La defensa de Salvador G. G., solicitó la revisión de la medida de prisión preventiva para que el ahora exfuncionario del INM lleve en libertad el proceso en su contra; juez rechazó la petición por considerar que es muy alto el riesgo de sustracción del proceso donde el contraalmirante es acusado de homicidio contra 40 migrantes extranjeros
Por Marco Antonio López / La Verdad
Ciudad Juárez– El contraalmirante Salvador G. G., extitular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado de homicidio contra 40 migrantes extranjeros, así como de lesiones en otros 27 y de ejercicio indebido del servicio público, seguirá su proceso judicial en prisión luego de que un juez federal le negara la cancelación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La defensa del contraalmirante pidió al juez federal, Juan José Chávez Montes, que sometiera a revisión la medida de prisión preventiva que se impuso al exfuncionario federal el 22 de abril de 2023 durante la audiencia inicial por el homicidio y lesiones en contra de 67 migrantes que se registró en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del puente Lerdo en Ciudad Juárez el lunes 27 de marzo de 2023.
En ese entonces Salvador G.G. fungía como titular del INM en el estado de Chihuahua y bajo su responsabilidad estaba la administración del edificio donde ocurrió el incendio y del personal a cargo de los migrantes. En ese cargo se mantuvo hasta el 12 de abril, cuando fue el último día que se presentó a laborar, cuatro días después fue detenido.
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Este miércoles –justo cuando se cumplieron seis meses de la tragedia en la que 40 migrantes perdieron la vida y 27 más quedaron lesionados por el incendio en la estancia migratoria– se llevó a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar a Salvador G. G., dentro de la causa penal 235/2023 en Ciudad Juárez, donde actualmente se mantiene detenido al imputado.
De acuerdo con la defensa de Salvador, a quién de acuerdo con las leyes vigentes no se le debe identificar con su nombre completo mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia, las condiciones no son las mismas a las establecidas en la audiencia inicial ya que “hay cambios objetivos al día de hoy y los argumentos establecidos en un inicio han sido superados”, dijo la abogada Priscila Ramírez durante su intervención.
La abogada del contralmirante aseguró que éste no representa un riesgo para la sociedad y tampoco podría obstaculizar la investigación debido a que ya no forma parte del Instituto Nacional de Migración, sumado a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las controversias analizadas por la Corte Suprema de Justicia que analizan el uso de la prisión preventiva.
“Se trata de aplicar el mejor beneficio a la persona, se trata de aplicar el derecho humano a la libertad”, dijo la defensora.
Sin embargo, en su resolución el juez federal indicó que la defensa no aportó nuevos datos de prueba que cambien las circunstancias ni los hechos y la probable participación del imputado como se vio en la audiencia inicial cuando se corroboró la responsabilidad del contralmirante en la administración del edificio y el personal a su cargo, por lo que se le vinculó a proceso.
De acuerdo con el juez, el hecho sigue ahí y se trata del delito de homicidio contra 40 personas y aludió al Artículo 19 de la Constitución en el que se establecen los casos en que se aplica la prisión preventiva, que es en delitos considerados graves.
“Si desconocemos la Constitución, perdemos seguridad jurídica. No podemos dejar de aplicar la Constitución”, dijo el juez.
Mencionó además que a mayor cantidad de pena, mayor es el riesgo de sustracción y que en el caso de 40 homicidios si le dieran la mínima por cada uno, se hablaría de por lo menos 360 años, por lo que el riesgo de sustracción en este caso es muy elevado.
Salvador G. G., tuvo oportunidad de hablar y dijo que la semana pasada se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis 2027280 en materia penal de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa:
“La prisión preventiva debe ser inaplicable. Entonces yo no sé en que se basan para rebatir esta petición”, dijo Salvador G. G.
El juez recordó que se trata de una medida constitucional para salvaguardar a la sociedad.
“El derecho a la presunción de inocencia se contrasta con la seguridad de las personas de este país. Nadie en su sano juicio puede decir que no son conductas que atentan contra la sociedad”, dijo el juez.
En su última intervención Salvador G. G. dijo:
“Con todo respeto solicito que no se adelanten conceptos porque dijo que yo pudiera andar en la calle afectando personas. Y solicito que no se me compare con personas que priven de la vida a personas de manera intencional. Yo no soy así. Lo mío es una cuestión institucional”.
