A pesar de las buenas intenciones, hay par de problemas en la propuesta de AMLO: primero, lo tardío de su proposición, pues se ha deslizado cuando estamos a las puertas de un proceso electoral; segundo, implementar una reforma de gran calado en el tema de pensiones es una cuestión que requiere planeación y, sobre todo tiempo
Por Hernán Ochoa Tovar
Cuando el 2024 apenas arrancaba y parecía haber pocas notas por documentar o discutir, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio mientras se encontraba en Río Blanco, Veracruz, recordando a los héroes de esa gesta heroica. Quizás porque dicha urbe y fecha son precursores de la Revolución Mexicana, el primer mandatario dejó los cartabones discursivos y pasó de la Historia de México a la praxis. Deslizó que el esquema de fondos para el retiro que subsiste desde el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) es injusto, pues no permite al trabajador retirarse con el total de su salario percibido. Como suele suceder en una nación polarizada, la propuesta ya generó reacciones encontradas. Sin embargo, debo decir que aunque la narrativa es viable, ningún asunto debe dejarse de analizar desde su complejidad, sin dejar de poner los puntos sobre las íes para ver los claroscuros que entraña y así poder tomar una mejor decisión al respecto.
Debo decir que como presentó el presidente la idea me parece interesante. Desde la década de 1990 la situación laboral se ha complejizado, y lo que antes era tarea de los patrones (la IP o el estado) pasó a ser una encomienda exclusiva del trabajador. Me explico: antes, cuando alguien signaba un contrato en alguna dependencia, el esquema de jubilación estaba garantizado –en muchas ocasiones– y quien laboraba no debía sentir inquietud al respecto.
Ahora no es del todo así. Si bien, quienes se desempeñan como asalariados (de acuerdo al esquema de la SHCP) siguen contando con las mismas prestaciones de ley, la cual ahora incluye a la AFORE; aquellos que laboran como asimilados o por honorarios no poseen las mismas garantías. Y así como a día de hoy, el trabajador de hoy ha de indagar la manera en la cual declara sus impuestos –cuando antaño no ocurría así–, debe decantarse por una de las tantas AFORES o planes de retiro que ofrecen bancos, financieras y sociedades mercantiles. Sin embargo, durante mucho tiempo, el gobierno federal dejó de lado esta parte de su función en lo tocante a la protección social y la legó a diversos corporativos, con los ambages que pueda tener ello. Y a pesar de que ha habido intentos del estado por incidir en la materia (PENSIONISSSTE), los resultantes han seguido siendo los mismos: quienes trabajan hoy y decidan retirarse en el futuro, no contarán con su estipendio intacto, tal y como sí lo pudieron percibir algunos integrantes de la generación silenciosa, los baby boomers y parte de la “X”. El mundo posmoderno y neoliberal que nos tocó a los millennial y cohortes subsecuentes ya no parece tan alentador –en algunos aspectos– como el que vivenciaron nuestros antepasados. Como muestra, lo relatado anteriormente.
Empero, debemos tomar en cuenta que se llegó al escenario actual debido a que las circunstancias cambiaron. Si la Ley Federal del Trabajo que rigió al país durante muchos años fue un logro de la Constitución de 1917 –y de la Revolución Mexicana, por añadidura–, las generaciones subsecuentes pudieron darse el derecho de gozar de los beneficios de un país con crecimiento y oportunidades, donde la educación era ese piso común (Félix Bolaños, dixit) que garantizaba el ascenso social de diversas capas de la clase trabajadora mexicana. Aunado a ello, durante dicha época, la esperanza de vida era mucho más reducida que en la actualidad, motivo por el cual el esquema relatado llegaba a ser funcional.
Pero, con el paso de los años, comenzó a invertirse la pirámide: hubo más personas y, si bien, la educación siguió siendo ese piso común en el imaginario; en la praxis fue que la situación ya no fue tan alentadora como antes. Y al tener un gran mercado laboral, el presupuesto estatal resultaba insuficiente para extender la cobija hasta límites insospechados. Y fue ahí cuando surgió la reforma zedillista, pues, consideraron los expertos, había que visualizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. El problema es que se tomó una decisión radical, pues de ser el estado el baluarte de los derechos laborales, pasó a ser casi un espectador en un rubro tan importante ¿será que se puede dar un golpe de timón cuando el estado de las cosas se ha conservado así, por espacio de cinco lustros?
Y es ahí donde veo que quiere accionar el gobierno federal: ante un área de oportunidad en lo que ocurre, acceder para aportar una solución. Debo decir, de entrada, que me parece plausible. Por lo que se ha comentado, la federación no busca desaparecer el esquema de las AFORES de un plumazo, convocando a la estatización o a la implementación de un nuevo esquema forzoso; por el contrario, busca coadyuvar creando un esquema mixto, en el cual el gobierno colabore con el empresariado para lograr que los trabajadores mexicanos tengamos una mejor situación, una vez que nuestra vida laboral haya finalizado.
A pesar de las buenas intenciones, le veo un par de problemas a la propuesta presidencial: en primer lugar, lo tardío de su proposición, pues se ha deslizado ¡cuando estamos a las puertas de un proceso electoral¡ En segunda instancia, implementar una reforma de gran calado en el tema de pensiones es una cuestión que requiere planeación y, sobre todo tiempo. Y ninguno de los factores ayudan, pues el sexenio está por concluir y ciertas ideas que se trazaron no han cuajado del todo debido a que hubo una buena intencionalidad, pero el plan de acción no fue el adecuado para cristalizarlo en múltiples casos. Creo que sería mejor que quedara como una asignatura pendiente para el gobierno que comenzará a operar a partir de octubre (en Colombia se discutió un tema semejante en 2022, cuando el gobierno de Gustavo Petro apenas comenzaba y estaba inmerso en su consabida “luna de miel” con el electorado).
Finalmente, y como cereza en el pastel, un desafío: muy probablemente se necesite elaborar una Reforma Fiscal para que una enmienda pensionaria fructifique. La austeridad ayuda a disponer de fondos; pero los mismos no son infinitos y hay que sacarlos de algún lado. Y los impuestos podrían ser una vía para que dicho plan cuajara. Pero eso será una temática que ya se discuta en el siguiente sexenio. En el presente ya no da el tiempo ni la retórica para ello, considero.
