Un juzgado yucateco frenó la instalación de la granja de pollos Akutzá, que pretendía ocupar trescientas hectáreas de terreno justo a un costado de uno de los pocos ríos superficiales de la zona. La movilización de las comunidades locales y el apoyo de la sociedad civil y de diversas organizaciones ha logrado por lo menos aminorar los estropicios de los grandes capitales del agro
Por Eugenio Fernández Vázquez
X: @eugeniofv
La organización ProDESC, centrada en la defensa y promoción de los derechos humanos y sociales, y una persona defensora ambiental maya acaban de conseguir una importante victoria en defensa del agua y del planeta y en contra del gigante de la alimentación Bachoco. Gracias a las acciones promovidas por ellas con el apoyo de la comunidad de Peto, en Yucatán, un juzgado yucateco frenó la instalación de la granja de pollos Akutzá, que pretendía ocupar trescientas hectáreas de terreno justo a un costado de uno de los pocos ríos superficiales de la zona.
La producción agropecuaria en México ha aumentado inclusive más que el resto del producto interno bruto nacional. Si el total de la economía creció 35 por ciento en las últimas dos décadas, la agricultura creció 50 por ciento, y aunque el peso de la producción pecuaria en la economía se ha reducido un poco, la producción de aves aumentó en un 48 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esto, que responde a un mayor consumo de proteína animal por cabeza en México, que se multiplicó varias veces entre los años 1960 y los años 2010 según datos de José Tello, Pedro Garcillán y Exequiel Ezcurra, ha llevado también a un aumento de la superficie utilizada para cultivar forraje y alimento animal. Si en los años 1960 por cada hectárea usada para producir alimento para humanos se usaban 0.08 hectáreas para forraje, en 2013 por cada hectárea de alimento humano había más de media hectárea de forraje, según los mismos investigadores.
En este contexto no ha sido solamente la presión de la frontera agropecuaria la que devasta el medio ambiente, sino también las plantas agroindustriales. Por fortuna, la movilización de las comunidades locales y el apoyo de la sociedad civil y de diversas organizaciones ha logrado por lo menos aminorar los estropicios de los grandes capitales del agro.
Si el año pasado pudimos festejar triunfos en los tribunales contra la megagranja porcícola de Homún, en la misma península de Yucatán, hoy hay que respirar tranquilos por el freno a la granja de Akutzá. Es muy relevante que en ambos casos haya pesado en la decisión de los jueces que no se realizó una consulta adecuada de las poblaciones locales. Esto es especialmente importante puesto que los impactos de las grandes instalaciones de cría de aves y de cerdos son muy significativos, sobre todo en la disponibilidad del agua y en la limpieza de ríos, en la contaminación del aire y en la alteración de patrones económicos locales.
Desde hace décadas y hasta ahora se ha defendido que el crecimiento de la oferta de alimentos en México, sobre todo la que se hace en fincas e instalaciones de gran escala, tiene muchas ventajas para el país. Se supone, según los defensores de este modelo, que esas ventajas van de la generación de empleos a la mejora de la seguridad alimentaria.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. Los empleos en las megagranjas y demás instalaciones y entidades agroindustriales sufren los mismos vicios que el resto de la economía mexicana —contrataciones precarias, en la informalidad y en condiciones laborales francamente inadecuadas, sobre todo en lo tocante la seguridad—, y el grueso de los beneficios de esta forma de producción se los lleva un puñado de grandes empresarios. Los costos, en cambio, caen como un mazo sobre las comunidades locales, que ven cómo se enrarece su aire, se les roba el agua y se les arrebata la economía de sus entornos, ahora dominada por un gigante que no tiene nada que perder si se destruye un poblado.
La alternativa está clara: hay que transformar tanto los patrones alimenticios como los productivos para generar una economía agrícola descentralizada, dominada por muchas cadenas cortas, que sea diversa, sustentable, culturalmente adecuada, sostenible en términos contables e incluyente en términos laborales y de propiedad. De otra forma habremos perdido el agua lo mismo que las gallinas.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
