La valoración de las mujeres en política, y más aún cuando se convierten en candidatas, todavía se basa en la definición sobre roles y estereotipos de género y en lo que tradicionalmente se les asigna para definirlas como “buenas mujeres”
Por Mariela Castro Flores
@marielousalomé
Avanzada la rueda de la historia, llegamos al momento en el que las dos más fuertes figuras en la contienda electoral federal en el país son mujeres y se estima que la mitad de las candidaturas sean de asignación femenina por efecto de acciones afirmativas orientadas a garantizar la paridad electoral y, a pesar que los partidos políticos siguen oponiendo resistencia al interior por la naturaleza de sus procesos internos y habituales vicios, como asignarlas en distritos perdedores o negar financiamiento a sus campañas a pesar de tener presupuestos etiquetados con tal fin, la paridad avanza y los mecanismos para garantizarla, también.
Sin embargo, es la misma historia la que nos ha brindado claros ejemplos de cómo las resistencias se socializan y en ocasiones hasta de modo violento, cuando de reconocer derechos se trata. El incremento de agresiones, la irrupción de nuevas formas de violencias y el recrudecimiento de las ya existentes se hacen presentes como una forma de aferrarse a los viejos regímenes y a la perpetuación del status quo. La arena política no es la excepción y a pesar de contar ya con un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género con su debido reglamento, no termina de quedar claro la forma de operativizarlo.
Al margen de ello, la campaña electoral no pareciera estarse desarrollando acorde a la altura del muy emblemático momento histórico que estamos viviendo puesto que, hay violencias de carácter simbólico que están siendo decisivas en la jornada como valorar a las candidatas desde su carácter de desempeño personal alejándose de méritos académicos o políticos, primordialmente. Ya de forma previa la acudida estrategia de hacer comparaciones entre mujeres era una constante, hoy retoma nueva fuerza para restarles y demeritar sus figuras y lo que representan.
Y como en pleito de juzgado familiar, se han tomado a los hijos como objeto de batalla. Un par de escándalos ocuparon las redes sociales: Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez fue grabado agrediendo a un guardia de un centro nocturno en estado de ebriedad y por otro lado, Jesús Ernesto, el hijo del actual presidente también fue captado visiblemente alcoholizado usando un lenguaje abiertamente soez para referirse a jóvenes mujeres. De lo mucho que se pudiera decir, el primer agravio es considerar a la candidata oficial un apéndice del actual mandatario como si no tuviera perfil suficiente para encabezar la contienda y peor aún, que sin tener responsabilidad de por sí en cualquier hecho relativo al presidente, los actos del mismo y su familia, la afectan negativamente de manera directa.
A lo anterior se le suma un asunto más: considerar que los asuntos familiares son meritorios de considerar para definir idoneidad en las candidatas. Sin dejar de lado que hablar de meritocracia ya de por sí es cuestionable, no se puede obviar la comparación permanente entre familias, las filtraciones, el amarillismo, los abordajes machistas al referirse a las mismas. Se suele comparar la formación académica de Claudia contra la falta de un título universitario de Xóchitl y lo mucho que ha mentido al respecto; los recientes escándalos han hecho señalar que Mariana, la hija de la candidata oficial, es una mujer con una relevante trayectoria académica y de bajo perfil, todo un contrasentido el hijo de la candidata de oposición, del que se destaca no tener méritos propios más allá de trabajar para su madre.
Y es el punto al que me deseo referir. Si bien es cierto que la vida personal de toda persona que contiende por un cargo público se coloca bajo un férreo escrutinio y que las comparaciones son recurrentes en una suerte de quién es mayor y mejor merecedor/a; en los varones no se suele cuestionar –estando en campaña– quiénes son y qué tan buenos son sus hijos o hijas. Para ellos, las postales de la vida familiar tan recurridas en campaña son solo para dar una imagen de confiabilidad más allá de cuestionarles el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, como si sucede con las mujeres.
¿Es responsabilidad de las mujeres que son candidatas o figuras públicas el comportamiento y los actos de sus hijos e hijas? ¿Qué entendemos como meritorio para las mujeres respecto a sus familias cuando aspiran a ocupar un espacio de representación popular? La meritocracia atravesada por una cuestión de género si genera una brecha y nos hace considerar que para señalar acciones personales no podemos dejar de lado los contextos y la forma en que impactan a las personas. Las mujeres contienden con desventaja y afrontando una serie de violencias y si se le suma que –al menos socialmente–tienen que responder por actos de miembros de sus familias, la desventaja se acrecienta.
Para este punto, es preciso aclarar que la contienda es un momento político clave para la prevención de las violencias y su visibilización; sin embargo, cuestión aparte es cuando cualquiera gana la elección y asume representación popular, puesto que sus actos y decisiones en gran medida, pasan a convertirse en cosa pública y es cuando la familia si puede llegar a convertirse en incómoda, sobre todo si se le beneficia con tráfico de influencias o sustrayéndoles de la acción de la justicia cuando cometen ilícitos.
La conclusión es que la valoración de las mujeres en política y más aún, cuando se convierten en candidatas, todavía se basa en la definición sobre roles y estereotipos de género y lo que tradicionalmente a las mujeres se les asigna para definirlas como “buenas mujeres” y, por ende, considerarles como merecedoras de gobernar.
Ese anacrónico pensamiento llevado a la acción, justo en este preciso momento, cuando por primera vez en la historia tendremos una presidenta mujer.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
