Concentrados frente al alambrado de púas colocado por autoridades texanas en su frontera con Ciudad Juárez, migrantes extranjeros se enfrentan con elementos de la Guardia Nacional de Texas que les impiden entrar a Estados Unidos por El Paso, mientras la aplicación de una ley antimigrante se debate en tribunales estadounidenses
Por Blanca Carmona y Verónica Martínez / La Verdad
Fotografías: Rey R. Jauregui
Ciudad Juárez– Mientras la nueva ley que permite a las autoridades locales texanas deportar inmigrantes sigue estancada en los tribunales, decenas de personas migrantes cruzan el río Bravo para concentrarse frente al alambrado púas colocado en la región, a la espera de entrar sin documentos a Estados Unidos por El Paso, Texas.
“Estamos aquí como 300 personas, necesitamos comida, agua, cobijas… queremos pasar… que nos dejen entrar para trabajar”, gritaban este miércoles 20 de marzo los migrantes apostados del lado estadounidense, entre el río, el alambrado y los elementos de la Guardia Nacional de Texas que frenan su paso.
Son mujeres, algunas con bebés o niños pequeños, adolescentes y hombres los que se comenzaron a concentrar en el lado estadounidense, a la altura del marcador número 36 del muro fronterizo, tras haber viajado durante días e incluso semanas.
Durante las noches, los extranjeros prenden fogatas para protegerse de las bajas temperaturas y durante el día colocaron improvisadas carpas o sombras para protegerse del sol.
A más de mil 700 kilómetros de la región, en la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, se debate sobre permitir o frenar la Ley Senatorial 4 (SB4) de Texas que permite a las autoridades estatales y locales arrestar y deportar inmigrantes.
Esta ley que entraría en vigor el 5 de marzo, ha prolongado su vigencia por batallas judiciales entre Texas y la administración de Biden. Este martes al mediodía recibió la luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos para su aplicación, pero por la noche fue bloqueada por el tribunal federal de apelaciones.
Durante la discusión de este miércoles, se puso en duda la funcionalidad de esta ley cuestionando cómo podría interactuar de forma paralela con las tareas de aplicación de la ley migratoria y el procesamiento de deportaciones que siempre han sido responsabilidad del gobierno federal.
“Nadie sabe los detalles de cómo entrará en efecto esta ley y quién será afectado por ella”, dijo Jennifer Babaie, directora de incidencias y servicios legales del Centro Las Américas.
“El costo humano de esta ley será demasiado alto. Una sola persona que sea arrestada bajo esta ley es demasiado y fue lo que se dejó en claro esta mañana (del miércoles)”.
El desafío de cumplir la SB4 en El Paso
Si la ley llega a entrar en vigor, su aplicación no sería una prioridad para la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, dijo el oficial en mando Ryan Urrutia.
“Esta ley puede afectar a esta comunidad”, dijo Urrutia en conferencia de prensa este miércoles. “Podría afectar la confianza entre la comunidad y las autoridades de seguridad pública”.
La autoridad del condado paseño detalló que aplicar la ley que criminaliza a personas sospechosas de haber cruzado la frontera de forma irregular podría poner gran presión en los recursos limitados con los que cuentan las autoridades locales de El Paso.
Además, consideran que hay autoridades federales como la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en quien ya recae esta responsabilidad.
“Poner a las autoridades de seguridad locales en este asunto es problemático. Estamos viendo a las agencias federales estiradas hasta sus límites y ellos tienen muchos mejores recursos y capacidad humana que nosotros”, dijo Urrutia, detallando que la oficina del condado cuenta con 270 oficiales.
“Este asunto puede exhaustar nuestros recursos para nuestra comunidad, causar tiempos de respuesta más largos y faltar en el patrullaje de algunas áreas de interés”, afirmó.
El oficial también agregó que consideran la presión que podría causar en las cárceles y centros de detención locales.
Mientras las autoridades estadounidenses siguen su debate por la aplicación o rechazo de la nueva ley, los migrantes comienzan otra vez a concentrarse en comunidades fronterizas como Ciudad Juárez donde llegan con la intención de cruzar a Estados Unidos por Texas.
Las personas se concentran del lado estadounidense, apenas cruzando el río Bravo. No pueden avanzar más debido al alambrado de púas colocado por la Guardia Nacional de Texas desde poco más de un año.
En su desesperación por internarse a Estados Unidos, este miércoles algunos de los extranjeros intentaron derribar parte del alambrado para llegar hasta el muro metálico, donde en fechas anteriores otros migrantes han sido recibidos por la Patrulla Fronteriza.
Los migrantes, en su mayoría hombres, colocaron ropa y cobijas en la parte superior de la malla ciclónica, donde está el alambre de púas, y entre todos comenzaron a jalar para derrumbar ese tramo de la malla. También usaron una soga para tirar de la valla.
Una de las personas logró escalar y subió a la parte más alta luego se columpió y con su peso y la ayuda de los otros individuos que también estaban jalando, lograron tirar parte de esa malla ciclónica.
Al ver esto, los elementos de la Guardia Nacional de Texas, apostados desde diciembre del 2022 en el bordo fronterizo, pidieron ayuda a través de sus radios y al sitio llegaron otros oficiales, quienes bajaron de las trocas unos metros de malla, pero sin púas, y los pusieron frente a los migrantes para impedir su paso.
Este tramo también fue derrumbado por los migrantes, pero de inmediato, antes de que el grupo pudiera pasar, los elementos de la Guardia Nacional pusieron otra valla.
En otro punto, algunos hombres sacaron un astil de madera y con este empezaron a pegarle al alambrado. Sin lograr tirar la malla ciclónica menos el alambrado de púas.
Mientras esto sucedía, metros adelante, mujeres y hombres migrantes atravesaron la malla ciclónica a través de un agujero y corrieron con dirección al muro metálico, algunos sí alcanzaron a llegar, pero minutos más tarde fueron regresados a suelo mexicano por elementos de la Patrulla Fronteriza.
Cuando los migrantes estaban tirando un tramo del cercado y los elementos de la Guardia Nacional ponían otro, el personal de la Patrulla Fronteriza abrió la reja metálica que forma parte del muro y permanecieron como espectadores.
Al momento que los extranjeros trataban de echar abajo un tramo del alambrado, también gritaban “tenemos hambre”.
La intención de tirar la cerca de alambre, disminuyó cuando observaron que las personas que sí habían logrado llegar hasta el muro metálico estaban siendo regresadas.
“Yo tengo un mes y medio de andar viajando, he dormido varias veces en el monte, he comido mal, hasta estoy deshidratado; hemos tenido la necesidad de estar trabajando para poder seguir avanzando porque realmente soy de escasos recursos y no tengo quien me apoye de aquél lado, ni del país donde vengo”, dijo Alfredo Maquín, originario de Guatemala.
“Si uno quiere pasarse empuja la malla, pero en realidad de las cosas es parte de nosotros que queremos pasar. Si hubiera una puerta pues no empujaríamos la malla, pero ellos reaccionan violentamente… no nos empujan porque no nos pueden tocar de este lado (del lado mexicano) porque hay púas, pero si nos tratan fuerte”, expresó Gustavo Bunera, también de Guatemala.
Algunos de los migrantes señalaron ser originarios de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y México e indicaron haber llegado al sitio desde el pasado fin de semana.
Ante ese panorama, organizaciones defensoras de migrantes en la frontera norte de México se mantienen a la expectativa pues consideran que la aplicación de la Ley SB 4 podría implicar un mayor flujo de personas retornadas desde Estados Unidos con opciones limitadas en su situación legal.
“Cuando las personas tienen una orden de deportación previa, es más difícil que ellos puedan acceder a la protección específicamente de asilo”, dijo Víctor Flores, coordinador de casos en la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), y colaborador en el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP por sus siglas en inglés).
El coordinador de DHIA recuerda que cuando se implementó la política migratoria del Protocolo de Protección a Migrantes, conocida como ‘Quédate en México’, se giraron muchas órdenes de deportación y en consecuencia muchos quedaron “atascados en la frontera”.
No solo pone una presión sobre la red de albergues en Ciudad Juárez, pero para Flores el aumento de crímenes contra las personas en movilidad, como es el secuestro y el fraude, es un aspecto que preocupa a las organizaciones de la frontera.
“Es algo muy común el tema de fraude y también está la desesperación de las personas que están dispuestas a pagar a traficantes de personas para poder llegar al país vecino”, dijo Flores.
“La incertidumbre de no saber qué va a pasar en un futuro y la desinformación es algo que ha sido una constante en este trabajo que causa que personas en redes sociales o incluso de voz a voz den información incorrecta”.
Otro efecto que estas leyes pueden tener en las comunidades fronterizas es la normalización de narrativas que criminalizan la movilidad humana.
“El efecto es de xenofobia y lo contrario a inclusión. La estigmatización de las personas”, dijo Flores. “Creo que todas estas narrativas si abonan a que las personas puedan tener discursos, xenofóbicos y racistas de manera más abierta”.
