He sido testiga de cómo a la autoridad y a la sociedad civil de pronto se les “ocurre” innovar…escuchan corazonadas, ceden a caprichos y entonces ignoran los planes de desarrollo y hacen cambios súbitos de estrategias… descuidando así proyectos valiosos que ya se encontraban en marcha y, con ello, se truncan las posibilidades sostenidas de progreso y transformación
Por Diana Chavarri
En asuntos de interés público, la innovación es imprescindible para lograr transformaciones sociales y mejores relaciones entre gobierno y sociedad civil. Nuestros gobiernos innovan de forma constante. ¿Reditúa?
Pensemos en innovaciones locales como la promulgación de leyes para ejercer la participación ciudadana, los fideicomisos sociales público-privados, el fondo municipal de apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil en Ciudad Juárez, la comisión especial contra el abuso sexual infantil del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) del municipio de Juárez, los, recientemente puestos en operación, tribunales especializados del Estado de Chihuahua en narcomenudeo y en género (en este último concurren materia familiar y penal).
Innovadoras han sido también iniciativas como la Fiscalía Digital del Estado de Chihuahua, donde se pueden hacer denuncias y querellas, descargar constancias de antecedentes penales, entre otros trámites, las campañas contra el acoso callejero y contra la violencia sexual infantil, la evaluación del desempeño municipal en materia de prevención, entre otras.
Participé en muchas de esas innovaciones en mis roles de liderazgo en la sociedad civil y advertí, en general, un común denominador: en nuestra entidad, existen capacidades pobremente desarrolladas de los sectores para entender contextos, problemáticas, influencias, riesgos, actores clave; así como para diseñar y planear acciones, estrategias y políticas públicas. También para operacionalizarlas, gestionar recursos, incluyendo en esta categoría la voluntad y el compromiso y finalmente monitorear, ajustar, evaluar y aprender.
Ojalá que estas habilidades para la gobernanza estuvieran desarrolladas con virtuosidad y a la altura de los desafíos de nuestro contexto. Pero no es así. De lo contrario, los frutos serían visibles: no habría tanta población con sus derechos en estado precarizado, ni tanto crimen de lesa humanidad que La Verdad ha venido informando.
En temas de interés público participa también la sociedad civil que se organiza para ejercer un amplio abanico de roles: vigilancia a las acciones de gobierno, provisión de servicios directos y defensa de personas con derechos vulnerados, entrega de servicios de fortalecimiento a los gobiernos, co-financiamiento de proyectos, promoción de la democracia, etcétera.
He sido testiga del potencial del impacto colectivo que sucede cuando concurren las voluntades y los activos de gobierno y sociedad. Y he sido testiga también de cómo a la autoridad y a la sociedad civil de pronto se les “ocurre” innovar. Y se sienten creativos, escuchan corazonadas, ceden a caprichos, escuchan modas y entonces ignoran los planes de desarrollo y hacen cambios súbitos de estrategias, mandan programas a la congeladora, movilizan maquinarias institucionales, crean mesas, comisiones, consejos y comités, destinan capital social, recursos humanos y financieros a las nuevas ideas, descuidando así, proyectos valiosos que ya se encontraban en marcha y, con ello, se truncan las posibilidades sostenidas de progreso y transformación.
¡Por favor, paren de “innovar”!
Así, vi nacer y morir fugazmente valiosas estrategias contra las adicciones, programas contra la violencia de género e infantil, procesos de evaluación y fortalecimiento de capacidades municipales para la prevención, mejora de centros penitenciarios, fortalecimiento de los órganos de control interno, gabinetes para la prevención del delito, procesos de reforma policial, acuerdos interinstitucionales para mejorar la impartición de justicia, entre una larga lista. Nacieron y murieron en la misma administración de gobierno y también nacieron y murieron entre una administración y otra.
La Ley de Planeación del Estado de Chihuahua establece que el Plan Estatal de Desarrollo deberá contener previsiones de largo plazo que trasciendan las metas sexenales, la inclusión y alineación con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que no son pocos.
Es cierto que las transformaciones sociales requieren décadas para generar resultados. Proveo un dato en materia de seguridad que da cuenta de ello: será hasta el año 2100 que en el mundo se pueda observar una disminución en la tasa de homicidios (UNODC, 2023). Por eso justamente creo que se debe ser sumamente responsable en las capacidades y decisiones que afecten lo público.
Y así, me pregunto ¿Qué mecanismos se deben poner en marcha para que las buenas estrategias de gobierno realmente se sostengan y trasciendan los periodos de gobierno? ¿Cómo pretendemos resultados sostenidos con las capacidades institucionales actuales? ¿Cómo evitar reinventarse caóticamente en cada gobierno? La respuesta automática para muchos es la participación ciudadana. La Ley de Planeación apenas la contempla.
La cooperación internacional le apuesta a la sociedad civil organizada como vigilante, garante y gestora de la continuidad de buenas prácticas. Suscribo y soy una convencida del valor de la sociedad civil. Pero, ¿qué pasa cuando también ésta se sujeta a caprichos, agendas, modas, ocurrencias, incentivos perversos y presión? ¿Qué pasa cuando su capacidad de incidir en las decisiones se desdibuja entre fotos, aplausos y promesas incumplidas de participación? ¿Cuáles son las consecuencias de contar con un pobre conocimiento técnico-político y poca especialización en su materia? ¿Qué pasa cuando no sabe que no sabe? Con frecuencia se simula y, eso, corrompe.
Por ello, creo que es necesario que los actores sociales paren de innovar a capricho y tomen la decisión de desarrollar, hasta que se convierta en virtud, la capacidad técnica y la sabiduría política para “biengobernar” y así apropiarnos del dicho de la escritora y filántropa Rohini Nilekani: “no podemos ser meros consumidores del buen gobierno, por el contrario, debemos ser participantes, ser co-creadores”.
Estoy convencida de que eso es posible. Solo hay que asumir los costos y estar dispuestos a superar los incentivos perversos. ¿Será?
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Diana E. Chávarri Cazaurang. Profesional que se ha desempeñado durante trece años como fundadora, consejera, directora y voluntaria de diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas especializadas en seguridad, justicia, empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo, salud, desarrollo local, filantropía estratégica y fortalecimiento del tercer sector.
