‘Planchan’ PRI y PAN reforma judicial en Chihuahua, jueces van en contra
miércoles, abril 10, 2024
Esta es la segunda reforma judicial en Chihuahua en menos de un año y, tal como la anterior, ha sido señalada de favorecer a un grupo de magistrados y no a la mejor composición del Judicial de Chihuahua; además, no se sometió a consulta con jueces, abogados ni asociaciones de víctimas
Por Itzel Ramírez / La Verdad Juárez
El Congreso de Chihuahua se prepara para aprobar una nueva reforma judicial que modifica la forma de elección de titulares de magistraturas, el control del presupuesto del Poder Judicial y el tiempo de que, una vez terminado su encargo, magistradas y magistrados no pueden dedicarse al litigio.
Esta es la segunda reforma en menos de un año y, tal como la anterior, ha sido señalada de favorecer a un grupo de magistrados y no a la mejor composición del Judicial de Chihuahua.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tuvo listo el dictamen desde la semana pasada, sin embargo, el grupo parlamentario del PRI, así como la presidenta del Congreso, la morenista Adriana Terrazas, advirtieron que tal como estaba el dictamen, no acompañarían su aprobación.
Al tratarse de una reforma constitucional, para su aprobación se requieren como mínimo 22 votos a favor, un número que requiere forzosamente a la totalidad de los legisladores panistas, priistas, al representante de Movimiento Ciudadano y al menos un voto de Morena.
Antes de arriesgar la negativa, la mayoría panista decidió iniciar las negociaciones con estos diputados para asegurar sus votos en el pleno.
Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los legisladores de Morena, descalificó la manera en la que el PRI y el PAN aseguraron los votos.
“Nos dicen que el dictamen está en discusión y eso no es cierto, la verdad es que está en repartición, lo que están haciendo es eso, repartiéndose en la negociación no sabemos qué cosas para aprobar este dictamen”, acusó.
Además, recalcó Estrada, la reforma tiene un vicio de origen, pues durante su discusión no se permitió que jueces, colegios de abogados ni asociaciones de víctimas fueran consultados para conocer su opinión sobre cambios de trascendencia en la conformación de las magistraturas y del Consejo de la Judicatura.
“Sabemos que hay jueces y juezas que no están de acuerdo con la propia iniciativa del Poder Judicial, pero no se les quiso escuchar y eso me parece absurdo, ¿a poco las organizaciones que protegen derechos de víctimas no tienen nada qué aportar, si son las que se enfrentan todos los días a los obstáculos para obtener justicia, a poco los colegios de abogados no tienen nada qué decir?”, dijo el legislador.
El diputado priista Omar Bazán, presidente de la comisión dictaminadora, confirmó la semana pasada que el asunto no se presentaría a votación al pleno hasta asegurar los votos necesarios para su aprobación.
Formalmente, Bazán recibió dos solicitudes para realizar mesas técnicas y formato de parlamento abierto para la discusión de esta iniciativa, sin embargo esas posibilidades fueron rechazadas.
Dejan a juezas, jueces, magistrados y magistradas fuera de consulta
“Esta es una reforma solamente de la magistrada presidenta porque nunca se consultó ni se socializó con jueces, juezas, magistrados y magistradas”, mencionó una fuente del Poder Judicial.
Estrada confirmó que hay al menos dos juezas y un juez que ya presentaron amparos con respecto a la iniciativa, especialmente porque no fueron escuchados en la elaboración del dictamen.
Además, actualmente hay más de un proceso de amparo y de inconstitucionalidad –pendiente de resolución– contra la reforma anterior y la convocatoria para la selección de magistraturas.
La reforma, que será votada este miércoles 10 de abril, fue planteada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, quien el 22 de marzo del 2023 envió una iniciativa para reformar al Judicial local.
El texto menciona que este nuevo cambio constitucional busca complementar la reforma de mayo de 2022, que eliminó el concurso de oposición como método para designación de magistrados.
Buscan nueva elección de magistraturas
Entre los cambios planteados en esta nueva reforma está la de la composición de la Comisión Especial encargada del proceso de designación de magistraturas, que pasa de tres a cinco integrantes: tres del Poder Judicial (dos magistrados y quien presida el Consejo de la Judicatura), uno del Poder Legislativo y uno del Poder Ejecutivo.
Igualmente, la propuesta busca quitar las prerrogativas del Consejo de la Judicatura en lo que respecta a la determinación de creación y eliminación de salas y del presupuesto de egresos, cambiar la residencia de las salas y juzgados de primera instancia y menores, para que esas funciones sean asumidas por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
También establece que la prohibición de que las personas titulares de las magistraturas y de las consejerías de la Judicatura no actúen como litigantes se acote a un periodo de dos años tras la conclusión de su encargo, independientemente de cuánto dure su haber de retiro.
Igualmente se plantea que será el Consejo de la Judicatura el que califique el concurso de méritos para ocupar las magistraturas vacantes o creadas y que será ese jurado el que evalúe (aunque no se especifica el método) los perfiles que posteriormente se enviarán a la Comisión Especial que seleccionará a quienes ocupen las plazas correspondientes.
Dicha Comisión Especial cambiará su conformación para pasar de tres a cinco integrantes, con tres del Poder Judicial (incluida su presidenta), una persona del Ejecutivo y una del Legislativo.
Será la comisión la encargada de enviar al Congreso la terna de aspirantes, que se formará por quienes hubieran obtenido las calificaciones más altas.
La reforma mantiene el esquema de que para una vacante se propongan a personas integrantes del Poder Judicial y, en la siguiente sean únicamente personas externas, conocidas como “oxigenadores”.
Se prevé que cuando el Pleno del Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, la Comisión Especial presentará una nueva, conformada por personas distintas. Si en la integración de esa nueva terna no se alcanza la votación requerida para nombrar a quien debiera ocupar la Magistratura, se hará una nueva votación y será designada la persona que haya obtenido mayor número de votos. En caso de que el Congreso no resolviera en el plazo establecido, se tendrá por nombrada y ocupará el cargo quien hubiese obtenido los mejores resultados en el concurso de méritos”, abundó el dictamen.
Una vez votado, el dictamen deberá someterse a la aprobación de la mayoría de los municipios que conforman la entidad para que pueda ser válida la reforma constitucional.
