Para mantenerse en pie, la agricultura industrial depende de que el Estado la acompañe y mantenga un entorno económico que no tiene nada de natural y que en términos reales la protege de otras alternativas. Si se quiere acabar con el glifosato y los pesticidas, se debe defender la agricultura campesina y salvar el medio ambiente y la vida comunitaria
Por Eugenio Fernández Vázquez
X: @eugeniofv
El gobierno de México suspendió el decreto por el que se prohibía el glifosato en el territorio nacional, arguyendo que no se encontró un sustituto apropiado para esa sustancia. Ha habido muchas voces que con razón lamentan la decisión, pero ésta en realidad tendrá pocas consecuencias. Ni los dos decretos de este sexenio en la materia —el de 2023 y el de 2020— habían tenido efectos importantes, ni iban al corazón del problema, porque los herbicidas y pesticidas son el síntoma, pero la enfermedad es la agricultura industrial y no se cura con decretos: se cura con políticas públicas de largo aliento y gran calado que han brillado por su ausencia en estos años.
La agricultura industrial es la producción de vegetales (no solamente para la alimentación, sino también para la producción de forraje, fibras textiles, biocombustibles, resinas…) en respuesta a las demandas del mercado buscando maximizar las ganancias monetarias lo más rápido posible. Tiene como característica fundamental estar anclada en grandes extensiones de terreno donde se busca ejercer el máximo control sobre los elementos naturales —y, por tanto, apoyándose mucho más en la tecnología que en las personas—, y homogeneizando lo más posible todo lo que hay alrededor de ella, desde las especies y variedades que se ofrecen hasta lo que los consumidores demandan. Por eso los monocultivos son parte esencial de ella y quienes la ejercen son más banqueros que campesinos.
Uno de los problemas inmediatos que derivan de ella, como han documentado miles de estudiosos del tema, desde Vandana Shiva hasta Víctor Toledo, es que al entender la agricultura como una actividad meramente económica ahoga todos los demás roles que ésta juega en las sociedades, muy notablemente los lazos sociales y los elementos culturales. Otro más es que el control sobre los elementos naturales, la homogeneización de especies y variedades y la explotación de los recursos para obtener ganancias lo más rápido posible la hace ambientalmente muy destructiva.
Para ahorrar trabajo y algo de dinero —su rentabilidad real en comparación con alternativas menos terribles está todavía en duda—, pero sobre todo para mantener ese control tan terriblemente estricto sobre el entorno, los agroindustriales dependen del uso de pesticidas y herbicidas cada vez más tóxicos, porque siempre aparece algo que los resiste. Uno de los más usados es el glifosato, contra el que ha peleado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No es, sin embargo, ni el único ni el peor, y los daños a la salud y al medio ambiente no son cosa solamente de su uso, sino del modelo agrícola en sí. Se ha documentado cómo, por ejemplo, el declive de las mariposas monarcas no responde al uso del glifosato en el Midwest estadounidense, sino al auge de la agroindustria en la zona.
Para mantenerse en pie, la agricultura industrial depende de que el Estado la acompañe y mantenga un entorno económico que no tiene nada de natural y que en términos reales la protege —o, más bien, protege a los agroindustriales— de otras alternativas. Si se quiere acabar con el glifosato y los pesticidas, defender la agricultura campesina y salvar el medio ambiente y la vida comunitaria, por no decir la sociedad misma, es ahí donde hay que actuar, no, o no solamente, prohibiendo el glifosato.
Mientras en este país una empresa familiar enfrente la misma carga fiscal que un gigante y tenga que cubrir los mismos costos de transacción; mientras todo siga diseñado para que el mercado esté centralizado en centrales de abasto y no disperso en pequeños establecimientos y bodegas; mientras se le sigan abriendo las puertas de secretarías y cámaras legislativas a los grandes productores y no a los pequeños, los destrozos del glifosato y similares serán la norma.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
