En la semana fuimos testigos de dos procedimientos ante tribunales que encajan en esa decadencia que amenaza con aniquilar la justicia cuando se trata de la intervención de actores con poder… uno promovido por el exgobernador César Duarte y otro, por la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Chihuahua, Adriana Terrazas
Por Jaime García Chávez
Fue en el PRD donde escuché por primera vez la alteración de la vieja frase “calumnia, que algo quedará”, que con el tiempo y los usos y abusos de la partidocracia se tornó en “litiga, que algo quedará”.
Esto último tiene que ver con la perversión de un derecho básico al debido proceso, que debe estar abierto para accionar que la justicia dirima y resuelva de manera firme los conflictos entre los particulares. Esas vías son irrenunciables y hay toda una historia reciente de cómo es más fácil obtener en un tribunal favores que de ninguna manera están legitimados en premisas, hechos, que dan sustento a agravios y daños.
En la semana que concluye fuimos testigos de dos procedimientos ante tribunales que encajan con toda precisión en esa decadencia que amenaza con aniquilar la justicia cuando se trata de la intervención de actores con poder, lo mismo sea pequeño, mediano que grande.
A estos políticos los vimos en medios y dando noticias de la situación actual de sus propias causas. En primer lugar a César Duarte, y en segundo a la diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Terrazas. Examinémoslos en ese orden.
Carlos Mendoza, uno de los defensores del exgobernador preso en Aquiles Serdán, al parecer se ha convertido en candidato a algún extraño premio por descubrir el hilo negro y el agua hervida. Él dice que si no existiera el factor político, la suerte de Duarte sería otra.
Pero, pues ese es precisamente el quid de la cuestión: Duarte es un político preso por haber incurrido en actos de corrupción política descomunales, por los que va quedando impune a través del litigio, ya que es un sinsentido que podamos creer que sólo por el peculado agravado debiera estar respondiendo penalmente.
Su daño al estado de Chihuahua y a su gente fue exponencialmente mayor desde el punto de vista del quebranto a las finanzas públicas y su manejo discrecional para pretender crear un banco bajo su control. En esa línea podrían agregarse muchísimos asuntos más que caen en el lado negro de los negocios de Estado.
Pero el defensor litigante nos viene con el cuento de que si no hubiera factor político, otro sería el destino del exgobernador, quien dijo que al final de su mandato se iría a vivir a Parral y hacer vida pública como cualquier parroquiano.
En la misma línea se inscribe el argumento de Carlos Mendoza cuando aborda el tema del estado de salud del exgobernador. En lo particular no puedo opinar en concreto sobre la gravedad de sus afectaciones o patologías que pueda padecer. En cambio sé, por una presunción obvia, que no la ha de pasar mal en el penal, donde hay servicios médicos y que cada vez que lo ha requerido ha sido trasladado a hospitales de mediana y alta calidad. Sorprende esta falacia de un penal que él mismo catalogó en su momento como el Palacio de Buckingham.
Ahora que, si mi ojo no me engaña, se ve más rozagante que cuando lo extraditaron. Pero ya sabemos que la vista se distorsiona y no es, como sentido, la única fuente de conocimiento, que además en este caso requiere de la pericia de las disciplinas médicas.
Dejemos eso de lado y supongamos que su salud esté quebrantada y es precaria, pero cabe la pregunta de cuántos de los presos en Aquiles Serdán estarán en condiciones de salud similares o peores, y para ellos no hay expediente político que valga.
No nos cansaremos de decir que la defensa de Duarte está recurriendo a una idea de privilegio, muy grata para él, pero una desgracia para los demás, que no pueden presumir de las buenas relaciones, por ejemplo, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la gobernadora del estado y su fiscal general.
Dirán que son cosas de las relaciones públicas, pero pueden cantar misa porque no les asiste argumento válido, y no lo es el de su sofista defensor. Litiga, que algo quedará.
Igual sucede, desde luego en circunstancias diferentes, con la diputada Adriana Terrazas. Empezaré por una pregunta: ¿qué cara tiene una diputada que traiciona a su partido, que tenía derecho a la presidencia del Congreso y que se presta a que la nombre la gobernadora en favor del PAN, acudiendo también a otro vil sofisma que no se sostiene de ninguna manera?
Para mí que ninguna, salvo la cara del cinismo de acudir a los tribunales a reclamar violencia de género que la ha dejando fuera de MORENA, por lo que se refiere a su grupo parlamentario, y a las jugosas candidaturas que estuvieron en disputa.
¿Tiene la diputada derecho a reclamar en tribunales? Sí. Lo que no tiene es ni ética ni congruencia, y se debiera hacer cargo de que eso tiene importancia en la política y exigencia en la sociedad. Pero ella sabe que accionar así la mantiene en el pandero y le aporta ventajas a futuro. Litiga, que algo quedará.
Se les podría recomendar, tanto a Duarte como a Terrazas, para ahorrarle esfuerzos a los ciudadanos en la observación de este fenómeno, que al menos realizaran sus manifestaciones públicas de manera conjunta, pagando los gastos de traslado, mantas y demás viáticos. Al fin y al cabo que salieron del mismo cortijo.
***
Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
