El actuar de las autoridades de Chihuahua hace suponer que no existe interés por transformar el actual estado de las cosas que impide reconocer el avance de derechos de las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar, sobre todo cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos
Por Mariela Castro Flores
@marielousalome
Contrario a lo que se pudiera considerar los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar en el estado de Chihuahua no son favorecedores; al menos así lo determina el informe “Decidir abortar. Entre la criminalización y el ejercicio de un derecho” realizado por Abortistas Mx y que en nuestra entidad, fue acompañado por Marea Verde Chihuahua.
Grupos y personas que se especializan en la salud reproductiva saben que en tanto la despenalización del aborto avanza, los obstáculos para ejercer ese derecho se incrementan traduciéndose a violencia obstétrica e institucional; lo que se agrava cuando se imbrica el factor ideológico del gobierno en turno. Cuando una agenda conservadora es la que se impone, entonces es antiderechos su ejercicio. Si de modo pragmático solo reconocemos la ineficacia de la actual gestión gubernamental, entonces se podría decir que la falta de ética y responsabilidad en la función pública es el primer paso para la sistemática violación de derechos humanos.
De ahí la pertinencia y relevancia de dicho informe, porque explora, puntualiza y concluye elementos nodales a la hora de criminalizar el aborto y otros eventos obstétricos por parte de las autoridades locales. Con una metodología que abarcó el análisis de información en 6 estados de la república, teniendo como herramienta el acceso a la información pública, se desarrollaron dos instrumentos; el primero fue el identificador de procesos de criminalización y constó de preguntas específicas sobre las investigaciones abiertas sobre aborto, medidas cautelares y sentencias a mujeres y personas con capacidad de gestar en casos de aborto autoprocurado; todo dirigido a Fiscalía, la Defensoría y el Tribunal Superior de Justicia. Para nuestro estado resultó revelador que no haya sistematización de la información al respecto y que, en particular, al cierre de la investigación y redacción del informe, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía no hayan entregado información alguna.
El segundo instrumento se denominó “Evaluación de la garantía del derecho a decidir” y fue dirigido a Fiscalía, Defensoría Pública, Poder Judicial y Secretaria de Salud, en términos generales, se concluye que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se han convertido en una guía para la acción en ninguna de dichas instituciones, a pesar de que gracias al resultado de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, el derecho a decidir se convirtió en constitucional e instruye una protección más amplia respecto al acceso a métodos antifecundativos, prevención del embarazo, la educación sexual como base para la política pública en materia de salud reproductiva, no criminalización y criterios para la difusión del acceso a la interrupción del embarazo que siguen sin considerarse.
En su totalidad, indican no estar vinculados a estándares del reconocimiento del derecho a decidir establecidos por la Corte; apenas capacitan en temas generales de derechos humanos y justicia constitucional; sin embargo, llama poderosamente la atención que no respondan cuando se les cuestiona sobre la no criminalización por el delito de aborto y otros eventos obstétricos.
El silencio y la negativa a responder de la Secretaría de Salud es ominosa: no reportaron acción alguna respecto a la difusión e implementación de los estándares del derecho a decidir y no se obvia mencionar la pereza de su Unidad de Transparencia al no particularizar sus respuestas y solo utilizar la misma para todas las preguntas; amén de enfatizar que desde su negligencia criminal, rechazan reconocer que las decisiones de la Suprema Corte tengan alcance alguno para Chihuahua.
Así de absurdo.
En conjunto, el Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado de Chihuahua se niegan a reconocer el carácter vinculante que emana de las sentencias de la Corte.
Coincidiendo con la conclusión del informe, es de cuestionarse y observar el actuar de las autoridades locales que no se sienten interpeladas por las interpretaciones constitucionales del más alto tribunal de justicia de la nación; lo que hace suponer que no existe interés por transformar el actual estado de las cosas que impide reconocer el avance de derechos de las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar, sobre todo cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos.
Este es el panorama en el que grupos y plataformas de litigio estratégico que hacen incidencia política y legislativa se encuentran realizando esfuerzos. Si bien es cierto que se ha ido erosionando el estigma que pesaba sobre el aborto y que hoy permite sea percibido como un derecho, se cuenta con la conciencia sobre lo mucho que falta mucho que falta por recorrer.
Les invito a leer completo el informe y a seguir mis colaboraciones semanales, para que saque usted sus propias conclusiones.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
