Especialistas consideran que si bien es válido en el marco de la libertad de expresión, es un discurso sesgado que podría provocar agresiones contra trabajadores y trabajadoras, lo que de hecho ya ha pasado; por otra parte, también llaman a reconocer que sí hay prestaciones y sueldos excesivos en el Poder Judicial
Por Samantha Páez / Lado B
Los desencuentros entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han llevado a este último a lanzar un discurso donde cuestiona y desacredita al Poder Judicial.
En las conferencias mañaneras el presidente ha señalando que son juezas y jueces quienes dejan en libertad a delincuentes o son culpables de actos de corrupción, también ha dicho que magistradas y magistrados de la Suprema Corte ganan más que él.
En las últimas semanas, la confrontación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial sumó un nuevo episodio cuando López Obrador mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo cual se extinguirían 13 de los 14 fideicomisos que maneja el Poder Judicial.
Lo anterior llevó al personal del Poder Judicial a realizar distintos paros laborales y a la realización de marchas, pero ¿todo este discurso y acciones cómo afectan el funcionamiento de la justicia en México?
Fideicomisos a debate
De acuerdo con una tarjeta informativa de la SCJN, la extinción de los 13 fideicomisos afectaría el cumplimiento de obligaciones patronales, ya que tienen que ver con el pago de pensiones, prestaciones médicas y apoyos para la vivienda que no están vinculados con ministras y ministros de la Suprema Corte.
Otros fideicomisos se relacionan con la reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, desarrollo de los Centros de Justicia Penal Federal y capacitaciones a funcionariado del Poder Judicial Federal, entre otros objetivos.
Un análisis de Leonardo Núñez González indica que de los 15.4 mil millones de pesos que representan los 13 fideicomisos, el 28.3% se va para el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y otro 20.0% para el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federa. Es decir, casi la mitad de los fondos se emplean para cuestiones sustanciales para el acceso a la justicia.
También menciona que el aumento de recursos en los fideicomisos del Poder Judicial Federal se debe a los rendimientos, pero también a las aportaciones de trabajadoras y trabajadores, que son quienes se benefician de forma directa de ellos.
Discurso sesgado
Para Simón Hernández León, de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de Universidad Iberoamericana de Puebla, si bien el discurso presidencial es válido en el marco de la libertad de expresión, también es cierto que hay algunos señalamientos que sí podrían provocar afectaciones o agresiones contra integrantes del Poder Judicial Federal (PJF).
Personas trabajadoras del PJF señalaron a este medio de comunicación haber sido objeto de violencia verbal durante las manifestaciones organizadas contra la extinción de fideicomisos y también en su vida cotidiana, cuando son abordados por personas que les dicen que roban al pueblo.
En la Ciudad de México, por ejemplo, granaderos empujaron y jalaron a manifestantes.
Asimismo, los dichos del presidente López Obrador, cuando señala al PJF como único responsable de la liberación de presuntos criminales, están sesgados, pues en los procesos penales intervienen otros actores, desde la detención de implicados, imputación de delitos y solicitud de medidas cautelares, como son las fiscalías locales, la Fiscalía General de la República, la policía de investigación, el Ejército y la Guardia Nacional.
“Sí afectan (las declaraciones del presidente) digamos a la percepción que tiene la ciudadanía y colocan al Poder Judicial como el responsable de una condición de impunidad, sin ver diferenciadamente que hay otros factores que tienen mucha más responsabilidad”, explicó el especialista.
En cuanto al tema de los fideicomisos, Hernández León señaló que es deber del Poder Legislativo garantizar que tanto el Ejecutivo y el Judicial tengan las condiciones suficientes para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, existe una alta influencia del presidente en el Congreso de la Unión, que llevaría a que “detrás de esta lógica de austeridad, vemos con preocupación que hay signos de injerencias y de querer afectar la independencia judicial por la vía presupuestal”.
Confrontación es perjudicial
Por su parte Carla Escoffié Duarte, abogada especializada en derecho constitucional y Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, comentó que más allá de que se pueda debatir el tema del presupuesto y de los fideicomisos o, incluso, discutirse a fondo el tema de la justicia, los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial se están enfocando en cómo reaccionar a los comentarios del otro y a mostrarse inflexibles en sus posturas.
Si bien reconoció que no se puede separar la discusión de los fideicomisos con ciertas sentencias de la SCJN desfavorables al gobierno federal, también es importante reconocer que en el Poder Judicial sí hay prestaciones y sueldos excesivos. “Tampoco el Poder Judicial (Federal) puede extrañarse que un jornalero, que un taxista, que una trabajadora de limpieza, se escandalicen, se cuestionen, por qué tanto dinero de sus impuestos está yendo a pagar prestaciones absurdas”, dijo Escoffié.
Otra cuestión que destacó la abogada es que el Poder Judicial no ha querido conciliar en temas que sí corresponderían, por ejemplo, el sueldo de ministras y ministros superior al del presidente sería inconstitucional y entonces tendría que modificarse para futuros ejercicios.
Sin embargo, también el presidente ha caído en el error de instrumentalizar la indignación social contra el PJF cuando hay salarios excesivos en el Congreso de la Unión, en los Poderes Judiciales estatales y Fuerzas armadas. Además de que en el PJF no se resuelven la mayor parte de casos, sino que lo hacen en el ámbito local.
Finalmente, la abogada comentó que hace dos años el Ejecutivo federal tuvo la oportunidad de promover y el Legislativo de aprobar una reforma de “gran calado” en el Poder Judicial, que representaría un avance importante en materia de justicia, pero dejó pasar la oportunidad.
La reforma de la que habla Carla incluiría limitar los nombramientos discrecionales, combatir la corrupción y el nepotismo, fortalecer la Defensoría pública, el establecimiento de plenos regionales para resolver conflictos en sus jurisdicciones y modificar el sistema de jurisprudencias para abarquen a otros órganos jurisdiccionales, entre otras propuestas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Lado B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
