Es hora —ya lo era desde hace mucho— de actuar en la materia. Colombia y Brasil nos marcaron ya el camino. ¿Por qué México no lo sigue?
Por Eugenio Fernández Vázquez
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Los datos dejan poco espacio para hacerse ilusiones sobre México, pero lo que ha ocurrido en Brasil y en Colombia abre margen a la esperanza. El sistema Global Forest Watch de la organización World Resources Institute, que presenta año con año los datos globales de deforestación, acaba de subir la información para el año 2023 y en ella el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sale bien parado. Según los datos recién presentados la deforestación en México aumentó de algo menos de 180 mil hectáreas en 2022 a 226 mil hectáreas perdidas en 2023. En Colombia y Brasil, sin embargo, los gobiernos de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva han mostrado que con firmeza y políticas públicas adecuadas se puede empezar a frenar y hasta revertir esta tragedia: en sus países se han registrado reducciones importantísimas en la pérdida de cobertura forestal.
Lo que ha pasado en México a lo largo del siglo XXI indica que a ninguno de los grupos que han gobernado el país en las últimas dos décadas y media le importa frenar este fenómeno, aunque la situación se ha agravado brutalmente en los últimos dos sexenios. Si ya era grave, a partir de mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto la deforestación inició una tendencia al alza que se mantuvo por seis años, hasta las últimas elecciones intermedias de 2021, y ahí registró un descenso importante. Ahora ha vuelto a subir —aunque ni de lejos a los niveles que tenía entonces— y no hay en el horizonte ningún indicador de que este gobierno ni el que viene vayan a hacer algo para frenarla. Para documentar nuestro pesimismo ahí están los recortes a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el muy preocupante compromiso de Claudia Sheinbaum de convertir Campeche en un estado lechero si llega a la presidencia de la República.
Las entidades en las que se concentra la deforestación son, además, las que tienen los ecosistemas más ricos —las selvas tropicales— y en los que tienen lugar los megaproyectos de este sexenio: más de la mitad de las hectáreas de bosques y selvas perdidas están en la península de Yucatán y en Chiapas, como ha sido desde hace un cuarto de siglo. Lo sorprendente es que no se haya hecho nada para frenar esta tendencia, fuera de decretar áreas naturales protegidas que, de cualquier manera, siguen contando con un presupuesto muy limitado y que no son de ninguna forma el instrumento más importante para frenar este proceso destructivo.
La prueba de que este fenómeno sí se puede combatir y de que el compromiso con el medio ambiente viene sobre todo de las izquierdas está en los gobiernos de Petro y Lula da Silva en Colombia y Brasil. Ahí la deforestación ha disminuido en forma muy importante gracias a políticas públicas bien articuladas, con presupuestos apropiados y el respaldo de los presidentes. La combinación de la vigilancia ambiental, el impulso a la silvicultura comunitaria, la defensa de los pueblos originarios y de mecanismos innovadores para el pago por servicios ambientales son las medidas clave de estos procesos.
Todos perdemos si perdemos bosques y selvas. Perdemos la capacidad de provocar y almacenar lluvia; empeora el cambio climático y nos hacemos más vulnerables ante él; se desperdicia riqueza que de otra forma se podría invertir en mejorar las condiciones de vida locales y en impulsar una relación simbiótica y regenerativa con la naturaleza.
Es hora —ya lo era desde hace mucho— de actuar en la materia. Colombia y Brasil nos marcaron ya el camino. ¿Por qué México no lo sigue?
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
