocurrencias sin fin, pero ninguna como la de Campos Galván, de elevar a rango de secretaría a la Coordinación y entregarla a un extraño a las relaciones locales entre los factores políticos de la entidad, lo que cuenta, y mucho, en términos de pericia administrativa. Fue, en suma, una canonjía para un favorito.
La importancia de toda esta crítica está sostenida en esta tesis, que tiene raíces en los mejores juristas nacionales: estas leyes orgánicas están sólo por debajo de la Constitución y en rigurosa congruencia con la misma, para disponer y regular la organización de los poderes públicos, la determinación de sus fines, y sobre todo, su densidad institucional.
No ha de ser esto como hasta ahora, una especie de ley reglamentaria para favorecer la discrecionalidad, la irresponsabilidad y empleo como moneda de cambio, el espacio del toma y daca para el simple pago con el reparto de los despojos que derivan de un éxito electoral, más como en este caso, cuando está controvertido por sus tintes de delincuencia.
Es lamentable que aquí en Chihuahua no haya encontrado eco lo que se subraya en la escena internacional en los importantes asuntos de gobierno, tales como el desinterés de los funcionarios públicos en reconocimiento primordial del interés público, la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia y la capacidad de decisión del titular del Ejecutivo.
Qué podemos pensar de un gobierno en el que el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, sólo es un firmón, y el funcionario real es el calderonista Ernesto Cordero; o de un Gilberto Loya, que aparte de mentiroso redomado, ha resultado ineficaz para estar al frente de la seguridad pública en el estado. O de una directora del DIF, madre piadosa de la gobernadora, que hace política clientelar extrañamente desde una dependencia que debiera poner el acento sólo en la niñez.
Y si esto fuera poco, al nombrar estas coordinaciones, cabe preguntarse, ¿en qué trabaja la gobernadora?
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
